Luego de unas elecciones de congreso cuestionadas como nunca antes… (4) 

Las elecciones para Congreso de la República del 13 de marzo de 2022, siguen siendo muy cuestionadas. Voces provenientes de diversas posiciones del espectro político continúan hablando en voz alta, media y baja de “fraude” electoral, delitos electorales, faltas electorales, corrupción electoral. 

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Las protestas llegan de candidatos presidenciales, partidos, congresistas electos y derrotados. 

Se continúa hablando de un “robo de la democracia”. De marzo 13 lo más criticado ha sido el preconteo realizado en las mesas de votación por el jurado.

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Sancionar antes de la primera vuelta los delitos y faltas electorales que las han ensuciado, es tarea que debe imponerse no como acto de gobierno sino de Estado y no solo de este binomio, sino de toda la Nación colombiana porque el delito electoral es un contravalor social que afecta el bien jurídico protegido por la normativa penal electoral: la Democracia. Siguen los problemas. Peor, aumentan. 

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No han cesado los señalamientos de “fraude” en las elecciones legislativas 

El fraude general es la acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete, y en determinadas circunstancias puede ser constitutiva de delito. 

El fraude busca eludir, usurpar derechos, engañar con temeridad con el fin de obtener un beneficio sobre la víctima. 

Es pues, una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Las conductas de fraude van próximas a otras conductas delictuosas. 

Destacan: cohecho o soborno; corrupción -como abuso de poder- empresarial, policial, política, tráfico de influencias. Pero, también lo van a conductas cotidianas como el dolo, la mentira, el engaño, la estafa, la falsificación.  

Nos ocuparemos del fraude electoral (anforazo, pucherazo, chocorazo), en algunas de sus modalidades de mascarada, superchería o trapacería. 

El dolo acompaña al fraude electoral, como  la intención manifiesta de dañar la democracia, la voluntad libre y consciente de practicar una determinada conducta que afecte la conformación del poder en elecciones libres, puras y sin mancha. 

El fraude electoral hace parte de la gama de los delitos electorales 

Son conductas dolosas que se dan en la vida política y durante los procesos electorales para dañar el sistema de votación o la verificación del escrutinio, pudiendo dar lugar a que se abra el contencioso electoral con sus recursos. 

Es la intervención deliberada en un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales, mediante el engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercidos en cualquier fase del proceso electoral. 

El fraude electoral se constituye, entonces, como un atentado contra la libertad electoral por la falta de equidad, de competitividad y de transparencia que introduce en la realización de los comicios. 

Por el ánimo de distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio, y la directa manifestación de la voluntad popular en las urnas. 

Sujetos activos del fraude electoral 

El promotor de un fraude electoral puede ser una persona, la administración estatal, un grupo de individuos, un partido político, la autoridad local, los funcionarios electorales, la policía, los militares en servicio, fuerzas extra gubernamentales, entre otras personas. 

Algunas de las maniobras empleadas son: el distrito uninominal, el censo amañado o “encasillado”, el control de mesas, el “chocorazo” colombiano, el “pucherazo” peruano, el “distrito propio”, el “distrito disponible”, etc. 

 Técnicas para ejecutar el fraude electoral  

• Sobre el elector. Bajo las formas de suplantación de elector, difunto sufragante, coacción al elector para impedirle que libremente elija el candidato de su opción u otra que le es propuesta bajo artificios.

“Ratón loco” (México) darle datos erróneos al elector para que no encuentre su sitio de votación, desespere y desista. El 18 de febrero de 2022 la MOE había alertado sobre posible fraude electoral en Colombia y presentado unos de Mapas y factores de Riesgo Electoral por factores de violencia. Del total de municipios, 49 se encuentran en riesgo extremo, 65 en alto y 17 en medio. 

• Sobre los documentos electorales. Bajo las formas de: -Robo de paquetes electorales antes de que sean debidamente computados. -Sustitución de paquetes electorales, actas, etc. -Introducción de fajos de boletas previamente votadas en las urnas para inflar la votación de una candidatura, partido u opción electoral (técnica mexicana conocida como del “embarazo de urnas”). –“Carrusel” de tarjetas electorales. 
• Sobre las campañas. Bajo las formas de: 

• Utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad. 
• Intervención del Gobierno, para favorecer a un candidato, partido o propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas a su nombre de manera fraudulenta. 
• Control de los medios de comunicación para confundir y engañar a los electores haciéndoles creer que el resultado fraudulento es legítimo.
• Uso de la fuerza pública contra los inconformes o la oposición. -El fraude mediático no en las urnas, sino durante la campaña mediante desequilibrio de las campañas del candidato en los medios, favoreciendo a un candidato, generalmente del partido gobernante, desacreditando a un candidato, generalmente de la oposición. 

• Sobre los sistemas informáticos. Bajo las formas de: Caída de los sistemas de cómputo en red para confundir a la opinión pública y manipular los resultados electrónicamente. 

