Tras escándalo internacional que estalló a finales del 2016 por las coimas pagadas por la brasilera Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en distintos países de América Latina, incluido Colombia, el Superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo decretó en febrero 2017 medidas cautelaras y ordenó a la ANI dar por terminada la concesión Ruta del Sol. En septiembre de 2018, en vísperas de dejar el cargo, firmó pliego de cargos por soborno, tráfico de influencias y uso de información reservada contra Episol y Corficolombiana. Lo sucedió Andrés Barreto, quien continúo el proceso que terminó con una multa de $ 88 mil millones.
Los abogados colombianos contratados para defender el Consorcio de la Ruta del Sol controlado mayoritariamente por Odebrecht con un 60% en el que Sarmiento, a través de Episol, de propiedad de Corficolombiana y Aval, tenía una participación del 35% fueron Alfonso Miranda Lodoño, Eduardo Cristancjo Gabriel Ibarra Pardo, este último apoderado de Aval.
En Estados Unidos, donde hace cinco años se inició la investigación de oficio por parte de la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia, en cuanto el Grupo Aval cotiza en la Bolsa Norteamericano, fue contratado uno de los grandes bufetes norteamericanos cuyo nombre ha sido mantenido en reserva por el grupo económico.
La justicia colombiana condenó al representante legal y CEO de Corficolombiana José Elías Melo quien apareció como único responsable por parte de la organización de Sarmiento. Con el acuerdo económico que realizó el grupo Aval y que ascendió a los USD 40 millones que aceptó pagar tras declararse culpable de las coimas de Odebrecht, sus propietarios y directivos quedaron desvinculados a futuro de la apertura de cualquier investigación penal, a pesar de lo drástica de la acusación.
El peso de la multa colombiana del 2018 por parte de la SIC fue importante en el acuerdo con la justicia norteamericana, en cuanto en el proceso le fue reconocido hasta la mitad del valor pagado por Corficolombiana y su filial Epsicol, por lo se descontó USD 20 millones de la sanción total que alcanza más de USD 80 millones, distribuidos en una sanción penal de USD 40.6 millones, más USD 40 millones en concepto de reembolso por daños y perjuicios e intereses.
