Jesús María Valle en los primeros meses de 1996 le había advertido al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez que los paramilitares planeaban ataques al corregimiento de La Granja, el municipio donde había crecido y donde actuaban los frentes 5,36 y 18 de la guerrilla de las Farc. Valle tenía información exclusiva de que Carlos Castaño tenía acuerdos con el ejército para entrar al pueblo y atacar sus pobladores. El gobernador no lo escuchó, por el contrario, dio declaraciones radiales para señalar a Valle como un hombre especializado en criticar las Fuerzas Armadas. Seis meses después fueron asesinados en La Granja Graciela Arboleda, Jairo De Jesús Sepúlveda Arias, William De Jesús Villa García y Héctor Hernán Correa. Las amenazas contra Valle se multiplicaban.
El 27 de febrero Luz Marina Monzón había viajado a Washington como parte de la Comisión de Derechos Humanos para advertir los peligros que corrían los líderes en Antioquia. Ese mismo día le avisaron que habían matado a Valle en su oficina de abogado en el centro de Medellín. Era el primero de una serie de asesinatos que cambiarían la historia de Colombia. Después vendrían las muertes de, Eduardo Umaña, el 18 de abril de 1998 y después el del humorista Jaime Garzón, en agosto de 1999.
Después de la muerte del humorista, las llamadas anónimas se sucedían una tras otra y a ellas vinieron una irrupción en su apartamento de una mano misteriosa que se llevó incluso su computador portátil.
Nunca le ha pensado la responsabilidad que le ha dado su trayectoria: 12 años en la Comisión Colombiana de Juristas en donde conoció de cerca el horror en los casos en donde le tocó sumergirse en sus expedientes: la desaparición de 19 comerciantes del Magdalena Medio en 1987 y la Masacre de Pueblo Bello en 1990.
En febrero del 2018 fue nombrada en el Palacio de Nariño como la primera directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una vez ocupó el cargo empezó a planear la estrategia para encontrar a los cerca de 86 mil desaparecidos que hay en Colombia: Llegar al lugar indicado sabiendo a quién están buscando y evitar recuperar cuerpos imposibles de identificar. Depurar toda la información que hay para hacer la investigación y depender de las familias de los desaparecidos.
Solicitó un presupuesto de $104.000 millones para el año 2019. El primer ramalazo fue el del Ministro de Hacienda de Santos, Mauricio Cárdenas, quien recortó $35 mil millones, un presupuesto completamente inmanejable. Durante cinco meses el presidente Santos fue renuente a firmar el desembolso. Otro de sus pedidos, para inversión en 95 mil millones que necesitaban en herramientas, presencia en territorio e infraestructura. Otra vez recortaron el pedido a más de la mitad, $48 mil de manera indicativa, osea que aún está en debate en las comisiones económicas del congreso.
El 25 de julio la Unidad de Búsqueda debería entrar en operaciones pero no tuvo un solo peso. Santos dejó firmados los decretos 1393, 1394, y 1395 cons los cuales se definió la estructura de Planta y nomenclatura para la entrada en funcionamiento de la Unidad, y el pasado 30 de agosto, el Ministerio de Hacienda del actual gobierno firmó la resolución 2687 con la que distribuye el presupuesto de gastos de funcionamiento. La Unidad de Búsqueda tiene 20 años para encontrar 80 mil desaparecidos, un tiempo que será insuficiente. Luz Marina Monzón está dispuesta a dar la pelea, ya se acostumbró a hacerlo, desde que era una niña en la Villavicencio de finales de los años sesenta y que jugaba a hacer litigios con sus otros seis hermanos.