• Manipulación de los sistemas de cómputo. 
• Fraude electrónico mediante la corrupción dolosa de los sistemas informáticos que cuentan los votos, el acceso ilícito al sistema, el atentado a la integridad de datos informáticos y sistemas informáticos, la interceptación de datos informáticos, el abuso de mecanismos y dispositivos informáticos mediante voluntad perversa de diseñar, introducir, alterar borrar, suprimir, clonar, interferir o manipular de forma ilegítima un sistema informático electoral,
• ¿Podría ayudar a lo electoral el “Convenio de Budapest” sobre Ciberdelincuencia-2001 de homologación de normas de derecho penal sustantivo, estandarización de procesos penales y cooperación internacional contra: Pishing, Vishing, Ransomware, Smishing o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático interconectado de tratamiento automatizado de datos  electorales? 

Un expresidente lanzó alerta sobre una posible manipulación de los resultados electorales.  En especial por la agenda, casi secreta, de uno de los candidatos en Europa con el presidente de una empresa de asuntos informáticos electorales, cuyo gobierno es accionista y sería la que consolidaba y divulgará los escrutinios. Tema recurrente. 

• Sobre los escrutinios. Bajo las formas de: 

• Adulteración de las actas de la elección modificando los números de sus resultados reales. 
• Complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las evidencias del fraude electoral. 
• Colusión entre los jurados de votación. 
• Presión indebida de testigos electorales, en conteos de mesa y oficiales. 

Sobre los escrutinios de mesa o preconteo, recayeron muchas dudas y alusiones a un posible fraude electoral. 

Las denuncias y evidencias llegaron desde diferentes orillas políticas sobre: cero votos; falta de transparencia y calidad del proceso de traslado de votos; desaparición de votos para un partido en al menos 29.000 mesas; mal diseño de los formularios E-14.

Dudas con otras 23.000 mesas en las que se hizo un doble proceso de atribución del voto a las listas con voto preferente al candidato y al partido; igualmente denuncias de tachaduras y enmendaduras en los tarjetones. 

Favorecimiento a un solo partido con posible manipulación de los tarjetones; mesas con más votos que posibles votantes; lentitud en la entrega de resultados finales, para evitar dudas sobre la votación final. 

Boletas electorales con irregularidades como tachones, números superpuestos sobre los originales y otras modificaciones; el grito de “nos roban la democracia”. 

La gigantesca diferencia en la votación del Senado fue atribuida a un problema de diseño del formulario E-14, pero en el caso de Cámara de Representantes el E-14 que fue más sencillo y diferente en cada departamento la explicación del diseño no funcionaba para justificar discrepancias en los resultados entre Senado y Cámara. La MOE-UE le había advertido al Registrador sobre la complejidad de los formularios y los posibles errores al levantar los E-14. 

El Registrador ha estado en la mira de todo el mundo y de todo el espectro político por tantas irregularidades, y hasta han pedido su renuncia o nombrar un registrador ad hoc a la mayor brevedad. 

Un expresidente dijo que sus cifras “apestaban a fraude a favor de un partido”. 

Las irregularidades venían de antes de las elecciones de Congreso. El sorteo de posicionamiento en la tarjeta electoral es el mismo en los formularios E-14. 

Al partido que le tocó el último lugar en la ubicación, como si fuera un pie de página, lo desfavoreció al momento del escrutinio de mesa. Gritó al fraude. Pero, fue el sorteo. 

Además de las inconsistencias en la transmisión de los datos, un líder político denunció un supuesto fraude en el software y agregó compra de votos. Luego dijo que desconocería los resultados de haber fraude. 

Para evitarlo contaría con 120.000 testigos electorales. También señaló que la empresa encargada de auditar los resultados en realidad no le daba garantías de que no habría fraude porque ella no contabiliza los votos desde la mesa sino desde que se los entrega la Registraduría y el fraude se hace en la mesa y tendría que pedir un conteo voto a voto con la ciudadanía en la calle. Pero, que estuvieran tranquilos. 

Estrategias contra el fraude electoral 

Están en las normativas penales y electorales, que procuran evitarlo mediante técnicas y procedimientos casi universales: 

• Físicos. Urnas transparentes para poder ver que no contengan votos previos.

• Padrones y listados de electores auditados. 
• Credenciales electorales con hologramas y fotografía del votante registrado. 
• Tinta indeleble en uno de los dedos del elector que ya votó. 
• Biometría. 
• Iris. 
• Huellas y firmas. 

La Resolución 1706 de 2019 ordenó que en el formulario E-11 haya un espacio donde se ponga la firma y se registre la huella de los sufragantes y el CNE se queja de que el Registrador no quiere aplicarla –con omisión al elector– alegando este un posible contagio con el CV-19; igualmente le reprocha haber hecho nombramientos a dedo de más de 400 nuevos funcionarios. 

Lo señala de haber pedido la renuncia de los Registradores Regionales. Sobre estos aspectos, la MOE se pronunció diciendo que se estaba bajo un alto riesgo electoral.  

• Económicos. Prohibición a los partidos de que realicen actos de proselitismo el día de las elecciones. 

• Control y auditoría del costo de las precampañas y campañas políticas. 
• Financiamiento público para partidos o por lo menos mixto. 
• Revisión y mejora de las formas de escrutinio. 

