La sanción que le había impuesto la Agencia Nacional de infraestructura en el gobierno Santos a Corficolombiana y el grupo Aval, controlados por Luis Carlos Sarmiento Angulo, por la caída del puente Chirajara en la vía al Llano el 15 de enero del 2018.
La multa ascendía a los $ 150 mil millones y la empresa responsable de la construcción del puente era la empresa Coviandes, una filial de Corficolombiana, la empresa matriz.
Los constructores de la impactante obra de infraestructura apelaron la decisión de la ANI y se convocó a un Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que falló en favor de éstos. El fallo fue claro: la catástrofe se debió a problemas geológicos y no humanos ni en el diseño ni en la construcción de la obra. El desplome ocasionó la muerte de nueve personas.
La reconstrucción del puente estará lista este año y se prevé que ésta será entregada seis meses antes de lo previsto. Esta obra formaba parte del complejo de trabajos de infraestructura que conectan a Bogotá con Villavicencio, buena parte de éstas en cabeza de Sarmiento Angulo, que recorrió en su momento con el Presidente Juan Manuel Santos -de quien es muy cercano- las carreteras con las que entró el banquero al negocio de las concesiones en 1994.
No obstante, un tribunal de arbitramento anuló con el laudo las sanciones impuestas contra Coviandes - Concesionaria Vial de los Andes. El litigio se centraba en la responsabilidad de Concesionaria Vial de los Andes. En los deslizamientos ocurridos entre 2018 y 2019 en el área del túnel 13 y el puente 1, afectando la conectividad entre Bogotá y Villavicencio.
El laudo arbitral destacó que la inestabilidad y los deslizamientos en el kilómetro 58 fueron provocados por circunstancias hidráulicas, no por deficiencias en las obras de la concesionaria. En su momento Coviandes intentó responsabilizar del desplome a fallas en el diseño e interpuso una demanda, a través de la empresa Coninvial, contra la constructora Gisaico, encargada del diseño y construcción del puente, pero esta no prosperó en los estrados judiciales.
El gobierno Petro y el ministro de infraestructura William Camargo, un viejo conocido del Presidente con quien trabajó en la Alcaldía de Bogotá y estuvo en su equipo de empalme, aun no han designado presidente de la ANI y encargaron desde mayo pasado a Jonathan Bernal González, quien se desempeñaba desde finales del gobierno Duque como vicepresidente de Estructuración de la misma entidad.
Esta deberá asumir el valor de los gastos legales y de honorarios del pleito que se aproximan a los $ 2.273 millones. Una decisión que terminó favoreciendo al banquero por punta y punta.
