¿Los tres responsables de los fallos adversos de La Haya?

Los abogados internacionalistas Rafael Nieto Navia, quien se acerca a los ochenta años pero con la vitalidad de un joven de veinte, y Juan Daniel Jaramillo Ortiz, quien ronda los cincuenta, son los dos juristas colombianos que mejor se mueven en el mundo del ejercicio global del derecho. Esto es Corte Internacional de Justicia, Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo, Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo y arbitraje entre Estados alrededor de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Asesoran a gobiernos en temas de alto calado internacional, en ramas del derecho en las que ninguna firma colombiana y muy pocas latinoamericanas han podido ingresar.

En un solo un mes pueden saltar de La Haya a Lagos, Bangalore, Hamburgo, Montreal y Tokio. A estos dos juristas de bajo perfil --pero de renombre global-- recurrió el presidente Juan Manuel Santos cuando el país recibió el golpe de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en noviembre 19 de 2012, fecha fúnebre para el país.

La primera comisión de Santos

Nieto Navia y Jaramillo Ortiz aceptaron vincularse a la comisión designada por Santos, donde también aparecieron sorpresivamente, el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta y el exmagistrado Manuel José Cepeda. El primero reconocido administrativista y el segundo constitucionalista, sin experiencia alguna en tribunales judiciales internacionales.  Sin embargo, a Arrieta lo acreditaba su amistad íntima con la canciller María Ángela Holguín, quien fue secretaria privada suya en sus años de Ministerio Público en el gobierno Gaviria.

Manuel José Cepeda venía manejando, como lo hace hoy, un gran paquete de  contratos multimillonarios con la Presidencia de la República, desde el manejo de las crisis originadas en las inundaciones a asuntos de defensa nacional, paz, justicia transicional, cabildeo y cuestiones laborales, pasando por varios otros temas. Son miles y miles de millones asociados a buena parte de los escándalos más protuberantes de este gobierno.

En este grupo fueron designados, así mismo, el sanadresano Joaquín Polo Montalvo, cuyos pasos por la dirección de Estupefacientes y el DAS en las administraciones Samper y Uribe estuvieron plagados de escándalos y serios cuestionamientos entre ellos de Enrique Santos Calderón, como también el experto en asuntos marítimos Luis Ricardo Paredes Mansfield, internacionalista de bajo perfil pero gran renombre. El veterano diplomático de carrera Andelfo García, entonces embajador en Tailandia, fue el otro nombrado. Con una incomodidad nunca disimulada Nieto y Jaramillo entraron a formar parte del grupo.

El grupo abordó los complejos temas y muy pronto, pudo establecer Las2orillas, emergieron muy fuertes discrepancias entre Nieto y Jaramillo, de un lado, y Arrieta de otro. Los dos primeros propusieron la elaboración de un decreto complejo y minucioso que desarrollara la ley 10 de 1978 por la que se dictan normas para regular el mar territorial, zona económica exclusiva y zona contigua, figuras del derecho internacional del mar. Esto a través del trazado de las llamadas líneas de base rectas, que son los extremos más salientes de las costas.

Tanto Jaramillo como Nieto han adelantado esta tarea para varios países. La ley 10, obra mayor del gobierno de Alfonso López Michelsen y su famoso canciller de las aguas  Indalecio Liévano Aguirre --a quien se acredita el doblamiento efectivo del territorio nacional por cuenta de su hábil gestión diplomática-- permanecía después de casi 35 años en las gavetas oficiales.

Nieto y Jaramillo la recuperaron centrando su labor en el trazado complejo de líneas de cerramiento del archipiélago, en esfuerzo por concretar la idea de archipiélago de Estado, propuesta por el también internacionalista Enrique Gaviria Liévano cuyo ingreso a la comisión fue vetado por la canciller Holguín al parecer por antipatía personal  desde la época en que ambos fueron funcionarios de la administración Samper. Nieto y Jaramillo hicieron saber la necesidad imperiosa de que Enrique Gaviria estuviese en los trabajos pero Holguín se opuso rotundamente.

