En la última campaña a la presidencia se acrecentó en el país la polarización. Se necesitó ir a una segunda vuelta entre la extrema derecha y la izquierda para definir el ganador. La primera opción ganó con Iván Duque al alcanzar 10,3 millones de votos, frente a los 8 millones de Gustavo Petro. Esta fue la elección con mayor participación en Colombia con un 53%, pero también donde la izquierda alcanzó su máximo histórico. El país quedó dividido entre dos visiones sobre cómo abordar la solución de los problemas y el gobierno de Duque no ha tenido la habilidad para interpretar la realidad nacional, ni escuchar a los jóvenes como nuevos actores activos en las demandas sociales y políticas.
Desde que el gobierno inició se hizo evidente la falta de preparación del presidente Duque como verdadero estadista al no dar respuesta a los diferentes clamores de la sociedad, ni construir una buena relación con el Congreso como vocero del pueblo. A continuación, se exponen los principales sucesos que han llevado a la pérdida de legitimidad del gobierno y el creciente descontento ciudadano.
En campaña presidencial, por los efectos electorales, el candidato Duque también se sumó al apoyo de la consulta anticorrupción con siete puntos claros, iniciativa que surgió en los partidos de oposición y alternativos. Sin embargo, otra fue la posición del presidente Duque y su partido de gobierno (Centro Democrático) a la hora de la consulta popular el 26 de agosto de 2018. No la apoyaron y abiertamente la atacaron. A pesar de ello, más 11,5 millones de personas la votaron a favor y faltaron menos 500 mil votos para alcanzar el umbral requerido.
Los estudiantes principalmente de las universidades públicas se han manifestado frecuentemente desde el segundo semestre de 2018 contra este gobierno, exigiendo más presupuesto y gratuidad de la educación pública. En ese momento solicitaban reunirse con el presidente, pero él no accedió y prefirió recibir al cantante de música urbana Maluma y después a los rectores de las universidades. Desde ese momento los estudiantes han sido protagonistas en las manifestaciones ciudadanas en las calles, solo faltó una reunión para escucharlos.
También dedicó casi un año de gobierno a un capricho que solo clamaba su partido. Hasta mayo de 2019 su bandera fue la necedad de objetar seis artículos de la Justicia Especial de Paz (JEP), a lo que la Corte Constitucional y el Congreso de la República le dieron un no rotundo por no argumentar las inconveniencias a las objeciones a la JEP. ES claro que la sociedad quiere cuanto antes la implementación de la paz y el gobierno solo la dilata.
Por otro lado, una de las principales de leyes que promovió el gobierno fue la de financiamiento (reforma tributaria), la cual fue aprobada el 28 de diciembre de 2018; no obstante, por vicios de procedimiento fue declarada inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional el 16 de octubre de 2019. Finalmente, esta reforma fue aprobada con poca socialización y gran impopularidad.
A nivel legislativo, el Congreso elegido en 2018 fue mayoritario para conformar una amplia coalición afín al gobierno. Claro que a los pocos meses esa mayoría se desvaneció. Hoy una fuerte oposición es la que gana las pujas al gobierno en el Congreso. Acá vale la pena citar otros ejemplos diferentes a la JEP: i) el Plan de Desarrollo fue aprobado en la fecha límite; ii) varios partidos han anunciado que no la apoyarán la nueva reforma tributaria; y iii) recientemente la candidata del gobierno para reemplazar al fallecido magistrado Heriberto Sanabria en el Consejo Nacional Electoral fue derrotada.
Otro punto que ha tenido fuerte repudio por la sociedad y la comunidad internacional ha sido el recurrente y sistemático asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país. Según Indepaz, en lo corrido de este gobierno los criminales ya han silenciado la voz de más de 200 líderes. El gobierno ha sido tibio para emprender acciones que cesen estos miserables y abominables asesinatos, así como con la celeridad y justicia de las investigaciones que conduzcan a los responsables.
Todos estos hechos y la falta de liderazgo del presidente Duque han hecho que desde que inició su gobierno la imagen favorable sea decreciente, llegando a niveles tan bajos que ningún otro presidente había alcanzado. La última medición en noviembre del Centro Nacional de Consultoría ubica su favorabilidad en tan solo el 28%. Esto se concatena con los recientes resultados de las elecciones regionales del 27 de octubre, donde el gran perdedor fue el partido de gobierno. El CD no ganó ninguna de las principales gobernaciones y alcaldías en disputa; la decisión ciudadana fue de voto de castigo a Duque. Esto indica que el país cambió, hay un nuevo electorado que no se siente identificado con los extremos, se cansó de esperar respuestas de ellos y por ello migró a opciones más hacia el centro.
En consecuencia, los anteriores problemas mencionados (como la percepción de corrupción e impunidad para quienes la comenten, el letargo en la implementación del proceso de paz, los asesinatos de los líderes sociales, la regresiva reforma tributaria, la demanda de más recursos y gratuidad para la educación pública, entre otras) son causas de los promotores del paro nacional que vive el país desde el 21 de noviembre. A la fecha el gobierno del presidente Duque no ha podido calmar los ánimos, ni llegar a un consenso con los promotores del paro, ni con una respuesta creíble a sus demandas sociales y económicas.
Lo último que ha hecho el gobierno y después de reiteradas declaraciones negándose a escuchar los planteamientos de los promotores del paro nacional es convocar a un diálogo nacional con ellos y otros sectores, pero que tendrá desarrollo desde ahora y hasta mediados de marzo de 2020; propuesta que no es aceptada por los promotores, quienes se levantaron de la mesa.
Ahora bien, una cosa es el diálogo social y otra el “estado dialogante” que denominó Álvaro Gómez, el primero exige cronogramas y temas precisos para tratar lo fundamental, mientras el segundo es un estado de conversadera permanente que no conduce a nada. ¿Cuál de los dos estará en la propuesta de diálogo nacional del gobierno?