La justicia debe ser un cimiento fundamental de nuestra sociedad que tener una relación directa con la salud de la democracia. Que funcione bien y rápido es un resultado esencial de un modelo realmente democrático.
Pues bien, el sistema judicial colombiano tiene una de las notas más bajas de todas las instituciones colombianas, en cuanto a favorabilidad, que es una forma directa de medir la calidad y pertinencia de su existencia. Además, presenta unos pobres resultados de efectividad y eficiencia con respecto a sus altas responsabilidades y esto ha sido un mal síntoma de carácter estructural, que en la calle se resume con aquello de que solo funciona (o en realidad, no funciona) para los de ruana. Por tanto, la reforma que se intente realizar debe resolver las causas o algunas de las causas de sus más graves y reales problemas.
Una primera actitud frente a esto es sostener que no hay problemas graves, que son unas cuantas manzanas podridas, algo que se hace a menudo en Colombia, pues generalmente se espera que venga otro escándalo que camufla y hace olvidar el asunto. Una segunda, es sostener que hay cosas buenas y cosas malas como lo hace el analista Uprimmy y puede que tenga algo de razón, algunas cosas habrá que preservar pero… nuestra justicia es como una casa carcomida por el comején y con problemas de cimientos. La tercera, es la opinión de sus enemigos o favoritos que desde afuera o adentro la atacan o la defienden según sus intereses. La última, es la que deberíamos tener que es la de verificar el secreto a voces mayoritario acerca de la inefectividad y corrupción en la justicia y que hace que seamos los ciudadanos nos pronunciemos y busquemos mecanismos, incluso extraordinarios, para reformarla. Los problemas de la justicia son un asunto de ciudadanos y de la salud de la democracia, no de los jueces, magistrados y ministros.
Los verdaderos cambios no vienen ni vendrán del actual establecimiento. Esta Justicia que tenemos no se va a reformar a sí misma, como tampoco lo hará este Congreso. Entonces, lo primero que hay que plantear es que ninguna de las soluciones trazadas y realizadas en diversos intentos de reformas ha dado ni darán resultado porque son soluciones típicas e inefectivas que diseña su propio establecimiento o cúpula. Contienen generalmente las mismas recetas: aumentar penas, agregar más jueces, lograr que les quiten las acciones populares, que a los magistrados los nombren tales y pascuales, que se multipliquen las audiencias, que impere la oralidad, que se jubilen los jueces con más edad y en suma, este tipo de iniciativas no basta ni resuelve los problemas de fondo. Prueba de ello, es la apertura de una gran tenaza que muestra una tendencia negativa y consolidada de su desaprobación desde hace tres años se halla en los niveles del 72% (encuesta Gallup, octubre 2013). Esto significa que muy pocos ciudadanos observan o reciben beneficios del actual sistema de justicia y que algunas reformas y cambio de códigos recientes no han servido para nada.
Mi diagnóstico es que los altos niveles de corrupción, de impunidad, de demoras y de falta de coherencia y seguridad jurídica son cuatro monstruos creados y alimentados por el mal funcionamiento del sistema judicial (Jueces, fiscalía y sistema penitenciario). Lo que tenemos es un sistema de naturaleza cerrada, con directivos que sólo se comunican con órdenes y que solamente entran en interacción con otras roscas similares de un talante politiquero. Este sistema no tiene como auto-regularse, como evaluarse ni tampoco dispone de los necesarios y efectivos contrapesos que lo controlen y le aumente la calidad de su trabajo. Los ciudadanos en general solo sufrimos las consecuencias del malfuncionamiento del sistema, sin derecho a protestar cuando no es justo ni efectivo ya que produce fallos, autos y sentencias que hay que acatar y que hay que “agradecer” porque el sistema está “congestionado”.
Estas situaciones que jamás se reforman y la debilidad institucional del sistema se alimentan mutuamente y de esta forma, hacen nacer más y más conflictos jurídicos, cada vez más mediocre y torticeramente tratados. Un sistema que falla tan tardíamente y tan injustamente y que tiene además muchas sentencias que son recibidas por sus afectados como un chiste, sin que su efectivo cumplimiento le importe un pimiento ni siquiera a quien la dictó, pues necesariamente camina al colapso.
