Un próximo debate en la plenaria de la Cámara pondrá en evidencia un lamentable desfalco patrimonial en Casanare, en donde un macroacueducto rural de la capital se convirtió en un elefante blanco de alarmante proporciones, teniendo como damnificados a 28 veredas de los corregimientos del Morro, Mata de Limón, Alcaraván, La Niata y la Chaparrera. Esto evidencia la ineficiencia y corrupción de anteriores administraciones, y a la vez se convierte en un verdadero reto para el alcalde Luis Eduardo Castro –quien sin ninguna responsabilidad en lo acontecido debe asumir la titánica tarea de encontrar una pronta solución al problema—.
A lo largo de veinte años se han invertido más de treinta mil millones de pesos para abastecer de agua potable a este sector –que incluso esta cifra se puede duplicar con una simple revisión a todos los gastos adicionales que ha demandado esta tarea— para encontrarnos que actualmente no está funcionando un famoso acueducto por gravedad, ni más del noventa por ciento de los pozos profundos, con la agravante de que a estas alturas más de 23.000 personas no cuentan con este esencial servicio.
Una perla de este desfalco es un convenio interadministrativo entre la alcaldía municipal y la empresa de acueducto de Yopal –que se suscribió el 16 de diciembre de 2008, en la administración de Lilian Fernanda Salcedo— en donde se invierten en esa época más de cuatro mil millones de pesos en la construcción de un acueducto interveredal por gravedad, para abastecer de agua potable a las veredas La Niata, Guayaque y Barbasco, que se ha convertido en un inservible y costoso elefante blanco, que solo funciona a medias cuando se inventan “un adicional” para el mantenimiento, hasta tal punto que la comunidad actualmente solo recibe agua con aljibes y carrotanques.
En el mandato del gobernador (e) Helí Cala López se celebra el 17 de noviembre de 2005 un convenio entre la gobernación y la empresa de acueducto de Yopal, en donde se destinan –incluidos dos adicionales— alrededor de 1600 millones de pesos –hagan sumas cuánto era esa cantidad en plata de hoy— para la construcción de pozos profundos en las veredas el Playón, Santa Bárbara, El Recuerdo y Villa del Carmen, con el triste y lamentable resultado que nunca sirvieron para absolutamente nada, a excepción de engrosar los bolsillos de un sinnúmero de políticos corruptos, que como depredadores se aprovecharon de la danza de millones provenientes de las regalías.
Y con el alcalde (e) Jorge García la administración municipal suscribe el 9 de agosto de 2017 un convenio con la empresa departamental Acuatodos, en donde se invierten alrededor de 1056 millones de pesos, que incluye recursos para mantenimiento del fallido acueducto de La Niata, Guayaque y Barbasco; plantas de tratamiento de aguas residuales para los corregimientos El Morro y la Chaparrera; y rehabilitación y operación de acueductos veredales en Tilodirán y la Guafilla, con el mismo y lamentable resultado de no contar con un eficiente servicio de agua ni mucho menos de saneamiento básico.
Y el alcalde Leonardo Puentes suscribe el 31 de octubre de 2018 otro convenio con Acuatodos, para invertir 379 millones de pesos para mantenimiento de pozos profundos en veredas de La Chaparrera y planta de tratamiento de aguas residuales en El Morro, en donde las comunidades aseguran que no tiene ningún sentido invertir sumas tan exiguas para tantas obras –que a la hora de la verdad no sirve para nada— lo que interpretan como un afán de “contratar por contratar”, sin ningún tipo de planificación ni tener claridad a dónde se quiere llegar con la acción gubernamental.
Este lamentable diagnóstico fue expuesto en varias reuniones que sostuve con estas comunidades –incluido Giovanny García y Jaime Castañeda— quien con total desesperanza explican que continúan sin contar con una sola gota de agua, y que diferentes acciones legales –como el derecho de petición, la tutela, la acción popular y las medidas cautelares— no han tenido ningún efecto, como tampoco se ha adelantado un solo debate de control político ni en el Concejo Municipal ni en la Asamblea Departamental, ni mucho menos se ha contado con la intervención de los congresistas de Casanare, a excepción de un sólido y estructural debate que está preparando el actual concejal Alexander Rojas.
A esto les comenté que entre las funciones del Congreso de la República está el ejercicio del control político, y con los diferentes delegados de estas veredas nos dimos a la tarea entonces de elaborar la proposición –incluidos los cuestionarios a funcionarios nacionales y territoriales— para un debate sobre esta problemática en la plenaria de la Cámara, que posteriormente fue expuesta y concertada con el representante de Antioquia Jorge Alberto Gómez, a quien la semana pasada le fue aprobada la mencionada proposición en la plenaria, que cuenta con el respaldo del representante de Bogotá Juan Carlos Lozada, y que además fue suscrita ese día por el representante César Ortiz Zorro.
Es la primera vez que un sector poblacional de Casanare se toma el trabajo de discutir, concertar y redactar una proposición de debate de control político, incluidos los respectivos cuestionarios para el ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la viceministra de Aguas y Saneamiento Básico; el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; la procuradora general; el contralor general; el director nacional del Sistema General de Regalías; Y la superintendente de Servicios Públicos. Así mismo, la invitación al director de Corporinoquia, el gobernador de Casanare y el alcalde de Yopal, quienes deben responder por escrito a su respectivo cuestionario cinco días antes de adelantarse el mencionado debate, en una fecha que la Mesa Directiva de la Cámara tiene pendiente por definir.
Coletilla. Esto podría ser la apertura de una agenda legislativa que se concerte con los diferentes sectores sociales, en donde los legisladores casanareños impulsen una cultura participativa para el trabajo de reformar la constitución y hacer las leyes, adelantar el ejercicio de control político y una gestión conjunta para la consecución de planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta la formulación y discusión del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Un reconocimiento también al líder social de La Chaparrera, Giovanny García, quien con constancia y disciplina trabaja para cumplir con su sueño de un verdadero macro acueducto rural para esta subregión de la capital departamental, quien fue además definitivo para la consolidación del próximo debate de control político en la plenaria de la Cámara.