Las divergencias se ahondaron. Se sabe que Nieto Navia estuvo varias veces a punto de abandonar el grupo frente a lo que vio como obstaculización de Arrieta quien se autonombró con la anuencia implícita de Holguín en una especie de jefe del grupo y enlace con el gobierno. Jaramillo protestó privadamente varias veces ante la canciller e hizo saber su  desagrado al presidente Santos.

El punto de quiebre fue cuando Arrieta alejó a Nieto y Jaramillo de la cúpula de la Armada Nacional cuando se precisaba el sentido y alcance del decreto de líneas de base. A una reunión regresó Arrieta con el texto legal modificado sin consulta alguna con los miembros de la comisión. El nuevo proyecto de decreto pasaba por encima de principios de derecho del mar y fue este día cuando Jaramillo Ortiz tuvo en el Palacio de San  Carlos un fuertísimo enfrentamiento verbal con Holguín y Arrieta según lo relató a Las2orillas una persona que tuvo información directa del hecho.

Fue tras este encaro cuando Nieto y Jaramillo se retiraron del grupo en extremo molestos. No sin que Jaramillo y la canciller Holguín tuvieran otro choque público cuando esta última acuso al internacionalista de filtrar el texto del decreto al diario El Espectador. Se sabe que Jaramillo la amenazó privadamente con demandarla por injuria y calumnia y para el efecto alcanzó a otorgar poder a un prestigioso colega penalista suyo para denunciarla.

En uno de los programas Hora 20 que dirige la periodista Diana Calderón, Jaramillo y Arrieta volvieron a enfrentarse al punto –dijo a las2orillas un participante– que el prestigioso internacionalista tuvo que ser frenado  para evitar que se fuera a golpes con un puñetazo a quien hoy se advierte como el gran responsable del fracaso en La Haya.

Lo que hay detrás

Nieto y Jaramillo encontraron que la única forma viable de reunificar el archipiélago de San Andrés y Providencia, hecho trizas por el fallo de noviembre de 2012 era el trazado hábil de las líneas de base rectas, procedimiento admitido por la Convención del Mar de la ONU de 1982. Era la única forma de no pugnar con el fallo. En su lugar, se elaboró un exótico decreto que crea unas zonas continuas marítimas integrales, inexistentes en derecho internacional del mar, que el fallo de la semana pasada se adelantó a calificar de inadmisibles.

Jaramillo tomó la posición de que el fallo de 2012 se llevaba por delante la propia jurisprudencia de la CIJ y como resultado de su ilegalidad Colombia no podía aplicarlo y estaba en la obligación de actuar en consecuencia. Con Nieto avanzó la tesis dentro de la comisión de que el retiro del Pacto de Bogotá debía ser inmediato y surtirse a través de una nota radicada por el embajador de Colombia en La Haya, representante oficioso del país en este organismo, no por el agente nacional para dejar claro que ya no hacía parte de ningún proceso.

Así, no se aceptarían más demandas de la CIJ a partir de la radicación de la nota en diciembre de 2012 y la denuncia del Pacto de Bogotá. El abogado Paredes Mansfield se alineó en esta tesis con Jaramillo y Nieto. Pero Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda con la canciller Holguín consideraron que Colombia debía quedarse un año más. Si hubo antes quiebre, este fue el final. La comisión recomendó el retiro postergado de Arrieta, Cepeda y Holguín.

Nieto y Jaramillo, por fuera ya de la comisión, hicieron saber su posición en numerosas entrevistas de televisión y sus propias columnas en El Nuevo Siglo. Las2Orillas revisó este material y encontró los graves riesgos que efectivamente se materializaron: habría nuevas demandas, como sucedió.

La alternativa del abogado Manuel José Cepeda de poner al Presidente de la República a demandar el Pacto de Bogotá en la Corte Constitucional para neutralizar a la Corte de La Haya no sirvió para nada. Al contrario, en los fallos leídos el 17 de marzo se repite una y otra vez, hasta la saciedad, que los jueces internacionales son y serán competentes con base en el Tratado de 1948 firmado en la sede del colegio Gimnasio Moderno.

