La humanidad ha tenido que recorrer un duro camino, el cual ha estado plagado de actos intencionados que solo buscaban provocar el terror para desestabilizar las estructuras políticas y sociales de los países, hasta que la comunidad internacional logró el consenso necesario para adoptar los actuales instrumentos jurídicos.
Tras el asesinato de José Antequera hace más de tres décadas, la Unión Patriótica denunció ante el mundo la incapacidad del gobierno colombiano para terminar con la impunidad. Mejor dicho falta de voluntad política. La UP demandaba entonces tomar medidas tendientes a acabar con los grupos paramilitares. También, que el gobierno brindara garantías y protegiera a los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de las fuerzas armadas que deseaban aportar información confidencial sobre ese contubernio, esa connivencia criminal existente dentro y fuera de instalaciones militares y policiales.
La violencia se disimula con violencia y la violencia permite mantener una mentira
Pues bien, esa calma que se respiraba en el ambiente después de las advertencias y amenazas del Patriota uribista antes del 21N, la continua eliminación de líderes sociales y la guerra abierta contra la población civil, obliga a pensar y reafirmar que en este gobierno hay quienes prefieren repetir formas represivas y criminales usadas muy recientemente en este país.
Recuerden que con la disculpa de cuidar el metro de Medellín, el Patriota, a través de los medios de comunicación, dijo que además de vocero del uribismo antioqueño hablaba en nombre de las tenebrosas células de las Recad (Resistencia Civil Antidisturbios).
Con las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, llamadas eufemísticamente falsos positivos; las nuevas y criminales muertes de líderes sociales; las interceptaciones oficiales, conocidas como chuzadas; los micrófonos oficiales de seguimiento a la oposición política, y la zozobra de regresar con Iván Duque a los tiempos de Uribe y Santos queda claro que la clase política —que defiende los intereses de los ricos, de los grandes conglomerados criollos y de los Estados Unidos— vuelve por los fueros de la guerra sucia y la muerte de civiles sin fórmula de juicio.
Las Recad deben ser las mismas Convivir del innombrable Álvaro Uribe Vélez. O quizás deben ser los siniestros Frentes de Seguridad que Antonio Navarro Wolf creó en Pasto y que fueron puestos en marcha en otros municipios del país. Deben ser en últimas los paramilitares conniventes con la fuerza pública, como ha quedado establecido por la justicia que tiene a militares y políticos en la cárcel. Todo pensado para bajarle, como ellos dicen sin sonrojarse, la temperatura a la inconformidad ciudadana y encubrir el desgobierno.
Si no fuera por los videos en los que se ve a los policías llevándose a jóvenes y jovencitas en autos particulares (seguramente para desaparecerlos) y si no fuera por haberse conocido los allanamientos en cuarteles del Ejército, no podría decir que estamos viviendo peores circunstancias que las de la época del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay Ayala o bajo la Seguridad Democrática instaurada por Álvaro Uribe Vélez —con su tenebroso e innumerable catálogo de violaciones de los derechos humanos—.
En fin, El Patriota, miembro reconocido por el uribismo, advirtió que irían con todo contra los manifestantes. Hoy, ad portas de una nueva ola de manifestaciones, el mundo debe saber que la estrategia de muerte y sangre, la política de tierra arrasada, el falso desmonte del paramilitarismo en Colombia, en lo que debió insistir la insurgencia de las Farc en el acuerdo de paz, son una realidad que asusta y que pone en alerta, repito, a los civiles inocentes y víctimas del conflicto cívico militar sobre la dictadura convertida para algunos en dictablanda.
Además, en medio del asesinato selectivo de los exguerrilleros de las Farc (158), creo que ha pasado inadvertido lo dicho por Andrés París en cuanto a que Santos, Juan Manuel, dando gusto a los ricos de Colombia y al gobierno gringo “acabó con las Farc como experiencia militar”, por lo que entonces no habría motivo a protestar por esos asesinatos. “La clase dirigente solo quería el desarme y lo logró, como resultado del alto valor estratégico para ella", agregó.
París dice que Timoleón Jiménez y los llamados “gorditos”de las Farc en el Congreso han dejado abandonada a la militancia para dedicarse a la buena vida y que aspira a que ese núcleo de dirección del que ha llamado partido de la Rosca y no de la Rosa desaparezca porque “la militancia” siempre ha sido superior a sus dirigentes.
El problema, insisto, es que no solo caen los exguerrilleros por balas oficiales y paraoficiales, sino cientos de civiles en una escalada de muerte que busca reinstalar en el poder a la ultraderecha uribista por dos o quién sabe por cuántos periodos más de gobierno, en caso de que se aprobara otro articulito al fatídico articulito ya aprobado.
El país solo espera que con la protesta social en plazas y avenidas se busque el cese a la impunidad, se acabe la guerra sucia, se terminen los señalamientos y esa connivencia macabra entre fuerza pública y mercenarios. Ojo con las células de resistencia antidisturbios (Recad) y sus afines, que no pararán si no ven un pueblo cohesionado y firme.