• Jurídicos. Creación de órganos y tribunales electorales integrados con funcionarios no seleccionados por el poder ejecutivo. 

• Tipificación de delitos para castigar a instigadores, colaboradores, beneficiarios y ejecutores del fraude electoral. 

Tres niveles en el fraude electoral 

Existen tres niveles de fraude, conforme a su incidencia en fases determinadas del proceso electoral: en los preparativos, en la mesa receptora del sufragio, y en forma sistemática como un fraude masivo o generalizado. Veamos por separado cada una estas fases: 

•  Fraude en los materiales y preparativos electorales  

Se sancionan las siguientes conductas fraudulentas: 

• Amañar circunscripciones electorales en forma arbitraria o gerrymandering.
• Adulterar reglas básicas de competencia electoral.  
• Negar principios mínimos de representación y de proporcionalidad electoral como desproporcionar los distritos rurales y los urbanos para desfavorecer a la oposición urbana. 
• Conceder al jefe de Estado la facultad de poder atribuirle curules a un grupo armado que se acoja a un proceso de paz, pero sin “numerus clausus” (Colombia, Reforma Política de 1999). 
• Falsear el sistema de conversión de votos en escaños para sobredimensionar la representación en el Congreso de determinada agrupación. 
• Uso y abuso de fondos públicos y de la maquinaria estatal para favorecer alguna candidatura.  
• Adulteración del padrón electoral, negarse a depurarlo o a actualizarlo en función de los cambios poblacionales. 
• Restringir la inscripción de candidaturas, excluir partidos del proceso electoral o bloquear a un partido o agrupación política o a varios de ellos el acceso a mecanismos básicos para hacer campaña y para difundir sus programas.
• Coacción a los medios de comunicación para restringir el acceso de candidatos o partidos, o para que se les difame.  
• Ubicación de centros de votación distantes y sin acceso del transporte.
• Distribución irregular de documentos de identificación utilizando el nombre de personas fallecidas, o bien de credenciales de testigos electorales con el fin de suplantarlos, o bien la confección de un número superior de cédulas de votación o la preparación de tarjetas ya marcadas. 
• Hacer votar a militares y policías como si fuesen civiles. 
• Ampliación artificial o restricción del número de electores efectivos o acciones de discriminación política o de otra índole entre candidatos o electores. -Ausencia de información electoral básica. 
• Abuso de encuestas amañadas con anuncio de “resultados” que desinforman a los electores y les crean desconfianza en el poder de su voto. 
• Instalación de mesas de sufragio en forma ilegal, sin ofrecer garantías mínimas a las opciones políticas en pugna. En Tolima el CNE había anulado la inscripción de más de 73.000 cédulas. 

• Fraudes electorales cometidos en las mesas de votación 

Se pueden dar las siguientes conductas fraudulentas: 

• Ejercer coacción al elector. 
• Obstruir por la fuerza a los votantes para que no voten. 
• Afectar el secreto del voto. 
• Intentar destruir las cédulas de votación. 
• Intentar modificar el resultado escrutado. 
• Alterar el resultado en el acta electoral. Todas estas conductas son típicas de testigos electorales, de jurados de votación y en general de miembros de mesa. 

La MOE manifestó que se encontraron múltiples errores en los formularios E-14 por parte de los jurados que los diligenciaron. 

Se encontraron múltiples errores en el llenado de los formularios E-14 por parte de los jurados que fueron desde un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios hasta sumas incorrectas de los votos depositados. 

Criticó la decisión de la Registraduría de seguir manteniendo tres formularios E-14 que deben ser llenados a mano, pues afirma que, a pesar de ser copias iguales, la información que se registra en ellas “no es idéntica”. 

Emitió recomendaciones sobre cómo manejar una sola copia del formulario E-14 y puso a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones políticas una base de datos que contiene la información de todos los formularios E-14 y señaló que seleccionaría una “muestra representativa de mesas para la detección de inconsistencias que se producen en el preconteo”. 

Una ONG denunció que unos 300.000 jurados habrían votado dos veces, por indicación hecha desde la Registraduría tras enviar el Registrador el perfil de “tipos de jurados” que serían escogidos por los congresistas y candidatos al Congreso.

Las personas con esos perfiles debían favorecerlos fraudulentamente. Precisó que esos jurados al parecer votaron dos veces en la misma jornada electoral, primero como jurados y luego como ciudadanos en las mesas que les correspondían. 

• Delitos electorales cometidos durante la jornada electoral  

Las siguientes conductas constituyen delitos electorales, ese día: 

• Votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de ley, que es estar inscrito en el censo electoral y contar con la cédula de ciudadanía. 
• Votar más de una vez en una misma elección. 
• Solicitar el voto a cambio de paga u otra recompensa. 
• Recoger o retener la cédula de otro ciudadano. 
• Hacer proselitismo o presionar a los electores en el interior del cubículo o en el lugar en el que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstengan de emitirlo. 
• Obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales. 
• Introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más tarjetas electorales, o bien, introducir tarjetas falsas, obtener o solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto. 
• Solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto u otra forma que viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto.
• Votar o pretender votar con una cédula de la que no se es el titular.
• Organizar la reunión o el transporte de votantes, con la finalidad de influir en el sentido del voto. 
• Impedir, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una casilla. 
• Realizar por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores al cubículo. 
• Usurpar el carácter de funcionario de cubículo. 