Vistos los sucesos en perspectiva resultan oportunas y sensatas las previsiones de Nieto y Jaramillo con el apoyo de Paredes Mansfield pues si  hubieran sido atendidas Colombia se habría salido por la puerta grande, aduciendo razones legales y no expedientes de última hora que el argot popular ha identificado con un ´pateo de mesa´.

Pero si esta es la desfavorable denominación doméstica, la internacional está por empezar e incluirá muy seguramente una condena a Colombia.

Todo estuvo previsto

Puede sorprender que la cadena de cuatros fallos desfavorables a Colombia desde 2007 estaba cuidadosamente proyectada si no se seguían las recomendaciones de una comisión de muy alto nivel creada por el presidente Ernesto Samper Pizano en 1996. A raíz de las informaciones llegadas al jefe del Estado en el sentido de que Nicaragua efectivamente demandaría a Colombia, este mandatario cuestionado moralmente tuvo el destello de sensatez de convocar al mejor grupo de abogados internacionalistas externos y domésticos para evaluar en frío, sin el apremio de una demanda aunque si la certeza de que se daría, cuáles eran los escenarios fácticos y las salidas jurídicas que tenía Colombia.

Para encabezar la comisión fue encargado el ex presidente Alfonso López Michelsen quien, en la segunda parte de su vida, se tomó la tarea de estudiar concienzudamente derecho internacional y tomó a pecho su pertenencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Se invitaron además los expertos abogados internacionalistas Germán Cavelier Gaviria y Carlos Holguín Holguín. A petición de tres miembros –López, Cavelier y Holguín y dos de los extranjeros sir Neville Maryan Green y Santiago Torres Bernardez Samper reintegró rápido el grupo con un nombre más joven que todos, Juan Daniel Jaramillo Ortiz, entonces académico de tiempo completo y directivo de la Universidad de La Sabana.  Ocasionalmente participó el entonces embajador permanente en la ONU Julio Londoño Paredes cuya opinión sobre límites fue escuchada pese a no ser abogado internacionalista experto.

Se escogieron los nombres de los expertos extranjeros que fueron el francés Prosper Weil, sir Neville Maryan Green y Arthur Watts [británicos] y el ex secretario de la Corte de La Haya Santiago Torres Bernárdez [español]. Cada uno preparó independientemente su informe y tras la entrega se iniciaron discusiones que tuvieron lugar seis veces entre las ciudades de Paris y Bogotá.

El presidente Samper, pese a las turbulencias de su gobierno, quiso dirigir personalmente el grupo y se compenetró con los trabajos. Juan Daniel Jaramillo le dijo a Las2orillas que las reuniones se llevaban a cabo en la propia casa privada del Palacio de Nariño y Samper no quiso delegar las labores de dirección en sus cancilleres. Estimó que era una obligación de defensa de soberanía que requería la presencia continua del jefe del Estado.

Dato importante es que Samper solicitó a Holguin, Cavelier y Jaramillo  [no políticos militantes pero los tres conservadores] mantener informados del desarrollo de actividades a los jefes naturales del conservatismo, el ex presidente Misael Pastrana Borrero y Álvaro Gómez Hurtado, no obstante la oposición inclemente que los dos adelantaban contra el gobierno.

Las conclusiones tras meses de discusiones jurídicas muy complejas en Europa y Colombia fueron en términos generales las siguientes:

1. Si Colombia deseaba blindarse jurídicamente y evitar cualquier demanda nicaragüense era preciso retirarse tanto del Pacto de Bogotá de 1948 como del Tratado-Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El retiro debía ser simultáneo y doble.
2. Si no se deseaba el retiro de los dos tratados o de uno de ellos, Colombia tendría que preparar una estrategia multifacética, cuya primera opción era tener lista una demanda reconvencional a Nicaragua por la comisión de un acto jurídico ilegal internacional al declarar unilateralmente inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas en 1980. La demanda reconvencional significa que el gobierno contrademanda tan pronto se le notifica la demanda presentada.
3. Estando vinculado a la CIJ, Colombia tenía la posibilidad de demandar en frío a Nicaragua por la comisión del acto jurídico internacional.
4. En ningún caso podía Colombia acogerse, en ningún estadio de un conflicto jurídico, acogerse a la figura de las excepciones preliminares y decir a la Corte que no era competente para conocer el caso. Teniendo títulos jurídicos suficientes era un error de estrategia pugnarse con este organismo (exactamente lo que hicieron las administraciones Uribe y Santos).
5. La opción de no hacer nada no era aceptable ya que Nicaragua había anunciado su propósito de demandar (como en efecto ocurrió tres años después).
6. Si existía una controversia jurídica, en contra de lo que sostuvo el gobierno de Julio César Turbay Ayala cuando se denunció el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. La posición de Colombia era que no existía controversia.
7. Trazado de líneas de base rectas entre todas las porciones insulares del archipiélago de San Andrés y Providencia, como lo ordenó una ley impulsada ante de dejar el caro el canciller de López Michelsen, Indalecio Liévano Aguirre.
8. Germán Cavelier y Juan Daniel Jaramillo fueron los dos únicos miembros de la comisión que dejaron constancia de que la opción acogida tendría que ser el retiro doble e inmediato del Pacto de Bogotá y de la Corte Internacional de Justicia, en un gesto que dejó en claro que primaba más su condición de colombianos que de abogados internacionalistas. En ello fueron apoyados por el español Santiago Torres Bernárdez.

Pese a ser miembro regular de la comisión de consulta, como la llamó Samper, Juan Daniel Jaramillo asumió el papel de secretario ejecutivo o relator y fue él la persona encargada de elaborar las conclusiones en la última reunión en París en un documento de casi cien páginas  que recibió el consenso de todos los abogados.

Apenas pasados sus treinta años, Jaramillo fue quien en el verano de 1995, cumpliendo deberes en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, tuvo como jefe al profesor vistante Ian Brownlie, procedente de la Universidad de Oxford, gigante del derecho internacional en la última parte del siglo XX, y fue él quien le contó informalmente a Jaramillo entre preparación de clases y conferencias en pleno Palacio de la Paz, donde opera la Academia, que se encontraba trabajando desde el año anterior en una demanda contra Colombia. Jaramillo  le comunicó inmediatamente el hecho al ex presidente Alfonso López Michelsen y al dirigente Álvaro Gómez Hurtado. La noticia llegó así a Samper vía López quien confirmó así otros informes diplomáticos en el mismo sentido.

Desastres que dolorosamente llegaron

En 1998 los trabajos fueron entregados al nuevo gobierno. Todo lo que se sabe es que en diciembre de 2001, Nicaragua demandó finalmente a Colombia. La respuesta fue sorprendente: retiro de uno sólo de los tratados que vinculaban a Colombia a la Corte de La Haya un día antes de la presentación de la demanda: apartándose del Estatuto de la CIJ, se dejó abierta la puerta del Pacto de Bogotá por donde finalmente se coló Nicaragua.

Pasó el plazo para presentar la demanda reconvencional sin que nada se hiciera. Nunca se demandó en frío a Nicaragua por la comisión de un acto jurídico como se había recomendado por Cavelier y Jaramillo y también el internacionalista Alberto Lozano Simonelli.

Y se presentaron excepciones preliminares en 2003 en contra de las recomendaciones de la comisión encabezada por López Michelsen. Fueron declinadas en 2007 por la CIJ lo cual no fue ninguna sorpresa para los expertos. Y vino el fallo definitivo de 2012 que enclavó al Archipiélago de San Andrés y Providencia. Vuelve Juan Daniel Jaramillo otra vez: predijo el fallo con exactitud aterradora en sus columnas de El Nuevo Siglo y en una extensa entrevista a Semana desde Boston donde residía dedicado a la vida académica, retirado de la ONU.

Viene el gobierno Santos y los episodios relatados en este informe. Y otra vez se ignoraron las recomendaciones de la comisión López Michelsen: se mantuvo la pertenencia al Pacto de Bogotá, se admitieron no una sino dos demandas, no se presentaron demandas reconvencionales y –la tapa– se presentaron excepciones preliminares de nuevo. Es decir, la receta perfecta para el fracaso.

