En los últimos años la expresión «desconectado», que según el diccionario castellano significa falto de conexión, relación, enlace o comunicación, ha tomado otras acepciones que indiscutiblemente le quitan connotación, pues la convirtieron en sinónimo de espectáculo artístico, series de ficción, películas, etc., mimetizando el drama que viven millones de personas, víctimas de la desconexión de los servicios públicos esenciales, bien sea porque no pudieron pagar las expropiadoras tarifas, no han tenido para la primera acometida o viven en territorios remotos donde no llega el Estado, menos el sector privado beneficiado de esa misión, según mandatos de la Constitución Política Nacional, desarrollados en las leyes 142 y 143 de 1994.
Desde allí se deriva todo un marco regulatario que ha llenado de gabelas –garantías a la inversión– que en su mayoría salen del bolsillo de los usuarios-clientes o el Estado, obligados a elegir entre comer o atender la salud, educación o vivienda, para poder cumplirle a las transnacionales, a las cuales les terminaron adjudicando uno de los negocios más lucrativos del mundo.
Cuando se hace un desagregado del crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia se puede advertir que los principales impactos los tienen este tipo de empresas, que aumentan su patrimonio y repatrian sus utilidades producidas a costa de la miseria de millones de nacionales.
Cuando el DANE reveló en el Congreso de Andicom las cifras de conexión a Internet, quedó develado un secreto a voces: Casi el 50 % de los hogares colombianos carecen de una herramienta que se convirtió en vital. Según la entidad, únicamente el 56,5 % de los hogares tiene acceso a la Internet, cayendo la venda que el Gobierno de Iván Duque tendió en los escenarios internacionales, mostrando una Colombia pujante, moderna y desarrollada tecnológicamente.
El dato es aún más grave cuando asevera que en las zonas rurales solo el 23,8 % de los hogares ubicados por fuera de los centros urbanos cuenta con el servicio y los que lo tienen dicen que es de mala calidad. Y eso que existe una ley que declaró este servicio como esencial. Claro, además la plata se la llevan los corruptos.
Pero los desconectados no son solo de la Internet. El abuso permanente de las empresas con el aumento mensual de las tarifas, permitido por el Gobierno, ha conducido a que cerca de 470 mil hogares estén sin conexión del esencial servicio de energía eléctrica, unos 2,5 millones de habitantes.
Además, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, aceptó que en Colombia hay 3.280.000 personas que carecen de agua potable, situación que debe ser más alarmante, puesto que hay denuncias públicas de que cerca de 352 municipios de Colombia no cuentan con acceso a agua potable de calidad.
La situación se hará más agobiante en la medida que desmontan los subsidios de la pandemia y los regulados por la Ley según el estrato, creciendo así el número de desconectados, víctimas de una política de privatización combinada con un Estado indolente.
Hay que destacar a la Liga de Usuarios de Servicios Públicos que viene realizando la atención gratuita a la población con capítulos en los departamentos. ¡Un próximo estallido social podría ser comandado por los verdaderos desconectados!
