La segunda semana del mes de noviembre de 2024, el panorama de las víctimas del conflicto armado, estuvo marcado por luces y sombras y todo corrió por cuenta de los tres poderes, que componen el estamento nacional. Congreso, rama judicial, y el poder ejecutivo.
La decisión por parte del gobierno de Gustavo Petro, de nombrar como gestores de paz, a los excabecillas paramilitares, es una verdadera afrenta para los millones de víctimas que ha dejado el actuar criminal de estos grupos al margen de la ley. Que se han burlado de sus crímenes, al no reconocer en su totalidad a las víctimas, el ocultamiento de sus bienes con la pérfida intención de incumplir lo pactado tras su desmovilización, como es la verdad, la reparación y no repetición, es lo que ha indignado a los colombianos.
No es posible que un criminal violador, de la talla de Hernán Giraldo, alias taladro, apodo ganado por los cientos de niñas que violó en la Sierra Nevada de Santa Marta, hoy las víctimas tengamos que aceptarlo, como un gestor de paz. El significado de la paz, es la armonía que se respira ante las condiciones que generan tranquilidad. Una víctima jamás sentirá paz, al ver a su victimario posando de ejemplo, como sujeto de perdón, después de cometer tantas atrocidades.
Mientras la resolución presidencial generaba el rechazo por la sociedad colombiana, esa misma semana el Juez Jaime Herrera Niño, dejaba en libertad a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, quien era procesado por los delitos de concierto para delinquir, y homicidio agravado, en un proceso adelantado por la fiscalía general de la nación desde el año 1997, donde varios testigos afirman, que el hermano menor del expresidente, hacia parte al mencionado grupo paramilitar, de los Doce Apóstoles. La decisión del juzgado refleja la podredumbre al interior de la justicia en Colombia, que ha demostrado estar al servicio de favorecer al mejor postor, es decir se arrastra a los pies de los poderosos, sin importar las pruebas que demuestren la responsabilidad de los implicados, aquí lo que interesa es el poder, y el dinero.
Cuantas personas con menos señalamientos judiciales, están privados de la libertad en cárceles, y condenados en el menor tiempo posible, mientras que el juicio en contra de Santiago Uribe Vélez, se prolongó casi que por treinta años, para decir un juez que es inocente. La moraleja es que, los pobres en Colombia no pueden ser sospechosos de delinquir, mientras que los ricos, e influyentes sí.
Un juez de Medellín absuelve a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, acusado de integrar un clan paramilitar
cuando las victimas sentíamos que estábamos perdiendo la batalla, y que se nos pisoteaban con decisiones de jueces, y resoluciones ejecutivas, la Justicia Especial Para la Paz (JEP), en un acto de justicia, les imputaba cargos a seis miembros del antiguo secretariado de las exfarc, por los delitos de reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado.
Los exfarc, cobijados con la medida de la JEP, mediante un comunicado, aceptaron la decisión del tribunal especial, en el cual informaban que una vez fueran notificados, con su equipo jurídico darán respuesta oportuna, ante los requerimientos de la Justicia Especial Para la Paz.
Desde el congreso de la república, se producía el atropello a las víctimas del conflicto armado. Especialmente las madres quienes perdieron a sus hijos, en los falsos positivos. Eran ultrajadas, en un acto imperdonable, que involucra al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, quien en un acto de menosprecio, echó en bolsas de basura, las botas que simbolizan las 6402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, o los mal llamados falsos positivos. Esto produjo la legítima y airada reacción de las madres representantes de víctimas, en contra de ese adefesio, marioneta de la corrupta política colombiana, Miguel Polo Polo.
Un ser abominable, como lo fue también el asesinato sistemático de jóvenes en condición de vulnerabilidad, que murieron a manos de quien deberían protegerlos, las fuerzas legítimas del Estado. Esa acción canalla y ruin, por parte de este usurpador de un espacio que no le corresponde, debe ser rechazado por la sociedad colombiana. Las denuncias en contra de Miguel Polo Polo, deben prosperar, como el más solemne acto de justicia en nuestro país. Sean 6402 víctimas o menos, no debe importar las cifras, lo verdaderamente importante es que este doloroso episodio no se vuelva a repetir.
Las luces y sombras por las que transitaban las víctimas de la violencia en Colombia, en la segunda semana de noviembre, recibieron un respiro por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien negó la libertad a Salvatore Mancuso, y a la vez cuestionó su rol como gestor de paz. El excabecilla criminal, que volvió cenizas los cuerpos de las víctimas, utilizando improvisados hornos para desaparecer la verdad, hoy quiere mostrarse como el arrepentido de labios para fuera, mientras sus herederos paramilitares amenazan con su reaparición en los territorios que años atrás castigaron.