Vinieron dos fallos traumáticos para Colombia el pasado 17 de marzo y el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de no comparecer más. Pero hay algo de inmensa gravedad, descrito por Jaramillo, en su columna de El Nuevo Siglo de marzo 28 y es que él mismo, Rafael Nieto Navia y dos abogados franceses contratados [Serge Sur y Carlo Santulli] como también el británico Robert Volterra recomendaron tras el fallo de 2012 el retiro ipso facto del Pacto de Bogotá y dejación de la Corte de La Haya mediante comunicación a este organismo de que no se admitirían más demandas. Así lo han hecho varios países.

Se desatendieron estas prescripciones, las recomendaciones de la comisión López Michelsen de hace 20 años y, lo que es más grave todavía, la propia experiencia desafortunada colombiana con la presentación de excepciones preliminares.

Al presidente Santos no lo quedó otra opción, cincuenta minutos después de la lectura de los últimos dos fallos, que anunciar la no comparecencia de Colombia en los procesos. ¿Se evaluaron las consecuencias de semejante decisión? Es una respuesta que están obligados a dar la canciller Holguín y los agentes Arrieta y Cepeda. El propio presidente Santos dijo dos días después que una decisión que ha debido ser tomada mucho antes. Lo cual deja al desnudo la improvisación y responsabilidad de los tres gestores colombianos de la defensa nacional en La Haya.

Una cosa es salir por la puerta grande con argumentos de naturaleza legal que cuestionen un fallo definitivo de la CIJ, lo cual se habría podido hacer tras el de noviembre de 2012, y otra retirarse el día mismo de dos fallos que no le son favorables , arguyendo puntos débiles, como lo hizo Colombia el pasado 17 de marzo.

El país enfrenta ahora el hecho ineludible de que la CIJ continuará con el proceso en ausencia de defensa formal. Ya se declaró competente para conocer la demanda sobre la plataforma continental extendida y no lo hará para decir que todo sigue igual. En sus alegatos Colombia admite que Nicaragua tiene derecho imperfecto o latente sobre la porción submarina más allá de las 200 millas náuticas en fondos marítimos donde se sabe que hay depósitos gasíferos y petrolíferos de gran tamaño.

Carlos Gustavo Arrieta ha dicho que el fallo saldrá en tres o más años como lo hacen algunos medios. Vuelve a confundir el agente al país y al propio Presidente de la República. Se sabe que fallos con no comparecencia se aceleran y todos los expertos extranjeros como nacionales consultados por Las2orillas coinciden en que será Santos quien reciba los dos fallos finales que serán muy posiblemente duramente lesivos de la integridad territorial.

Carrusel de ‘amiguismo’ y contratos

De esta amarga experiencia que vive Colombia queda en la raíz el amiguismo y los contratos con el Estado. En la primera comisión presidida por López Michelsen se advirtió a los abogados extranjeros que los honorarios debían ser moderados y los miembros colombianos no cobraron un solo centavo. Cuatro viajes a París y Londres que hicieron hace 20 años López Michelsen, Cavelier, Holguín Holguín y Jaramillo Ortiz fueron sufragados de su propio peculio.

Ver: ¿Cuánto cobraron los abogados por la última defensa de Colombia contra Nicaragua?

Demandada Colombia en 2001 se inaugura en forma el carrusel de los amiguismos y los odios, de un lado, y muy cerca el de los contratos multimillonarios que ha pasado por las narices del procurador Alejandro Ordoñez sin que diga él una palabra. El canciller Guillermo Fernández de Soto [gobierno Pastrana] deja pasar más de tres años sin hacer nada y sólo actúa un día antes de la demanda en una reacción que le ha costado muy caro a Colombia.

Su interés pareció estar centrado en alejar a Rafael Nieto Navia y a Juan Daniel Jaramillo, quienes desde La Haya como altos funcionarios de la ONU vieron con angustia en que forma se acercaba la demanda nicaraguense con las movidas hábiles del embajador nicaragüense Carlos Arguello Gómez sin que Colombia reaccionara. Pero el canciller Fernández de Soto fue más lejos: abierta la posibilidad de que Nieto Navia ocupara una silla en la Corte Internacional de Justicia, se dedicó a torpedear la candidatura con el argumento de que Nicaragua se podía molestar.