El Registrador había manifestado que, en materia de jurados de votación, envió un informe detallado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que entre ambas determinarán la posible responsabilidad de tipo penal o disciplinaria de los jurados de votación de 5.109 mesas de votación de las elecciones legislativas del 13 de marzo. 

Una campaña fue denunciada en la Fiscalía por la entrega de un bono “redimible” de 500.000 pesos a cambio del voto previa presentación del certificado de votación y la copia de recibos públicos de los estratos 1 y 2. 

El fraude electoral masivo  

Se realiza mediante conductas no localizadas sino impuestas en forma amplia y sistemática con la intención de alterar en forma sustancial el resultado global. 

Los métodos para realizarlas, generalmente son cuatro:  

• El “voto múltiple”. Que infringe el principio “Un hombre, un voto” y exige la previa emisión de documentos de identidad a un grupo sustantivo de personas que puedan sufragar varias veces en el mismo día, bien suplantando personas, o bien asumiendo identidades distintas a la suya, previamente incorporadas en el registro electoral. Requiere emisión numerosa de documentos personales.  
• El “anforazo”. Que consiste en el Perú en cambiar la urna empleada en la mesa de votación por otra previamente amañada (“embarazada”) con votos que traducen un resultado favorable a los autores del fraude (Perú en 1939).
• Autocalificación del proceso de elección y entrega de credenciales. Por el propio Parlamento recién electo de forma fraudulenta, en aplicación del principio de separación de poderes. 
• Cohonestación de funcionarios y autoridades. Es un fraude que desnaturaliza el proceso electoral, sea rechazando las impugnaciones solicitadas o bien convalidando las conductas fraudulentas; también cuando las autoridades electorales actúan con parcialidad a fin de adulterar documentos definitivos, proclamar resultados dudosos, encubrir actos irregulares, o simplemente convalidando el triunfo irregular de determinado candidato o grupo político. 

Al Registrador se le endilgan errores en el manejo de las elecciones legislativas:

• Pedir al CNE un recuento inédito de toda la votación sin la previa debida protección de la cadena de custodia 
• Haber dicho que “el que no sienta garantías o crea que le van a hacer fraude, no debería presentarse”. 
• Asumir una actitud negacioncita frente a cualquier irregularidad en las elecciones, por ejemplo: videos de algunos funcionarios de la Registraduría, indicando a los jurados que debían dejar los espacios vacíos en blanco y no con un guion como dicta la cartilla o bien con un asterisco. 
• Haber aceptado tardíamente que hubo dolo en algunos casos y no simples errores, en unos jurados que fueron capacitados por la propia Registraduría. Disgustó al Congreso que el Registrador no asistiera a un debate de control político sobre fallas en las elecciones. 

 

• El fraude electrónico. Es el realizado mediante conductas típicas del llamado delito informático, a través de acciones u omisiones que alteran los resultados electorales al momento de digitarlos o interceptándolos a fin de restringir o anular votos o de plantarle a un candidato o partidos un tope o “barrera” mínima en su margen de votos. 

El senador Rodrigo Lara había anunciado desde el 20 de noviembre de 2020 un posible fraude electoral para el 2022 en Colombia, asegurando que se preparaba un fraude electoral con el voto virtual. 

Agregó que el Gobierno quería aprobar tres normas a través del Congreso virtual:

• La eliminación de la Ley de Garantías. 
• La reforma al Código Electoral. 
• El establecimiento del voto electrónico. 

Lara afirmó que con estas tres normas habría "un fraude asegurado", pues el hecho de que los colombianos en el exterior puedan votar a través de correo electrónico o desde una aplicación, puede generar que los fraudes se den con más facilidad, ya que “nadie sabe a ciencia cierta cuántos colombianos viven, por ejemplo, en Venezuela o en los Estados Unidos, y eso permite crear falsas identidades digitales”. 

Añadió que, realmente no se puede realizar un censo sobre el cual se pueda contrarrestar la realidad. “Es un fraude seguro y una modalidad que no existe en ningún país del mundo (…) Pretenden que exista esta modalidad en Colombia para robarse las elecciones”. 

Tres contratos suscritos el 29 de diciembre de 2021 (¡!) por la Registraduría con proponentes únicos por sumas billonarias con el objeto de garantizar la integridad de las elecciones de 2021 (de consejos de Juventud), y 2022 (Congreso y fórmula presidencial), en opinión de Armando Novoa, ex miembro del CNE, pondrían el proceso en riesgo de fraude. 

A esto le sumaba dos noticias alarmantes: las fallas en la inscripción de cédulas de ciudadanía, que afectaron a muchos ciudadanos; y la contratación de apoyos técnicos e informáticos. 

Vio en ellos una indebida delegación a particulares de toda la organización, administración y operación de los procesos electorales de 2021 y 2022, como había sucedido en 2013, 2015, 2017 y 2019. 

