La forma en la que han reaccionado en redes sociales muchos seguidores del uribismo a la captura de su líder permite extraer dos conclusiones: primera, los uribistas tienen un profundo desconocimiento de lo que es la democracia (o simplemente la desprecian); segunda, muchos colombianos dan su apoyo a este movimiento por considerarlo defensor de los privilegios sociales y económicos de un grupo social minoritario. En otras palabras, el uribismo parece ser un movimiento político que recoge los sentimientos y opiniones de aquellos colombianos que se identifican con la antidemocracia y la exclusión social.
Estas conclusiones se desprenden de las campañas que en redes sociales han emprendido los uribistas en torno a, por lo menos, tres ideas:
1. Llamados a despedir empleados que manifiesten satisfacción por la captura del senador Uribe (o a empleados con “ideas de izquierda”).
2. Ataques a la Corte Suprema de Justicia señalándolos en múltiples memes y comentarios como “auxiliadores del terrorismo”.
3. Convocatorias a movilizaciones a favor del senador Uribe bajo un claro sesgo clasista en los que se coloca el énfasis en el hecho de que, supuestamente, los uribistas se manifiestan en vehículos de alta gama, a diferencia de “los mamertos”.
En primer lugar, el llamado a despidos de empleados que no sean adeptos al uribismo es antidemocrático porque convoca a una violación organizada y sistemática de una libertad fundamental para una democracia: la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es ese derecho que tenemos todos a profesar las ideas y opiniones que deseemos (especialmente en materia política y siempre y cuando no promuevan ellas mismas la negación de la propia democracia) sin padecer el temor de ser perseguidos por ello. Esta es una libertad esencial que distingue a las democracias de las dictaduras.
En segundo lugar, los ataques a la Corte Suprema de Justicia por la captura de Uribe muestran que se desconoce (¿o se desprecia?) lo que es el Estado de derecho, armazón esencial de una democracia que garantiza, entre otras cosas, que quienes ejercen (o han ejercido) el poder político no estén por encima de la Ley. El Estado de derecho es una protección de los ciudadanos frente a posibles arbitrariedades desde el poder.
Por último, las convocatorias clasistas a las movilizaciones a favor del senador muestran que lo que muchos ven en el uribismo y la razón por la cual lo apoyan, es que lo perciben como el partido defensor del privilegio económico y social. El uribismo es para estas personas el movimiento que garantiza que las desigualdades sociales se mantengan y que el reducido número de privilegiados pueda mantener su estatus sobre las mayorías. Es claro que la inmensa mayoría de quienes acuden a estas movilizaciones no son los “grandes privilegiados” de Colombia. No son los banqueros, grandes industriales, terratenientes (legales e ilegales) o, en general, el 1% de los más ricos del país. Sin embargo, en un país con una desigualdad social tan marcada el solo hecho de poseer unos cuantos bienes poco asequibles para la gran mayoría (un carro alta gama, una casa en un barrio estrato 5 o 6) ya hace sentir a estos no-pobres que pertenecen a un sector privilegiado de la sociedad. Entre tanta pobreza no hace falta mucho para destacar.
Este tipo de situaciones no son simples anécdotas. Más bien reflejan claramente las razones que tienen muchos colombianos para seguir al uribismo. Se trata pues de una elección deliberada en contra de la democracia y a favor de la exclusión social.