Llegado el gobierno Uribe, el nuevo embajador en La Haya Francisco José Lloreda tuvo la prioridad de atacar sin fundamento la idea de archipiélago de Estado del jurista Enrique Gaviria Liévano, contratado en esta administración. Sin argumento sólido alguno –Lloreda no es internacionalista– este funcionario se empeñó en sacar a Gaviria hasta que lo logró. La canciller Carolina Barco dejó la dirección del proceso en Fernández de Soto y Londoño Paredes [quien ni siquiera es abogado].

Llegado el primer fallo adverso a Colombia, estos dos lo presentaron como un triunfo nacional empujado por ellos mismos en un acto de cinismo que sólo ahora empieza a entenderse. López Michelsen, Cavelier, Holguín y los cuatro abogados de la primera comisión fallecieron todos. Quedó sólo Juan Daniel Jaramillo quien de ser amigo del presidente Uribe desde mucho antes de su gobierno se alejó  porque se hizo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión López.

Todo se ha ido cumpliendo pero no porque se hayan seguido las prescripciones sino porque no se ha hecho. El resultado ha venido siendo perdida territorial que muy seguramente tendrá que afrontar de nuevo el gobierno Santos y esta vez por culpa directa suya.

Un breve concepto legal de Rafael Nieto Navia o Juan Daniel Jaramillo puede costar hoy muchos miles de dólares en medios internacionales.

Nieto ha sido árbitro en casos históricos como uno entre Chile y Argentina, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y juez de los tribunales de la ONU para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Jaramillo, más joven, también estuvo allí y son los dos únicos colombianos que se han dado el orgullo profesional de vestir la toga judicial de Naciones Unidas.

Nieto Navia es directo y rodea sus opiniones  de bases sustantivas y jurisprudenciales de amplio espectro. Dueño de un caudal de conocimientos aplastante tras más de 50 años de práctica es hombre de humor negro, pocos amigos y afectos viejos. Jaramillo tiene experiencia de casi 30 años y el renombre de un gran poder predictivo que ha hecho carrera: se adelanta a los fallos, algo así como a la psiquis jurídica de jueces y árbitros, lo que permite ajustar estrategias y, finalmente, ganar.

Curiosamente, ambos tienen la faceta paralela de la economía y la empresa privada, lo cual los dota del criterio de eficiencia en sus actuaciones. Nieto fue vicepresidente del Banco de Colombia y de Exxon Colombia y es experto en derecho corporativo.

Jaramillo tiene, además de varias maestrías en derecho internacional y doctorado, dos maestrías en Economía en Estados Unidos y fue experto en derecho tributario internacional de PriceWaterhouseCoopers en Nueva York durante varios años, tras su graduación de Harvard. Ambos profesores aplicados, con publicaciones estrictamente académicas muy sólidas.

Estos son dos expertos verdaderos de quienes se prescindió, en medio del amiguismo contratista, auspiciado esta vez por la canciller Holguín. Las2orillas analizó las hojas de vida de Arrieta y Cepeda para encontrar que en el exigente mundo de los tribunales internacionales, plagados de tecnicismo, no tienen ninguna experiencia como tampoco en derecho internacional. Tampoco lo tenían los anteriores agentes Londoño Paredes y Fernández de Soto. “Es tanto como si al enfermo del corazón se le alejan los cardiólogos experimentados y laureados y se entrega la vida en peligro del paciente a urólogos generalistas”, dijo la excandidata Martha Lucía Ramírez.

¿Y la comisión asesora?

En medio de fracaso tras fracaso cabe preguntarse por el papel de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este episodio. Sus actas son reservadas y la información que emerge de sus sesiones es fragmentaria y a menudo contradictoria. Sin embargo Las2orillas ha podido establecer que el gobierno Pastrana no alcanzó a consultarle el retiro súbito de la jurisdicción de la CIJ en 2001.

