Qué bueno que exista una discusión sobre la Ciencia. Qué bueno que podamos hablar de ella, así todavía, para muchos, sea un imaginario.
En efecto, la comunidad científica esperaba que una vez entrara en vigencia la ley 1951 de 2019, que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), esa locomotora de la ciencia, esperada desde hace años, arrancara sin tropiezos y tuviera un punto de partida histórico, del cual el país se sintiera orgulloso. Pero no ha sido así. La designación del cargo ministerial ha recaído en alguien que genera más dudas que certezas. Se esperaba una figura emblemática, a toda prueba. Resultó que quien debe representar al ecosistema científico es la antítesis de la deontología y del rigor científico, todo lo cual deslegitima su cargo.
Nunca se sabrá (porque nadie conoce los datos) cuántos pacientes con cáncer trató la ministra de CTI, en qué condiciones estaban, quién aprobó dichos ensayos clínicos, qué consentimientos informados firmaron los pacientes, y qué evaluación y seguimiento se les hizo. A estas alturas del debate se ha sugerido que los documentos que acompañaron esa investigación sean públicos. También se deberían conocer aquellos que sustentan la eficacia e inocuidad de la crema de borojó para el tratamiento de la dermatitis y otros tantos productos que vende "Selvaceútica", compañía de la cual la ministra es socia.
Pareciera que fueron más de 40 los pacientes tratados con “una bebida líquida funcional con Ganoderma y otros extractos de frutas del pacífico”. Bien se podría desviar la discusión hacia el extracto de esas frutas, y permitir el beneficio de la duda: Si hubo alguna mejoría, así haya sido mínima (se insiste, nadie lo sabe), ¿no habrá sido por esos extractos y no por el Ganoderma que, se sabe, no es eficaz en ninguna condición médica?
No se discute, por lo tanto, el valor del conocimiento ancestral, ni la ineficacia del Ganoderma, o de esas frutas y, menos, el diálogo de saberes. Se critica la violación de la “Política de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica” establecida por Colciencias (hoy MinCiencias) y de la “Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud”, que establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Paradójico e inconcebible que quien las violó sea la primera ministra de CTI del país, que, a su vez, deberá exigirlas. ¡El mundo al revés! Bien cabría preguntarse si en esta discusión hay espacio para considerar, adicionalmente, si se cometió algún delito contra la salud pública, de los contemplados en el código penal colombiano.
El desconcierto es compartido por todas las Asociaciones Científicas, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y las principales academias del país, incluyendo la Academia Nacional de Medicina y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, entre otros tantos actores del ecosistema científico. La repercusión se ha visto reflejada en los principales diarios del país y, a nivel internacional, las agencias de difusión de las más prestigiosas revistas científicas, tales como Nature y Science, han hecho eco de la noticia, como también lo hizo Newsweek. Hay, no obstante, quienes, desviando el fondo de la discusión, defienden las buenas intenciones de la ministra, que no pueden ocultar su falta y que, hasta ahora, solo son eso: buenas intenciones.
Si se viera esta situación y desconcierto como una tragedia, como lo han señalado algunos, esperamos que exista la catarsis propia a toda tragedia y la comunidad científica y el país la aprovechen. Esta catarsis debe permitir una reflexión seria sobre el valor y el papel de la ciencia, el compromiso social de los científicos, las características que debe tener quien represente al ecosistema científico, la importancia de la economía del conocimiento y la apropiación social del mismo, para que nunca se suponga por verdadero lo que es falso.
En resumen, no se cuestiona la importancia del Ministerio de CTI, se reprocha la ausencia del método científico y de ética, la mentira y el usufructo comercial de lo ancestral por parte de quien ocupa el cargo ministerial. Todo lo cual lo deslegitima.