Le preocupaba en especial el contrato número 015 con una empresa europea. 

De otro contrato, cuyo objeto es dotar al CNE de una “solución informática” para consolidar el escrutinio para el Congreso y la fórmula presidencial, le preocupaba que hubiese selección abreviada con proponente único, de esa empresa europea. 

Del contrato 088 del 16 de noviembre de 2021 –de auditoría al software de la Registraduría– le quedaban varias preocupaciones sobre: 

• La opacidad de los procedimientos contractuales, 
• La concentración de los procesos en un solo grupo económico, 
• La delegación de las elecciones a particulares, 
• La tecnología insuficiente en ambientes altamente clientelizados, como el de la Registraduría. Tampoco le resultaba claro cómo se articularían estos instrumentos tecnológicos, y a través de cuáles instancias institucionales podrían armonizarse. 

Un experto –que no dio su nombre– dijo que entre las elecciones de Congreso del 2010 y las de 2022 se presentaron muchas irregularidades, que mostraron fenómenos similares de fraude masivo, sin que 12 años después la Registraduría las hubiera corregido. 

Dijo esto: “Adulteración de las actas, suplantación de jurados de votación, jurados que aparecen firmando simultáneamente las actas en varias mesas de un mismo centro, caligrafías idénticas en varias actas dentro de un mismo centro de votación o municipio. 

Diferencias injustificadas entre los E-14 y los E-24, conversión de votos no marcados en votos válidos, conversión de votos válidos en nulos, votaciones que superan el total de votantes de la mesa y en algunos casos alcanzan el 100 % de participación de la mesa, concentración excesiva de votos en un partido o un candidato en una mesa de votación, rompiendo el comportamiento con respecto a las demás mesas del mismo centro, diferencias entre los resultados de Senado y de Cámara de uno o más partidos en una misma mesa, superando el margen razonable del 10 %”, entre otras”. 

El fraude electoral en Colombia 

En América Latina, la noción de fraude electoral es múltiple. En Colombia, el Código Penal utiliza expresamente la noción de “fraude electoral” para aludir a la maniobra violenta o engañosa destinada a obtener que un elector vote por determinado candidato o partido. 

También son tipificados como ilícito penal la destrucción, suplantación, falsificación o sustracción del registro electoral o de sellos de urna o de arca y reciben la denominación de “votos fraudulentos” de manera específica la suplantación de otro elector o haber ejercido el sufragio más de una vez. 

Evitar el fraude electoral es un asunto vital para una democracia 

No solo evitarlo sino también facilitar su detección e impugnación, procurando las autoridades electorales facilitar a los partidos y candidatos la inscripción de sus personeros, testigos y apoderados, así como vigilar todas las instancias del proceso electoral. 

Medidas que exigen funcionarios y autoridades electorales imparciales, jueces especializados en declarar las nulidades electorales y en sancionar las conductas fraudulentas de este tipo. 

El “anforazo” (o “chocorazo” colombiano) puede subsanarse con: 

• Previa verificación de que la urna no ha ido “embarazada” con votos fraudulentos. 
• El auditaje y la certificación de la elaboración y distribución de los materiales electorales, padrón electoral y de las credenciales que identifican a los miembros de mesa y a los electores. 
• Hacer riguroso el escrutinio del voto en mesa, luego registrarlo en un acta suscrita por los miembros de la respectiva mesa electoral con la conservación de las papeletas o su destrucción in situ, de preferencia su conservación. 

El Registrador confirmó para las presidenciales de mayo la realización de tres momentos de un simulacro nacional electoral, que se realizaría con el formato E-14, y estaría compuesto de un simulacro de preconteo, de digitalización y de escrutinio por los tres jueces de la República. 

Estándares internacionales para garantizar la transparencia del voto y la limpieza de los resultados 

Son admitidos por los países democráticos, las dictaduras los ignoran:  

En cuanto a los principios y filosofía democrática 

• Aprobación de reglas electorales por consenso nacional partidista. 
• Estímulo de una cultura ciudadana que fomente el orgullo de ser honesto elector, con formación cívica desde la niñez. 
• Realizar elecciones manejables, evitando las “mega elecciones” que lo enreden todo. 
• Garantizar a todos los candidatos y partidos el acceso equitativo a los medios de comunicación de propiedad estatal y particular.  
• Imparcialidad de la fuerza pública. 
• Fiscalización ciudadana debidamente legitimada ante los órganos electorales y los partidos políticos en contienda. 
• Observación internacional y nacional (ONG) del marco normativo, de las condiciones de equidad y del desarrollo del proceso electoral, desde los preparativos hasta la proclamación oficial de los resultados. 
• Posibilidad de recurrir a una jurisdicción supranacional en caso de presuntas irregularidades electorales, sin que el respectivo gobierno nacional alegue intromisión a su soberanía; para América Latina existe la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969. 

Para algunos analistas las elecciones del 13 de marzo fueron “mega elecciones” que trajeron dificultades debido a la mezcla de las consultas internas de los partidos con las consultas populares (interpartidistas), a tantas nuevas circunscripciones y porque se permitió que algunos candidatos accedieran a dineros públicos por reposición de gastos en forma inequitativa y hasta fraudulenta.