Llegó el gobierno Uribe y se insistió en la presentación de excepciones preliminares. Allí estuvieron los ex presidentes López Michelsen y Samper y queda el interrogante si le hicieron saber al gobierno cuales fueron las recomendaciones de los abogados que trabajaron entre 1996 y 1998. Es decir, no presentar excepciones. Lo cierto fue que se presentaron en contra de toda lógica.

Vino Juan Manuel Santos y la Comisión Asesora parece haber sido convencida de que todo saldría bien y el triunfo estaba garantizado. En medio del unanimismo la única voz discordante fue la del jurista Juan Daniel Jaramillo, entonces vinculado a universidad norteamericana, quien en entrevista a Semana siete meses antes del fallo se adelantó sorprendentemente no sólo a la fecha sino a aspectos como la porción marítima que se le quitaría a Colombia. Además, en gesto de gentileza defendió a la canciller de todas sus gaffes públicas como atacar a los jueces de la CIJ.

Si el Tratado Esguerra-Bárcenas fue desconocido desde 1980 y Colombia no hizo nada, puede asumirse que responsables son los presidentes Julio César Turbay, Belisario Betancur [quien además concedió un préstamo a Nicaragua jamás cancelado], Virgilio Barco y César Gaviria, como lo fueron después en materia grave Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y ahora Juan Manuel Santos. Paradójicamente, el único que se salva, en lo que podría constituirse en postrera reivindicación histórica de su gobierno es Ernesto Samper.

Pero persiste la pregunta: ¿por qué no fue ninguno de sus miembros a lo largo de 35 años capaz de dar respuesta eficaz?  El levantamiento de la reserva de las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores, que pidió Santos hace tres años, es por lo tanto obligación del país y debe tramitarse cuanto antes. Incluidas las actas durante el actual gobierno.

Colombia enfrenta una situación grave, que no puede echarse a la cesta de la basura. Apenas comparable con la pérdida de Panamá y la guerra con Perú. Es preocupante que se culpe a la CIJ de una situación que ha debido preverse en todas sus posibilidades. Está el punto claro de que la canciller Holguín y los agentes Arrieta y Cepeda dejaron que el país continuara engarzado a una jurisdicción que ya se había mostrado hostil a Colombia con el fallo de 2012.

Rafael Nieto Navia y Juan Daniel Jaramillo Ortiz, activaron las alarmas y aconsejaron el retiro ipso facto. En lugar de ser escuchados les cayeron los ataques de la canciller. El Congreso y la Procuraduría tienen el deber de ir al fondo de este asunto antes de que Colombia pueda enfrentar un punto de no retorno.

Myanmar [antigua Birmania] y Bangladesh se enfrentaron en el Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo por la pretensión de plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas de Bangladesh. Se falló en favor de Bangladesh y la plataforma continental extendida se dividió entre los dos países en aplicación del principio de equidad como ya ocurrió en noviembre de 2012 En círculos internacionales se apuesta ya que el fallo final seguirá esta jurisprudencia.

En la comparecencia y ahora no comparecencia de Colombia en la CIJ ha habido de todo incluidos contratos multimillonarios a no expertos que no han servido para nada si no para que se achique el territorio patrio. La Contraloría General está en mora de revisar a los beneficiarios  de los millonarios contratos en la Cancillería: Cepeda y Arrieta.

El resentimiento de Arrieta contra Juan Daniel Jaramillo es inocultable,: lo llama “el bobo” y al tiempo hace vejámenes supuestamente graciosos a Nieto sobre su edad. Si el país no se despierta, de un momento a otro puede verse como reo en el Consejo de Seguridad y otra sentencia que le permita a cartageneros y samarios apenas lavarse los pies en nuestras costas continentales en el Caribe.

Pero mientras tanto así mismo, la canciller ya anunció que el trío de los desastres que ella encabeza seguirá en sus tareas con la anuencia del Presidente de la República. Por esta razón, entre muchas otras, la dramática curva descendente de favorabilidad de Santos entra ya a los números de un dígito poniendo en riesgo la legitimidad misma de un gobierno con el sol infernal en sus espaldas.