Ministros, gobernadores, congresistas y empresarios han estado envueltos en los casos de corrupción más aberrantes en los últimos 16 años. Estos son los trece hombres que han sido condenados por haberse robado cerca de $150 mil millones en poco menos de dos décadas. Son decenas más los que tienen investigaciones abiertas que podrían ir a la cárcel en cualquier momento.
Alejandro José Lyons Muskus
Nacido en Sahagún Córdoba, fue el gobernador más joven de la historia del país en el 2012 con el apoyo de sus coterráneos Musa Besaile y Bernardo “El Ñoño” Elías. Tenía 30 años. No tenía experiencia política, había sido abogado de varios políticos relacionados con paramilitares como fue el caso de Salvador Arana, exgobernador de su departamento quien paga 40 años de prisión por el asesinato de Tito Díaz, alcalde del Roble, municipio de Sucre. En mayo del 2017 la Fiscalía lo acusó de 20 delitos, el más grave de todos el del saqueo del Sistema General de Regalías del Fondo de Innovación Ciencia y Tecnología del departamento de Córdoba. Lyons se habría quedado con $10 mil millones. También pesan sobre él las acusaciones de haber estado al frente del Cartel de la Hemofilia que saqueó los recursos de la salud en su departamento. En febrero de 2018 fue condenado a cinco años de cárcel y una multa de 4.000 millones.
Luis Gustavo Moreno
En septiembre de 2016 Néstor Humberto Martínez nombró Luis Gustavo Moreno como el nuevo fiscal anticorrupción, pero nueve meses después era capturado por corrupción. Moreno, quien había armado una poderosa clientela cuando litigaba ante la Corte Suprema de Justicia antes de su nombramiento, confesó haber recibido y gestionado sobornos para torcer los fallos y favorecer a sus protegidos. Hoy está extraditado en los Estados Unidos acusado por lavado de activos, pero antes de irse dejó la advertencia que prendería el ventilador y daría por lo menos 26 nombres con todos los detalles de políticos que habrían pagado para salir bien librados en la Corte.
El primer caso que se conoció fue el del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien, según Moreno, pagó $ 20.000 millones al exmagistrado Camilo Tarquino para resolverle todos los problemas con la justicia. Pero poco a poco la lista se fue extendiendo y nombres como los de Musa Besaile, quien confesó haber pagado $ 2.000 millones para que el exmagistrado Gustavo Malo frenara una orden de captura en su contra por parapolítica. Pero la llave más efectiva que armó Moreno fue con los magistrados Francisco Ricaurte, detenido en La Picota, y Leonidas Bustos, también investigado por el Cartel de la Toga. Al final, se negociaban honorarios hasta de $ 3.000 millones por cada proceso que terminara en buen puerto. LINK nota luis gustavo moreno
Bernardo “Ñoño” Elías
El 1 de marzo de 2018 el exsenador Bernardo Elías fue condenado a 6 años y 8 meses por el escándalo de Odebrecht. Según los testimonios de Eleuberto Martorelli, Gabriel Alejandro Dumar y Otto Bula, la empresa brasilera convirtió al exsenador de la U en un instrumento para lograr la contratación de la construcción del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2. El Ñoño Elías recibiría, por el favor, el 2% del contrato. También gestionó otros proyectos como el puente del tramo San Lorenzo-La Lizamaque que le dejaría a él como recompensa $7.500 millones. En total, el Ñoño se habría embolsillado unos $ 14 mil millones.
Musa Besaile
El 30 de agosto de 2017 el exsenador nacido también en Sahagún confesó haberle pagado $2.000 millones al ex Fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno en 2015 para evitar ser capturado en un proceso de parapolítica. Besaile también es investigado por el escándalo de Odebrecht y el saqueo a Córdoba, su departamento.
Andrés Felipe Arias
El 16 de julio del 2014 el exministro Andrés Felipe Arias fue condenado a 17 años y cinco meses de cárcel por los delits de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales derivado del escándalo de Agro Ingreso Seguro. En el año 2009 el gobierno Uribe lanzó el programa destinado a ayudar al campo colombiano. En ese mismo año la revista Cambio denunció que este había beneficiado con $ 25.000 millones de pesos a cuatro familias entre las que se contaba la familia de Juan Manuel Dávila Jimeno, esposo de la ex reina nacional de la belleza Valerie Domínguez. Narcotraficantes como Ismael Pantoja Carrillo alias el Negro quien en el 2007 recibió un subsidio de 194 millones de pesos. En este momento está detenido en Estados Unidos.
