Lula Da Silva, candidato de la izquierda, ganó la primera vuelta presidencial con el 48% de los votos, mientras que Bolsonaro, populista de extrema derecha, obtuvo el 43%, una victoria con sabor a derrota. En segunda vuelta los pronósticos dan como favorito a Lula, dado el respaldo de Simone Tebet y Ciro Gomez que, aunque minoritarios, le sumarían más de 7 puntos a la ventaja que ya obtuvo.
La campaña se ha polarizado magnificando los errores y desaciertos del opositor en el ejercicio de sus gobiernos.
Por un lado, se le cobra a Bolsonaro su actitud negacionista frente al Covid-19, lo tardío de la vacunación que solo inicio cuando llevaba más 200.000 muertos, segundo país en el mundo con más contagios y muertes después de EE. UU., similar conducta a la Donald Trump, quienes coincidieron en calificarla como simple “gripiña”; una Amazonia más pelada por el incremento de la deforestación en más de 8.000 kms de bosque e insistiendo que no es un patrimonio de la humanidad sino del Brasil. Agréguese, que es un fanático de los regímenes militares, con la flexibilización del manejo de las armas.
“Han crecido exponencialmente las milicias privadas Bolsonaristas, mientras una legislación laxa ha permitido armarse a centenares de miles de ciudadanos” con dominio territorial y con un potencial superior al propio ejército del Brasil. De igual manera, descalifica a la justicia cuando no sirve a sus intereses personales y familiares y no ha vacilado en anticipar el fraude, creando desconfianza en sus propias instituciones si no obtiene la victoria, como ya lo hizo Donald Trump.
De otra parte, se critica a Lula y al Partido de los Trabajadores, por la recesión económica de 2014 a 2016, por los escándalos de corrupción conocidos como el “Lava Jato”, e incluso el haber estado 18 meses en prisión.
El buen resultado de la economía en el periodo reciente ayudó a Bolsonaro, la inflación que alcanzó un máximo del 12%, ha comenzado a bajar, sumado a su estrategia de transferencias y subsidios a la población más vulnerable durante la pandemia.
Sin embargo, la mayoría de votantes recuerdan al Lula del 2003 y 2010, cuando su gobierno aprovechó los buenos precios de las materias primas direccionado a programas sociales, y la enorme inversión en educación que posicionó a las universidades brasileras entre las primeras de la región y en el ranking internacional.
No es casual que en la ciudad industrial en São Bernardo do Campo, cerca de São Paulo donde Lula se forjó como líder sindical, Lourdes Nunes, una conserje, dijo que una victoria del expresidente le permitiría “volver a soñar”, recordando que sus padres, obreros de la Volkswagen, ascienden a la capa media cuando el hoy candidato era dirigente sindical de trabajadores metalúrgicos.
En la segunda vuelta se pone a prueba la fortaleza de las instituciones en el país, en especial si el margen de victoria es muy estrecho y el hoy presidente se niega a aceptar el resultado. Pese a la previsible victoria de Lula, su presidencia estará acompañada de la dificultad de gobernanza que deberá afrontar ante un congreso bolsonarista.
Y es que, a la par de las elecciones presidenciales, los electores fueron a las urnas también para elegir una tercera parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, así como los próximos gobernadores de los 26 estados, el Distrito Federal y los parlamentos regionales, que favorecen a Bolsonaro. Es diciente la victoria de este en el estado de Sao Paulo con 46 millones de habitantes, y que, con excepción del nordeste, de donde es oriundo Lula y del estado de Minas Gerais, los Bolsonaristas triunfaron en el resto del país.
Bajo este panorama, el plan de gobierno de Lula busca el apoyo de la mayoría de la sociedad priorizando a los 33 millones de brasileños que se encuentran en la línea de pobreza, que viven con poco menos de 55 dólares al mes.
Para ello se propone aumentar las transferencias y subsidios de vivienda, lo que él denomina “volver a poner a los pobres en el presupuesto”, propiciando al tiempo el consumo y el crecimiento económico. La visión para garantizar el crecimiento a largo plazo tiene como referente la ley de infraestructura del presidente Joe Biden, donde los bancos públicos utilizan los recursos para financiar proyectos de infraestructura.
La campaña de Lula plantea la intervención del Estado en varios frentes de la economía, como el arbitraje en el tipo de cambio para reducir la volatilidad y la necesidad de regular los precios de la gasolina, teniendo como argumento que si: “El trabajador brasileño gana en reales. Entonces, ¿por qué tienes que dolarizar los precios de la gasolina?” (Entrevista The Economist – 19/09/22). Simultáneamente Lula planea realizar una reforma que aumentaría los impuestos a los ricos para redistribuir los ingresos a las clases más vulnerables y disminuir la brecha social, que se refleja en el país más desigual de la región, seguido de Colombia.