Agregaron, que las consultas de marzo fueron una muy mala idea porque les restaron protagonismo a las elecciones al Congreso,  

La Misión de la UE confirmó que la diferencia fue "inusualmente grande" entre preconteo y escrutinio, que los formularios E-14, tuvieron un diseño “extremadamente complejo y muy propenso a que se produjeran errores''. Pero incluso en la fase de escrutinio la MOE-UE identificó numerosos fallos de transcripción de los E14, de los que ha informado a la Registraduría. 

Por estas razones, la Misión-UE recomienda que en futuras elecciones se cambie el sistema de escrutinio por uno de “doble digitación de actas, para identificar y corregir rápidamente los fallos de transcripción”. 

Ante la incertidumbre que había rodeado el proceso electoral, el presidente convocó a una reunión de la Mesa de Garantías Electorales, de la cual forman parte la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, así como el Gobierno, los partidos y movimientos políticos participantes, organismos de control y observadores electorales. 

Una ONG denunció la posible injerencia de dos embajadas en el proceso electoral y de algunas personas con vínculos con Inglaterra y España que estaban trabajando con una compañía contratista de la Registraduría supuestamente para preparar un fraude electoral.  

Una medición Polimétrica de abril evidenció que la mayoría de los colombianos encuestados (1.843) no sentían en ese momento confianza en la democracia en Colombia (57% contra 43% del SÍ), opinión que ha venido aumentando en el país ante los recientes cuestionamientos en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. 

El Gobierno anunció luego que están listos los recursos para una auditoría internacional que vigilará los comicios presidenciales. 

También que tendrán el acompañamiento internacional de Capel, Transparencia Electoral, la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. 

En cuanto a las organizaciones y funcionarios electorales 

• Designar imparcialmente los funcionarios encargados de administrar el proceso electoral, así como los miembros de la Junta Receptora de Votos; integrar las mesas electorales por sorteo de ciudadanos o brindarles participación a los propios partidos en la designación de los miembros de mesas (Colombia, Costa Rica, Honduras). 
• Preparación y capacitación de los funcionarios electorales y de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, evitando que estas sean acaparadas por un solo partido. 
• Imponer la función juramentada. 
• Asistencia técnica a las mesas de votación. 
• Testigos electorales o apoderados de los diversos partidos en las mesas electorales desde su instalación hasta el escrutinio mismo de los votos, con la posibilidad de retener copia del acta electoral suscrita en mesa. 
• Tinta indeleble auditada en su calidad, a fin de prevenir el doble voto. 

El Registrador confirmó el criterio de selección aleatoria para los jurados de votación de las presidenciales y desmintió que solamente se escogieran de un solo partido, que un software haría la adjudicación y postulación de los jurados de votación con Procuraduría, Contraloría, campañas políticas y MOE. Dijo que la Registraduría no selecciona los jurados, sino las campañas. 

Antes, la Registraduría había presentado queja disciplinaria y denuncia penal contra 15.000 jurados en 5.000 mesas. Fueron excluidos para las nuevas elecciones. 

Para las presidenciales se halló que 2.925 postulados a jurados estaban inhabilitados por el hecho de ser funcionarios públicos. 

La Procuraduría General le había pedido al Registrador depurar la lista con el fin de brindar transparencia al proceso electoral. Para ello, se confrontó la base de datos de la Registraduría Nacional con la del Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General. 

En cuanto a los documentos electorales 

• Revisión, certificación y auditoría del padrón electoral y del número efectivo de votantes, del número de papeletas o cédulas de votación y de otros materiales electorales; 
• Exigencia de un censo electoral actualizado, depurado, sometido a control, así como de un padrón fotográfico. 

En cuanto a los elementos de las votaciones 

• Cercanía a los centros de votación y fácil acceso de transporte local. -Cubículo electoral que garantice la secrecía del voto, metido en un sobre que debe ser cerrado por el elector y firmado por la Junta Receptora. 
• Urnas electorales inviolables, transparentes, abiertas antes de iniciarse la votación y libre de votos y, terminada la jornada electoral, abiertas en presencia de testigos electorales. 

En las elecciones del 13 de marzo los votos nulos, no marcados y en blanco bajaron pese a que la mayoría de las listas con voto preferente, confundieron frente a los más de 2.800 candidatos. 

El cambio de tarjetas fue fundamental para disminuir la nulidad gracias a los tarjetones exclusivos para cada circunscripción, lo que permitió pasar de una nulidad de 9,2% a 4,8% en Cámara de Representantes, y en el Senado se bajó de 6,4% a 4,2%.  

En cuanto a los escrutinios  

• Escrutinio público, verificable. 
• Evitar la complejidad del escrutinio en los casos de, por ejemplo, la lista con panachage (técnica francesa del “refajo” o menú a la carta donde se puede votar por candidatos de diferentes listas y partidos). 

En cuanto a las aplicaciones informáticas 

• Delegados técnicos de los partidos para verificar el traslado de los votos a los programas informáticos. 
• Revisión técnica anticipada de los programas informáticos. 

