Son cuatro los costosos peajes que quienes se trasladan desde Bogotá hacia el Oriente de Colombia, por la llamada Vía al Llano, deben pagar en los 117 kilómetros que hay de camino. Entre ellos está el Peaje El Pipiral, uno de los más costosos del país y Suramérica por cuyo paso se debe desembolsar $18.500 pesos (2020) para carros de menor categoría. El recaudo de los cuatro peajes los hace una misma empresa: la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), filial del grupo Aval y Corficolombiana, dos de los músculos financieros del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia.
Sarmiento Angulo fue uno de los primeros empresarios en ponerle el ojo al negocio de los peajes cuando, en 1993, se dio inicio al plan de apertura económica y de privatizaciones de servicios públicos y el entonces Presidente Cesar Gaviria arrancó con las concesiones viales. Precisamente la vía Bogotá-Villavicencio fue una de las primeras en concesionarse en una reunión de ministros en abril de ese año, que concluyó con la firma del Conpes 2654. Para responder a dicha estrategia se creó el Instituto Nacional de concesiones –INCO.
Casi que de manera inmediata el Instituto Nacional de Vías abrió licitación pública para seleccionar al concesionario que realizaría no solo los estudios y diseños definitivos de las obras, sino también toda intervención por rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de los 85 kilómetros iniciales de vía a construir.
La convocatoria fue declarada desierta, con lo cual el Estado quedó facultado para seleccionar al concesionario por contratación directa. La seleccionada, al año siguiente, fue la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S– Coviandes S.A.S constituida con el objeto de participar en licitaciones de diferente índole para el desarrollo de proyectos de infraestructura por el sistema de concesión, esto, mediante actividades de diseño, construcción, explotación/operación, y la ejecución de aquellos proyectos que le sean adjudicados. La empresa de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, lograba así su primer gran trabajo.
El contrato firmado el 2 de agosto de 1994 con INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI) tendría una vigencia de 16 años y su costo fue de $ 79 mil millones para la adecuación y construcción de nuevos tramos de la deteriorada via al Llano. La financiación que la realizó, en gran medida, el banquero Sarmiento Angulo, se recuperaría con los ingresos obtenidos de los 3 peajes que inicialmente tendría el trayecto.
Pero los años de ejecución estuvieron demorados por prorrogas contractuales y dificultades geográficas del terreno. En total, fueron 53 acuerdos modificatorios, muchos de los cuales alteraron el objeto, plazo y valor del contrato. En el contrato, además, quedó establecido que los mayores costos por la eventual modificación del proyecto se financiarían mediante aumentos tarifarios de los peajes y a través de extensiones en el plazo de operación de la concesión.
En el segundo gobierno de Álvaro Uribe se amplió la concesión y se autorizaron obras por $22.950 millones
En julio del 2008, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe se emitió un concepto en los Conpes 3535 y 3563, que viabilizaron la prórroga y adición de contratos de concesión vial y férrea a Coviandes en la vía Bogotá-Villavicencio. Ese año se le autorizaron obras de “estabilización de puntos críticos y atención de emergencias” para 2009, 2010 y 2011 por $ 22.950 millones.
El Presidente Santos al volante de un jeep recorrió con Samiento Angulo la via al Llano antes de la catástrofe del puente de Chirajara
Después de casi diez años, en junio de 2015, ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, se le dio vía libre a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la nueva calzada que incluía el problemático puente de Chirajara. Se suscribió el contrato de concesión 005 con Coviandina (ya no Coviandes, pero también de Sarmiento Angulo), con el objeto de construir, operar y mantener el último tramo de la vía, es decir, la nueva calzada entre Chirajara y la intersección Los Fundadores, y operar y mantener todo el corredor Bogotá-Villavicencio. Pactaron un plazo de 39 años e inversiones por $5 billones, en un esquema de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada. El recaudo de estos peajes estará entonces a manos de Coviandina hasta 2054.
El costo total de los cuatro peajes en una sola vía es de $56.000 en un carro de categoría 1 –automóviles sencillos- y de $290.000 pesos por trayecto para un vehículo de categoría 7, es decir vehículos de carga. El costo promedio de cada peaje supera los $14.000 para un carro de categoría 1 y $80.000 pesos para un vehículo de categoría 7. Para un vehículo categoría 2, dicho el costo total de dichos peajes por un trayecto es de $144.200 pesos, mientras que para uno de categoría 4 asciende a $194.000, y para aquellos categorías 5 y 6 el costo será de $215.500 pesos y $261.400 pesos respectivamente.
Los valores de los peajes de Boquerón 1, Boquerón 2, Naranjal, Pipiral están en los siguientes rangos (datos oficiales de Coviandina del año 2020):
Aunque las cifras oficiales de aumentos tarifarios de peajes no han sido publicadas, se conoce extraoficialmente cuáles serán los valores para el 2021: Para carros de categoría 1 cada peaje aumentará entre $ 1.200 y $ 1.800, mientras que para vehículos de categoría 7, el aumento será de entre $ 6.700 y $ 9.400 en cada uno de los cuatro peajes.
Tampoco son de público acceso las cifras oficiales del tráfico diario por la vía al Llano, pero el recaudo por los 4 peajes es una cifra más que rentable para el concesionario, con el agravante que esta nunca se ha podido terminar ni entregar a cabalidad para el disfrute de los viajeros que pagan las elevadas tarifas. De allí el debate que la oposición ha planteado en el Congreso y titulado “Peajes, el negocio que nunca acaba”. Lo lidera en la Comisión 4 la senadora Aida Avella y que busca alternativas para darle un giro a la recaudación privada de peajes que, a nivel nacional, representan un flujo de recursos importante que el erario público desde hace 26 años dejó de percibir.