Mucha gente poderosa no le tiene miedo a la justicia y muchos otros buscan o no evitan el conflicto en nuestro sistema judicial porque al más corrupto, al más asesino, al más poderoso, al más malo, al más tramador, al parecer, le va bien en el. Da grima ver en un canal internacional se hayan prestado a dar declaraciones ciertos investigadores judiciales colombianos hablando sobre el caso Garavito, una verdadera vergüenza del sistema judicial colombiano, caso que solo después de ciento y tantos asesinatos de niños fue resuelto. Este asunto es paradigmático del funcionamiento de éste, ya que debió haber quedado solucionado desde los primeros crímenes, si se tiene en cuenta que este asesino no era un “genio del mal” sino más bien un perturbado vendedor de dulces que aprovechaba los descampados y su profesión.
Esto hay que decirlo, nuestro sistema judicial tiene mucho de un negocio que “funciona” para unos pocos y se encuentra privatizado. En el modelo actual, estos pocos logran sus objetivos y la justicia en el fondo da la ilusión de serlo en cosas menores para tapar la gran injusticia en lo grande. Todo esto genera una gran variedad de desviaciones y el desperdicio de recursos mal diseñados y peor usados, incluyendo la mediocridad, la inacción u omisión de sus propios funcionarios disfrazada de autonomía.
En el sistema actual por ejemplo: si usted es condenado en doble instancia, pues con una buena tutela se puede salvar; se puede presentar un caso de cohecho, donde otro operador no vea el otro lado del cohecho; si quedan evidencias de un asesinato pues se destruyen los archivos y hasta los exámenes de medicina legal; si le pusieron un plazo, pues los condenados no lo cumplen y no les pasa nada; si lo condenaron a pagar, pues no pague; si lo penaron con cárcel pues declárese “enfermo” y vayase a su casa; si está en casa por cárcel pues salga subrepticiamente; está condenado pues siga delinquiendo desde la cárcel, etc).
El vuelco necesario es que hay necesidad de que la Justicia deje de ser un poder irresponsable se transforme en un servicio público, democrático, verificable y transparente. En el sistema de poder actual, los jueces o fiscales venales o mediocres (no sabemos en qué proporciones están aposentados ahora mismo en la rama judicial) siempre dispondrán de una disculpa para su inefectividad, gracias a la supuesta congestión del sistema, a la impunidad de su inacción y a su cacareada autonomía. En suma, el sistema no produce mucha justicia o gran parte de la que produce es injusticia, que generalmente es tardía e incompleta y muy especialmente, la mayoría de las veces es poco disuasoria y por tanto, genera muy poco respeto, autoridad y admiración. Y todo lo anterior, ha terminado alimentando la maquinaria de moler o machacar infernalmente procesos que llamamos justicia. Un solo proceso puede ser el origen de quince o más relacionados con la inestabilidad, la inefectividad y las demoras con que se resuelve el primero. Y esta inefectividad es algo costoso en todos los campos. Si Pablo Escobar y Rodríguez Gacha que fueron aprehendidos con las manos en la masa en varias ocasiones en sus comienzos delictivos y hubiesen sido condenados a doce o quince años de prisión verdaderamente cumplidos, cuántas vidas y recursos nos hubiéramos ahorrado los colombianos. Pero seguro que algunos de esos jueces que arreglaron el tratamiento judicial de algunos de estos macro-criminales, luego pudieron e hicieron carrera judicial y nadie ha indagado sus nombres. A unos pocos que si los enfrentaron de verdad, los dejamos matar.
En realidad, cada vez se nota más que después del 91 los jueces y fiscales se quedaron con toda la parafernalia del poder, con uno de los sueldos más altos del funcionariado y pero con muy pocas responsabilidades, son como generales que han ganado sus galones sin batallas y ejercen su trabajo con condiciones y gabelas que ofenden el sentido común. El destino y las finanzas del estado y la suerte de muchas víctimas, en muchas ocasiones, poco les importan. Cada vez interesan más las formas, las ceremonias, las reglillas, las leguleyadas, los atrasos, los aplazamientos mientras que la esencia de la justicia es terriblemente injusta y contradictoria. Pregunto, fue el sistema judicial el que enfrentó realmente al narcotráfico o a las autodefensas como debió haber ocurrido? En el Valle, era vox populi el inmenso poder e influencia del Cartel de Cali en la rama judicial.
Veamos entonces cuales son algunos puntos y parto de la idea de que esta reforma debe consultar a los intereses nacionales y ser legitimada por el constituyente primario. Está claro que por el maridaje sistemático entre el gobierno, las cortes y el congreso no van a salir sino reformas tibias y amañadas que no van a producir lo que la sociedad espera de su poder judicial. Porque lo que indigna en la justicia, hay que cambiarlo desde afuera y trabajar con los de adentro que lo quieran cambiar. En las soluciones y en especial, en el espíritu de la reforma deben refundarse unos principios basados en lo que queramos que se convierta la justicia en 20 o 30 años.