La campaña del candidato opositor le había solicitado al Registrador, con extremada urgencia y desde el 16 de mayo, contar con la firma auditora internacional del ‘software’ electoral para la primera vuelta presidencial, a pesar de que ya las empresas habían presentado las propuestas técnicas y económicas. Veía un alto riesgo para las elecciones por fraude.

En cuanto a los recursos jurídicos 

• Precisión en la determinación de los actos que sean impugnables, de los criterios de nulidad de los diversos actos electorales y de los delitos y las faltas electorales a fin de que se dé una verdadera justicia electoral. 

En el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales, los organismos de control y judiciales solicitaron investigar dos temas claves: el reconteo de votos e identificar algún tipo de responsabilidad de los jurados. 

También le solicitaron a la Fiscalía General –dentro del Plan Democracia– la activación de los mecanismos de verificación de denuncias de los partidos o de los ciudadanos sobre la ejecución de delitos electorales. 

Los hechos más recientes de las legislativas y las presidenciales 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había admitido una acción popular que procuraba la suspensión del Registrador de su cargo por “constantes y sistemáticas irregularidades durante los comicios del 13 de marzo”, también por la falta de transparencia en la recolección de la información electoral y la presentación de los resultados, que con el posterior escrutinio terminaron siendo muy distintos. 

También por su viaje a un país europeo para reunirse con dirigentes de una empresa especializada en informática electoral, encargada de la digitalización de los resultados. 

Contra el Registrador se había presentado un incidente de desacato por desobediencia a las medidas cautelares oficiosas que fueron decretadas por el Tribunal ordenando “dar información electoral oportuna” y por haberle negado esa información a un congresista. 

El Ministerio Público pidió al Registrador que resuelva las solicitudes hechas por las campañas políticas a fin de que los próximos comicios presidenciales sean legítimos y confiables. 

Se refirió en especial a la plataforma Infovotantes y a la acreditación de los testigos electorales. Le pidió trabajar en la exclusión de los 2.925 jurados que no fueran aptos y que se les pidiera a los partidos que postularan sus testigos electorales.

Sobre el proceso de contratación de auditoría internacional le preguntó si el resultado de la auditoría podría ser aplicable a los sistemas de preconteo y escrutinio a utilizar el 29 de mayo. 

También le preguntó sobre ¿Cuál sería la diferencia de la auditoría a contratar con la que actualmente la Registraduría está implementando para la mejora a los sistemas de preconteo y escrutinio?

Finalmente le pidió que se aclarara cuál es la necesidad de auditar Infovotantes si el plazo para inscribir cédulas ya se cerró y, en cambio, no se audita el algoritmo de los jurados de votación. 

El presidente del Congreso, en medio de un debate de control político en el Senado pidió la eventual suspensión del Registrador, y designar un funcionario ad hoc y anunció que iba a solicitar una comisión interparlamentaria que les haga seguimiento a las elecciones presidenciales. 

Simultáneamente, la Fiscalía le abrió indagación preliminar al Registrador y a varios funcionarios, a partir de una serie de quejas y denuncias en su contra. 

Por su lado, la Procuraduría designó a cuatro procuradores delegados disciplinarios para evaluar las más de 1.600 quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos contra el Registrador o la entidad a su cargo y encontró mérito para iniciar 33 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en la inscripción de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otros. 

Las indagaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía se centran en las supuestas irregularidades en el proceso de selección y adjudicación de un millonario contrato a una empresa de sistemas electorales, por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección y en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses del Registrador. 

El Defensor del pueblo dijo que de los 521 municipios a los que les hace monitoreo permanente, 290 tienen “riesgo extremo y alto” de vulneración a los derechos de la población por las acciones violentas del ELN y del Clan de Golfo, también que en el aspecto electoral se encuentran delitos y amenazas contra candidatos o sus campañas. 

Solicita protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo para garantizarles la libre participación en política.  

El Registrador contra denunció al promotor de la acción popular en su contra y la Fiscalía le abrió indagación por los delitos de fraude procesal, falsa denuncia, terrorismo, injuria y calumnia, acciones que a juicio del funcionario tienen “la capacidad de generar alteración de la paz ciudadana y del orden democrático”. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca venía de negarle la apelación presentada contra la acción popular. 

Más tarde, en el Tribunal Administrativo el Registrador se salvó de ser suspendido, bajo la condición de cumplir con una condición. 

Según el tribunal, “no hay evidencia sobre el componente subjetivo de la conducta de violación o amenaza del derecho colectivo a la moralidad administrativa”. 

Se anota que la Registraduría tenía en ese momento solo una imagen favorable del 50,9 %, según una encuesta. 

El Tribunal confirmó que le corresponderá a la Procuraduría decidir sobre la suspensión del Registrador, entidad donde tiene abierta una investigación disciplinaria.  

Entretanto, comenzó a correr el rumor de que las elecciones serían aplazadas por supuesto plan del Gobierno. Uno de los candidatos lanzó la especie. No encontró eco en otros dos. 

Tampoco dio pruebas para sustentar su anuncio. Mientras tanto, Colombia ya había empezado a votar en el exterior (972.000 electores, 250 puestos de votación, en 67 países). 

