En un fallo muy esperado, el Tribunal Supremo Federal (STF) decidió el miércoles pasado, con una votación de 6 contra 5, no concederle el beneficio del habeas corpus al expresidente de Brasil y actual candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y ordenó su ingreso inmediato a prisión, en una decisión abiertamente inconstitucional, inmoral y forzada por la presión de los medios y las Fuerzas Armadas.
La orden de detención contra Lula, quien lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre de este año, tiene su origen en una condena emitida por el controvertido juez federal Sergio Moro a mediados de 2017, por los supuestos delitos de lavado de dinero, y de haber aceptado un soborno a cambio de favores.
Sin embargo, la evidencia presentada durante el proceso fue escasa, poco documentada y la investigación criminal estuvo marcada por muy serias irregularidades. El juez Moro es un declarado enemigo político de Lula que frecuenta fiestas de políticos de derecha, y que no ha visto inconveniente en tratar al expresidente de forma discriminatoria. En cualquier Estado de derecho, un juez en esta circunstancia se habría visto obligado a recusarse de inmediato, pero no fue el caso del juez Moro.
Desde el inicio del escándalo, Lula ha mantenido su inocencia, y ha sostenido que se trata de un proceso destinado a evitar que el Partido de los Trabajadores regrese al gobierno, un argumento que soportan los hechos: la creciente popularidad de Lula ha creado un pánico en la derecha brasileña que -debido a su evidente desgaste político y bancarrota moral- no cuenta con ningún candidato viable para disputarle la elección, por lo que apelaron al ajusticiamiento alimentado desde los medios para impedir su regreso al poder.
La semana pasada se sumaron al debate las fuerzas militares. Cuando parecía que el Tribunal Federal estaba en favor de concederle el habeas corpus, los altos mandos militares comenzaron a manifestarse públicamente en favor de la prisión para Lula. En un hecho sin precedentes desde la dictadura militar (1964-1985), el comandante del Ejército, General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, hizo un pronunciamiento inapropiado, si no ilegal, que solo puede ser interpretado como un ruido de sables, un mensaje directo al Tribunal sobre las consecuencias eventuales de dejar a Lula en libertad.
Con Lula deshabilitado para aspirar a la Presidencia,
su mayor contrincante, el ultraderechista y exmilitar Jair Bolsonaro
se convierte en el líder en intención de votos
El expresidente se entregó este fin de semana. Lula, de 72 años, y quien perdió a su esposa de toda la vida hace exactamente un año, no ha dado señales de rendirse. En un discurso histórico, declaró que seguiría luchando y que sus enemigos no vencerán. “Ellos quieren acabar con la política de la inclusión social. Les molesta que los más humildes suban siquiera un peldaño en la escala social, en la escala del bienestar”. Después de pasar la noche de viernes en la sede del sindicato metalúrgico en Sao Paulo donde empezó su carrera política, rodeado por sus seguidores, Lula se entregó a la Policía Federal diciendo que su conciencia estaba tranquila. Las manifestaciones contra su detención se sintieron en todo el país.
Durante su traslado a la prisión en Curitiba, se mostró el nivel de odio que el expresidente despierta entre los miembros de las fuerzas militares y de policía cuando el controlador aéreo le propuso al piloto de la Policía Federal que tirara a “esta basura por la ventana”. El audio se hizo público, y ha despertado mucho temor por la seguridad de Lula en prisión.
Con Lula deshabilitado para aspirar a la Presidencia, su mayor contrincante Jair Bolsonaro se convierte en el líder en intención de votos. Este ultraderechista es un exmilitar, entre cuyas posiciones se encuentran la apología a la dictadura militar y la justificación de la tortura. Y es aquí donde todos nos preguntamos: ¿dónde está la OEA?