1. La Defensa de lo colectivo, de los niños, las mujeres, de los desvalidos y de los desarmados debe quedar como un nivel superior y privilegiado de la justicia.
2. Las penas deben adaptarse a los tiempos y a las expectativas de la sociedad. No es admisible que alguien que se aprovecha de su cargo o de su fuerza, en combinación con otros individuos e incluso en combinación con autoridades y sobre la base de actuar armado sea tratado como “un igual” en los procesos judiciales. Su caso debe tener además consecuencias en la clase de juicio y en la pena que reciba. En otras palabras, sólo somos iguales ante la ley, si actuamos sin armas y sin conciertos. Pero si hay alguna actuación con armas y conciertos ello debe implicar la pérdida parcial de garantías judiciales. El sistema no debe tratarnos a todos por igual. Las garantías deben sufrir cambios drásticos y necesarios. No es lo mismo que cuatro o cinco asalten a un ciudadano o al erario y hagan de esto una forma habitual de vida a que un crimen sea realizado por un padre de familia con hambre. La justicia no puede tratarlos igual y el presunto líder de conductas criminales con los indicios iniciales, capturado en flagrancia, en posesión de armas de fuego debe ser además confinado aislado en una cárcel durante su juicio y que solo se comunique con su familia y abogados.
3. Debe decidirse y redefinirse que se quiere en toda la gama del castigo, la prevención o la protección en crímenes contra grupos vulnerables.
4. Grandes bloques de problemas judiciales deben ser resueltos mediante parettos que los solucionen en forma sumaria y extraordinaria como por ejemplo los casos hipotecarios, las tutelas en salud y pensiones con herramientas para su estricto y fiel cumplimiento.
5. Debe haber un control de la calidad, pertinencia y del trabajo judicial. Su trabajo no puede ampararse solamente en la supuesta “autonomía” de los jueces.
6. Los jueces deben tener un mínimo de coincidencia con fallos de sus superiores de no ser así, deben salir de la carrera judicial por haber alcanzado un nivel inadmisible y acumulado de incoherencia. Todo juez debe sentir que va en un tren y que no es el reyezuelo de un vagón. Todo fiscal que no logre que su acusación quede sustentada con un mínimo de calidad, acumulará puntos negativos que podrán sacarlo de la carrera judicial.
7. Establecimiento de mecanismos para que la Independencia del sistema se equilibre con responsabilidad. Todos los procesos podrían ser eventualmente revisados por un Tribunal de Alto Nivel cuya conformación provenga de los gremios, los colegios de abogados y las facultades de derecho con voto calificado. Los jueces y magistrados a quiénes se les caiga un proceso en esa revisión en forma grave y por razones esenciales, acumularán puntos que pueden conducirlos a salir de la carrera judicial. Así mismo, las revisiones de Corte Constitucional deben tener consecuencias sobre la carrera de los jueces.
8. Todo en la Rama Judicial tendrá un plazo: los nombramientos, los autos, los recursos y las investigaciones.
9. Los testimonios deben darse por escrito de preguntas realizadas por los interesados, cuando no asistan a la primera cita los convocados y dentro de un plazo de dos meses. Quien mienta en un proceso o presente pruebas falsas o no conteste leal y completamente lo preguntado podrá sufrir un proceso con una pena equivalente al doble de las actuales.
10. Las pruebas físicas y documentales serán las reinas en los procesos y no los testimonios y el juez podrá en las audiencias iniciales, prejuzgarlas para sustentar acciones para dotar el proceso de celeridad y efectividad.
11. Los delitos contra lo colectivo tendrán una prescripción que duplique las actuales.
12. Todos los candidatos a jueces y magistrados deben publicar sus hojas de vida y deberán presentar exámenes imparciales, contestar preguntas de los ciudadanos y dar explicaciones sobre cuestionamientos. Todos estos deben estar abiertos al escrutinio público. Los magistrados durante los próximos veinte años serán elegidos por la Junta de Revisión y sobre la base de puntajes de medición de efectividad de trabajo.
13. Todo juez por oficio o debido a quejas podrá actuar sumariamente mediante mecanismos diseñados para hacer efectivos sus fallos.
14. Hay que reglamentar la tutela para evitar abusos con la misma y dotarla de la posibilidad de multar la negación sistemática de derechos.
CARLOS BENITEZ