La Cancillería anunció la instalación de la Mesa de Seguimiento Electoral de la cual también hacen parte la Registraduría, el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República. 

El Registrador anunció que una empresa sería contratada por la Registraduría, a lo que muy pronto le respondió una senadora que la misma carece de experiencia en auditoría electoral y que había sido sancionada por las autoridades de Honduras.

Agregó que el ingeniero que actualmente funge como coordinador de la «Misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales 2022» en Colombia, tiene un contrato al parecer por 1.000 millones de pesos para su equipo de trabajo por parte de la Registraduría Nacional, añadió que estuvo detenido por presunto enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con una empresa de tecnología que tenía 18 contratos con un Tribunal Electoral centroamericano. 

Así mismo, que como asesor de CAPEL estaba gestionando al interior del CNE de ese país un contrato para una empresa filial de otra (ambas colombianas), que hacen parte del consorcio que desde hace más de 15 años realiza actividades con la Registraduría. 

Una de las firmas ya preseleccionadas, se había retirado del proceso. 

A puertas de la primera vuelta presidencial, la violencia político-electoral no da tregua debido a que hay un ambiente de temor desde el 13 de marzo de 2021, cuando se abrió el calendario electoral. 

Durante los catorce meses que lleva la campaña se han registrado en el país 179 hechos de violencia político-electoral que han dejado 222 víctimas de todo el espectro político.  

Se había denunciado que algunos hechos de constreñimiento electoral tuvieron lugar en algunos sitios por la presencia de grupos armados ilegales que impedían el desarrollo normal de las votaciones al Congreso y a las consultas. 

Ahora, las elecciones presidenciales están en riesgo por el conflicto armado. 

Ya desde febrero, la Defensoría del Pueblo había comenzado a alertar sobre el riesgo de violencia en estas elecciones y el reciente “paro armado” confirmó que ese peligro es real porque en más de 600 municipios, los actores armados ilegales amenazan a la ciudadanía en 90 municipios de 12 departamentos. Las amenazas de atentados contra candidatos y funcionarios no han cesado. 

El presidente de la República pidió que se lleve a cabo la auditoría internacional para revisar en detalle los softwares involucrados en el proceso electoral, a pesar del anuncio del CNE de que no se la iba a contratar. 

Había sido solicitada para despejar las dudas que dejaron las inconsistencias de los resultados de las elecciones del 13 de marzo. El CNE alegó no haber tenido tiempo suficiente para ejecutar este tipo de actividades a menos de una semana de las elecciones del 29 de mayo. 

Se anota que ya se contaba con los recursos para este fin.  

A cuatro días de la Primera Vuelta presidencial el presidente de la República hizo un nuevo llamado a las autoridades electorales para que realicen contratación de una auditoría externa que se encargue de revisar el proceso electoral de las elecciones de Congreso y, sobre todo, los softwares. 

Solicitud que se hizo, agrega, también interpretando el sentir de muchos ciudadanos y también de representantes de partidos y movimientos. Así mismo, pidió que los resultados sean transmitidos a todo el país. 

El ministerio de Defensa anunció el fortalecimiento del componente de seguridad cibernética, una práctica, regida por las normas internacionales usadas por los países miembros de la OTAN ante cualquier ataque cibernético. 

Se llevó a cabo en coordinación con empresas privadas y la academia. También participaron como observadores, varios aliados internacionales como España, Francia, Reino Unido, Turquía y Estados Unidos, quienes forman parte de la red de apoyo a Colombia para las prácticas en mención. 

Impresionada, la policía descubrió que a uno de los candidatos le estaban haciendo brujería en un cementerio de Corozal, Sucre. La había alertado la comunidad. 

Las elecciones para Congreso de la República del 13 de marzo de 2022, siguen siendo muy cuestionadas, como nunca antes. 

Sin embargo, todavía no se han visto resultados firmes en las investigaciones y así hemos llegado hoy 25 de mayo de 2022, a cuatros días de las presidenciales. 

Los llamados al “fraude” electoral en lugar de disminuir están ahí, peligrosamente. Los gritos de “nos roban la democracia” lastiman más que los oídos, el corazón de los demócratas.  

Lo más criticado de los malhadados comicios legislativos, el preconteo realizado en las mesas de votación por los jurados de votación, no ha sido aclarado. Peor, nadie ha sido sancionado con penas ejemplarizantes. Mala cosa. La tarea depuradora no era solo de gobierno, era de Estado y de Nación. 

Por nuestro lado, los colombianos hemos puesto nuestro grano de arena: estamos indignados, chocados, fastidiados. 

Pero, esto no basta. Es necesario, como nunca antes, salir a votar masivamente, para lavarnos la faz ante el concierto de las naciones para el cual éramos modelo y ejemplo muy aceptable de democracia electoral.  

Se impone un distingo, muy necesario: una cosa es la actual dirigencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y otra es la base de empleados serios, honestos y devotos de la Organización Electoral que la han hecho brillar entre sus pares, como dan fe tantas misiones de Observación Internacional que nos han visitado en todos nuestros eventos electorales. Porque me consta, también doy fe.