Otto Bula
El exsenador pactó con la Fiscalía 5 años de cárcel y pagar una multa de $6.600 millones como condena por presuntamente haber recibido parte de un soborno de Odebrecht que ascenderían a los USD$4.6 millones en agosto del 2013 para quedarse con una parte el tramo de la vía Ocaña-Gamarra.
Gabriel García Morales
El 12 de diciembre del 2017 la Jueza 31 de conocimiento de Bogotá condenó a 5 años y dos meses y una multa de $63 millones al exviceministro de Transporte del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía investigó a García Morales por haber recibido USD$ 6.5 millones para que en diciembre del 2009, cuando era director encargado del Instituto Nacional de Concesiones –hoy Agencia Nacional de Infraestructuras- diera a dedo a la constructora brasilera Odebrecht el contrato de Ruta del Sol II para que se conectara la carretera de Villeta con la Troncal Caribe.
Francisco ‘Kiko’ Gómez
Es uno de los seis gobernadores de La Guajira destituidos en los últimos 18 años. Gómez fue condenado a 52 años por homicidio pero a su dossier hay que agregarle un capítulo entero de corrupción. En el 2013 fue destituido e inhabilitado por 12 años por irregularidades en la contratación de seguridad y vigilancia privada para funcionarios y entidades departamentales.
Samuel Moreno Rojas
Fue destituido de la alcaldía mayor de Bogotá, en mayo de 2011 señalado de participar en el denominado caso del “Carrusel de la Contratación”. Uno de los más grandes casos de corrupción contra los dineros públicos de la capital. El delito consistió en otorgar contratos del Distrito a cambio de millonarias coimas. El exfuncionario electo por el Polo Democrático en 2008, fue encontrado culpable por haber cobrado una comisión para adjudicar un contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá. Por este mismo caso del “Carrusel de la Contratación” fue condenado su hermano Néstor Iván Moreno a 14 años de prisión por millonarios sobornos de concejales, empresarios y contratistas para otorgar distintos contratos viales en la capital. Se calcula que los hermanos Moreno habrían recibido unos $ 15 mil millones de pesos por comisiones para adjudicarles contratos al grupo de contratistas Nule. Además, Samuel se habría quedado con una tajada de 1 millón y medio de dólares por el caso de las ambulancias.
El Grupo Nule
Los hermanos Miguel y Manuel Nule, junto con su primo Guido Nule fueron un trío empresarial muy prometedor en su momento. Hijos de exsenadores y exgobernadores oriundos de Sucre, los Nule siempre tuvieron una relación cercana al Estado. Por medio de su emporio empresarial y la trayectoria política de la familia, el grupo Nule logró la adquisición de varias licitaciones en obras públicas en Bogotá. La troncal de Transmilenio sobre la calle 26, la doble calzada en la vía Bogotá – Girardot y la renovación de la valla vial de la capital fueron algunos proyectos que ilegalmente cayeron en manos de los Nule. Con el pago de coimas, sobornos y repartición de comisiones entre la administración de Samuel Moreno y los contratistas del grupo Nule, se estima que el erario público colombiano perdió más de $ 300.000 millones de pesos. Sin embargo, las perdidas por el llamado carrusel de la contratación pueden ser mucho mayores a lo estimado, de lo cual poco o nada se ha podido recuperar.
Oneida Pinto Pérez
Es una antigua cacica de la política regional de la Guajira. Dos veces alcaldesa del municipio de Albania y gobernadora del departamento. La Fiscalía la señaló de haber incurrido en irregularidades en la contratación del municipio de Albania por $ 16.800 millones de pesos destinados a la atención de los niños con problemas de desnutrición y la disminución de la mortalidad infantil. De ese contrato se calcula que se desaparecieron $ 6.591 millones de pesos y varios testigos del caso aseguraron que parte de ese monto fue llevado directamente a la casa de la exmandataria guajira. Pinto Pérez fue detenida en marzo de 2017 pero fue puesta en libertad en junio de este año por presunto vencimiento de términos. El departamento de La Guajira padece la tasa más alta de mortalidad infantil en toda Colombia. Tan solo de enero a marzo de 2018 se presentaron 16 muertes por desnutrición infantil en esa región y de acuerdo con cifras de la Unicef, el 90% de los niños no pueden acceder a servicios primarios como agua y saneamiento.
Ante la cantidad de casos mencionados y muchos más por contar, la rabia ciudadana se expresará en la consulta anticorrupción del próximo domingo. La exigencia de la ley es muy alta, requiere más de doce millones de votos.
