En la tierra de cien años de soledad, pobreza, injusticia y silencio rompieron los elaborados muros de contención, y dejaron salir en el trasfondo de las propuestas el dolor, la ira y la impotencia. El realismo mágico traído al mundo por nuestro Premio Nobel de Literatura desde la tierra de Aracataca se ha convertido en el mundo de los absurdos, así lo muestran algunas cosas que solo pasan en Colombia:
- Solo al presidente de este país se le ocurre, en medio de una pandemia mundial, abusar de la paciencia de su pueblo sometiéndolo a un conjunto de reformas —tributaria, laboral, pensional y de salud—, que una tras otra lo llevan por el camino de la miseria. Esto luego de aprobar dos reformas tributarias que otorgaron exenciones tributarias a grandes empresas y sectores financieros por valor de $ 80 billones anuales, cuando expertos en el tema, como Salomón Kalmanovitz, anuncian desde 2019 que si solo tres sectores —banca, petróleo y minería— pagaran menos del 7% de sus utilidades netas, se recaudaría más de cinco veces el monto que el gobierno busca recaudar a través de su reforma.
Además, cuando noticias de la prensa nacional han reportado una larga lista de detrimentos patrimoniales, fraudes, sobrecostos, pérdidas y corrupción. Solo para recordar cinco casos que resonaron entre 2019 y 2020: Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) con un detrimento patrimonial estimado en 3.400 millones de pesos, Colpensiones, con un fraude que rondaría por los 22.000 millones de pesos, el Túnel de la Línea, con retrasos, sobrecostos e, incluso, posibles casos de corrupción por valor de $346.459 millones, Hidroituango con daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto estimados en 4 billones de pesos, Odebrecht, que, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, registró contratos y sobornos por 28 millones de dólares en la construcción de la vía Ruta del Sol II y Reficar sobre el cual la Contraloría General anunció 36 graves hallazgos fiscales en el millonario contrato para la ampliación de la refinería de Cartagena, que suman 8,5 billones de pesos, aproximadamente 2.819 millones de dólares (con TRM $ 3.015).
- Únicamente en Colombia, el presidente elige a sus jueces. Con la expedición del Decreto 333 las tutelas contra el Gobierno en temas sensibles quedaran en el Consejo de Estado, instancia donde hoy fácilmente puede asegurarse su apoyo, como se concluye del pronunciamiento conjunto con las altas cortes —Constitucional, Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Disciplina Judicial y la Vicepresidencia del Consejo Superior de la Judicatura— en apoyo a su llamado de respaldo a la institucionalidad aún a costa de negar el principio de separación de poderes.
- Colombia es el único país del mundo en donde una canciller, Claudia Blum (ya retirada), en pleno Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsabiliza a quienes firmaron el acuerdo de paz, hicieron dejación de armas y están sometidos diariamente al riesgo de ser asesinados, de lo que, cuatro años después, hacen los nuevos grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y la Nueva Marquetalia.
- Solo en el país del realismo mágico, el muerto tiene la culpa de haber sido asesinado porque se le atravesó al disparo de un “experto tirador”, el capitán Cubillos, del Esmad, según lo afirmó un investigador de la Fiscalía General de la Nación, en un informe remitido al juez penal militar que lleva el caso del estudiante Dilan Cruz, de apenas 18 años.
Pero también es hoy el país donde sus fuerzas armadas, con el argumento de ser un arma no letal, usan contra su población civil “lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales”, instalados sobre vehículos blindados del Escuadrón Móvil Antidisturbios, con capacidad de lanzar 30 municiones a una distancia de hasta 150 metros. Cuatro días después de ser advertidos por Human Rights Watch que se trata de armas “de potencia excesiva” utilizadas “de una manera indiscriminada”, responden con nuevos bombardeos como aquel que destrozó la garganta del joven Sebastián Quintero Múnera, estudiante de Ingeniería Informática, durante las protestas del pasado 15 de mayo en Popayán, Cauca. Cada una de estas armas, nunca antes vistas en América Latina, ni en Estados Unidos, le cuesta al país 118,794.11 dólares, según lo declaró el Ministerio de Defensa al Senado de Colombia. Las compramos con nuestros recursos públicos y con ella atacan incluso a los residentes en edificios y conjuntos residenciales cerrados que no participan en las protestas.
- Solo en Colombia se le ocurre a la más alta instancia judicial, la Corte Constitucional, colocar una mordaza a los defensores de derechos humanos, en momentos en que el país vive una masiva violación de derechos humanos, generada por el uso excesivo de la fuerza en manos de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios ante una protesta nacional. A través de la Sentencia T-342/20, la Corte hizo responsable a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de vulnerar el derecho al buen nombre de la Brigada XVII del Ejército cuando denunció públicamente la supuesta connivencia de sus miembros con el paramilitarismo en el año 2018 y pedía que las autoridades los investigaran y sancionaran. Mientras la comunidad ha sido víctima de más de 300 asesinatos en su contra y solo ha recibido justicia en uno de ellos, la Corte le ordena que no vuelva a denunciarlos públicamente a través de sus constancias históricas hasta que no existan sentencias en firme contra uno o varios de los integrantes de un cuerpo armado estatal.