Acorde con la tendencia en Latinoamérica, su plan de gobierno le asigna un papel protagónico al Estado, al señalar “el gobierno tiene que actuar como lo hace cualquier gobierno del mundo cuando el sector privado no puede resolver el problema”.
No obstante, Lula es un pragmático que no quiere ser visto como radical frente a los industriales brasileros a quienes planteo la necesidad de una “reindustrialización”, aumentar las inversiones en tecnología y buscar la transición a las energías limpias para disminuir paulatinamente la dependencia de Brasil de las ventas de materias primas a China.
De ganar Lula su tercer mandato, se enfrentará a un panorama mucho más difícil que cuando asumió el cargo en 2003, existe un elevado déficit fiscal, la deuda pública es del 78% del PIB y el 93% del presupuesto se consume en gastos de salarios y pensiones.
Las condiciones políticas son más difíciles al no contar con mayorías en el Congreso y tener que recurrir a la coalición con sectores de centro-derecha, como ya ha ocurrido en otros gobiernos de izquierda de la región (Casos Chile, Colombia, Perú), con el agravante de unos débiles partidos políticos, que siguen más a un líder que llega con un programa radical, pero “puede tener un rápido desgaste de los gobernantes recién electos. Si no dan respuestas a corto plazo pueden ser castigados” (El Tiempo- 02/10/22).
Sumado a las dificultades políticas de cada uno de los países latinoamericanos, los retos para los recientes gobiernos de izquierda son enfrentar un panorama mundial de recesión económica, acompañada de inflación y la amenaza de guerra nuclear por el conflicto de Ucrania y Rusia. Aunque los altos precios de las materias primas han ayudado a las economías en desarrollo, la inflación generalizada será una de los primeros obstáculos para el crecimiento económico en los próximos años y generar nuevos empleos, como lo advierte el Banco Mundial.
Para Latinoamérica y el Caribe, este organismo proyecta un crecimiento del 2,5% en el 2022, que caerá a 1.9 % en el 2023, consecuencia de la caída de la demanda externa de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la ralentización del crecimiento en China.
Fuente: Banco Mundial, junio 2022
Por encima de la media de la región se encuentran Panamá, Colombia, República Dominicana y Argentina, entre otros. Y con crecimientos inferiores encontramos economías fuertes como México, Chile y Brasil, este último siendo el número 15 del mundo, como se puede observar en el anterior gráfico.
El momento de auge de la izquierda progresista en países como Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Honduras y Brasil tienen un gran reto para la gobernanza y mantener su proyecto en el largo plazo. Pese a que han ganado las elecciones, la mayoría lo han logrado con promesas de cambios estructurales muy amplios y rápidos, con discursos antisistema y anti política, con un debilitamiento en la aceptación popular de los partidos tradicionales, que por el contrario mantienen su participación activa en los legislativos, con los cuales se debe negociar para poder realizar cambios consensuados y de fondo.
El 2021 se puede entender como el inicio de un nuevo ciclo (“marea rosa”), donde los electores mostraron su descontento con el sistema tradicional. No obstante, derivado de las promesas realizadas en campaña, se esperan grandes cambios en el corto plazo corriendo el riesgo de ser juzgados y castigados en la picota publica de sus electores si no se logran resultados concretos.
Así, por ejemplo, Chile celebró un plebiscito con una alta participación ciudadana (86%), eligió como presidente a Boric, representante de la izquierda, (55% del total de votos), pero en poco tiempo el panorama cambio, el voto castigo se pronunció rechazando la nueva constitución con un 62% y una desaprobación frente al presidente del 60%.
El liderazgo político genera desgaste, implica concesiones, entender el contexto de recesión mundial influenciado principalmente por el factor inflacionario, así como del renacimiento de polarización mundial: Por un lado, Estados Unidos y la Unión Europea, por otro China y Rusia, bipolaridad nacida de la guerra en Ucrania, escenario que deben tener presente los mandatarios de la región latinoamericana para plantear una integración que alce la voz frente a los bloques dominantes.
Lula es consciente de la necesidad de llevar a cabo las grandes reformas sociales que necesita Brasil, puede ser el referente para los otros líderes de izquierda de la región que aporta experiencia y pragmatismo.
Gustavo Petro le da fuerza con su discurso sobre el cambio de modelo que no genere dependencia de los combustibles fósiles, entender el cambio climático y una propuesta social más equitativa.
El chileno Boric, más joven pero aventajado líder dispuesto a aprender la lección, bien podrían complementarse al identificar los cambios estructurales que demanda la región en un proyecto de largo plazo buscando consensos, una democracia más incluyente que incorpore a los actores políticos, sociales y culturales de cada país.
En todos los casos se debe entender que los sectores de la izquierda democrática han ganado unas elecciones, pero no ha triunfado una revolución, que implica cambios estructurales y de la cultura política.
*Profesor-Investigador; exrector UNAL
