En un día normal para cualquiera de los mortales de Bogotá que diariamente utilizan los servicios del transporte masivo de la ciudad para movilizarse a sus lugares de trabajo, estudio y otros a realizar sus cotidianas diligencias, el sistema Transmilenio entró en colapso en tan solo una de sus troncales (quizás la mas concurrida), por la obvia indignación que representa utilizar un modelo de transporte arcaico y que sirve a más de 8 millones de personas sin planeación, tecnología y lo principal, sin ofrecer dignidad.
Las protestas volvieron a evidenciar cuán vulnerable es el sistema (en un metro pesado esto jamás sucedería), pero principalmente volvieron a poner sobre la discusión pública, a un sistema colapsado, que no da abasto, que tiene una de las tarifas más altas de América Latina, que privilegia a consorcios privados y que es un sistema indigno para la calidad de vida de todos los bogotanos que día a día deben utilizar este sistema, ya que por años ha sido imposible construir un verdadero sistema de transporte público multimodal que privilegie al ciudadano del común.
Transmilenio entró en crisis hace mucho tiempo y no se trata de una crisis de un gobierno ni tampoco es de carácter gerencial, independientemente de quien sea el Alcalde, el secretario de movilidad o el gerente de Transmilenio; la crisis del sistema es estructural. Estructural en la medida en que una metrópolis como Bogotá no pueda estar moviéndose con 2.047 buses, 137 estaciones y 9 portales como lo registra en sus cifras Transmilenio, sencillamente no dan abasto para millones de personas y por esa razón a diario, es un acto heroico e inhumano subirse en cualquier bus, de cualquier estación y de cualquier troncal. El único bus digno de Transmilenio se vió el pasado 4 de febrero en el que se montó el señor Alcalde Peñalosa.
Por tanto, las decisiones que ayuden a ir solucionando la crisis, son también de caracter estructural y atraviesa por consolidar un modelo de transporte que involucre el SITP, Transmilenio y quierase o no, el metro pesado. El conjunto interrelacionado de estos sistemas permiten que una ciudad de las dimensiones de Bogotá pueda movilizarse no solamente rápido sino con dignidad, respeto y en el que el ciudadano sepa que las frecuencias son producto de la tecnología y no de sistemas arcaicos como un funcionario de Transmilenio en cada portal con una planilla, dando salida a buses que movilizan miles de personas.
En esa medida, si la crisis estructural del único sistema de transporte que le obligaron a tener a Bogotá hace 15 años se conjuga con el despertar ciudadano que muchos temen, se genera la legitima protesta social que exige una tarifa asequible para los bolsillos de trabajadores y estudiantes, mejores frecuencias de buses, dignidad para utilizar el transporte público. La protesta social será legitima mientras exista una justa causa que la motive.
A la Policía Nacional, a la administración distrital y a los grandes medios de comunicación es importante decirles que la protesta social es un derecho constitucional que debe respetarse, es un derecho que implica el deber de ejercerlo con plena ciudadanía y con total pacifismo y sin vandalismo.
La protesta social es un vehículo político que puede utilizarse siempre respetando los bienes públicos, para hacer pública la inconformidad y la indignación que un ciudadano cualquiera puede tener pero al que no se le ofrecen los medios necesarios para manifestarlos y mucho menos, para solucionarle un problema público como es un mejor sistema de transporte público.
Esperemos entonces que la institucionalidad responda con seriedad al malestar ciudadano, aclarando que el uso del ESMAD no es una respuesta para solucionar los problemas de los bogotanos, el menester de todo gobierno es concertar, dialogar, ofrecer soluciones efectivas y respetar exigencias ciudadanas.
@cafsaavedra