Por ello nos pegunta Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional: “Si las comunidades no pueden denunciar sus sospechas de que hay grupos armados ilegales ingresando a sus territorios y que las ponen en peligro, cómo haría la Defensoría del Pueblo para hacer las alertas tempranas, cómo haría la justicia para investigar las violaciones de derechos humanos”. El cuestionable fallo se expidió a pesar de que algunos magistrados como Jorge Enrique Ibáñez consideraran que "exigir como requisito para denunciar que haya sentencias condenatorias es desproporcionado a la libertad de expresión, excede los estándares jurisprudenciales y es una carga "excesiva e injustificada". En sus palabras, también “es cuestionable que se hayan omitido decisiones judiciales que en el pasado condenaron la complicidad de militares y grupos paramilitares que actuaron en Urabá para violentar a la comunidad de paz”.
- En Colombia, como en pocos países del mundo, en medio de las masivas protestas sociales, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advierte del riesgo de que “el Estado controle y utilice la gestión de recurso públicos como premio o castigo”, luego de que congresistas del Centro Democrático, Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, propusieran “presionar a los medios de comunicación a través de pauta publicitaria para que moderaran su narrativa”. Así la prensa es cometida al chantaje de retirar las pautas publicitarias so pena de publicar noticias, artículos u opiniones que no respalden al gobierno nacional.
- Solo en Colombia, cada nuevo día llega con un delito no tipificado en el Código Penal. Por ello los periodistas hoy no informan, sino que hacen “ciberterrorismo” y los pobladores no protestan, hacen “terrorismo urbano de baja intensidad” y en el mejor de los casos no son ciudadanos colombianos sino “vándalos”. Con tales adjetivos funcionarios del más alto nivel el criminalizan las protestas, amordazan a la prensa y señalan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, como lo hizo el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, en Popayán, el pasado 15 de mayo, con tres líderes de la región: José Daniel Gallego, líder estudiantil, Andrés Maíz Sánchez, comunero indígena Nasa y Andrés Duque, líder social.
- En Colombia, el gobierno nacional fabrica paso a paso una nueva guerra. Desatendiendo todos los llamados de los organismos internacionales de derechos humanos y de varios parlamentos europeos, así como de los recientes llamados de 55 congresistas estadounidenses al Secretario de Estado que afirman que: “Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”. Así mismo, que: “Es necesario poner fin a los numerosos y frecuentes abusos de las últimas dos semanas. De hecho, la brutalidad policial está prolongando las protestas: es una nueva y significativa fuente de indignación que envía a la gente a las calles”. El 17 de mayo el presidente responde llamando al máximo despliegue de la fuerza pública para desbloquear las vías, con el apoyo de alcaldes y gobernadores de todo el país.
- Solo en este país, el presidente insiste en realizar un diálogo sin dialogar y una negociación sin negociar. Después de haber negociado un proceso de paz que es ejemplo para el mundo, ¿por qué es imposible cederle a su propio pueblo el beneficio de un desbloqueo gradual que inicie con la ampliación de los corredores humanitarios? ¿Después de años de negociaciones incumplidas, no es apenas razonable que la gente presione para ver convertida en hecho esa voluntad de paz y ese respeto a la vida y a los derechos humanos que manifiesta tener el gobierno nacional?
- Solo en el país de los absurdos es posible presionar a los futbolistas para que jueguen en medio de los gases lacrimógenos y las protestas en la calle. Mientras el gobierno mantiene en firme la organización de la Copa América, el ministro del Deporte le pide al pueblo colombiano que "Usemos la Copa América como un vínculo de paz, de expresión", porque (…) “más que nunca y como en el 2001, necesita la Copa América". Olvida este ministro, entre otras cosas, que la alegría del futbol no es suficiente para evitar las dolorosas respuestas que nuestros jóvenes pueden dar a la crisis actual, como el suicidio de la joven de Popayán, que se quitó la vida un día después de haber sido víctima de agresiones sexuales por parte del Esmad que la castigo por grabar sus actuaciones durante la protesta.
No nos han aturdido los acontecimientos, no nos ha enceguecido la complejidad de nuestra propia realidad. Nos ha sorprendido eso sí el tamaño de la arbitrariedad y la soberbia del gobierno nacional que a 21 días del paro nos ha costado la vida de 51 jóvenes asesinados, miles de heridos y decenas de mujeres agredidas sexualmente, sin contar los daños materiales de bienes públicos y privados, que bien podrán haberse evitado si hubiere cumplido la agenda diálogo que acordó con el comité del paro en noviembre de 2019.
Sabemos lo que necesita el país en estos momentos, lo mismo que se pide desde hace más de 50 años, ¿pero de verdad hay en el Estado para convertir en realidad algo de ello?
* Investigadora Pensamiento y Acción Social (PAS).
