Cuarenta y tres masacres en el 2020, cinco esta semana, cuatro en esta región y tres mensajes: el primero, que Cauca, Valle del Cauca y Nariño son sus laboratorios de guerra; el segundo, que las drogas en Colombia requieren de la intervención que el gobierno quiere imponer; y el tercero, que los jóvenes son el objetivo (del gobierno también).
El primero es lógico. Fiel a su tradición, el gobierno Duque fija sus bases en atizar los conflictos regionales. El rasgo común que comparten los tres departamentos, además de la victoria del sí en el plebiscito por la paz, la población indígena, la fertilidad de sus tierras, el mar y los altos índices de desempleo, es la diversidad de grupos violentos que solo pueden detonarlos: desde organizaciones internacionales, como el Cartel de Sinaloa, pasando por el Eln, las llamadas bandas criminales y emergentes, los grupos residuales y las disidencias de las Farc, hasta la delincuencia común y el sicariato. Ante dicho escenario como espectadores siguen su deber constitucional las fuerzas militares —aunque a su favor este, en el mejor de los casos, plegarse al mejor postor—. Campesinos, indígenas y afros quedan fuera de toda transacción: olvidados, en medio del fuego cruzado, desplazados y masacrados.
El segundo es base del primero, que es la base de todo. Dichas organizaciones disputan las tierras fértiles y de nadie, porque su propietario legitimo cuenta con sus ancestros, bastones de mando, azadones y su prole. No con fusiles y políticos en su defensa. Por eso también los desplaza el Ejército y Esmad. Pero como se trata de proteger el negocio, y principal fuente de financiación de campañas presidenciales desde principios de los 90, y como se trata de aplastar el proceso de paz en sus bases, vuelve la aspersión de glifosato, la coca a manera de único ingreso rentable para campesinos, raspar como único proyecto de vida. Y vuelven las masacres (latentes). Se trata de hacer lo mismo, o sea nada, base del prospero e inherente negocio: guerra y drogas, política y mercado. Políticos y traquetos de toda la región, unidos.
El tercero es consecuente. La mayor amenaza del gobierno son los jóvenes. Los que marchan, los que protestan, los que defienden: la esperanza. Por eso en pandemia gasta en munición para el Esmad, por eso calla ante las masacres: las llama homicidios colectivos. Se viralizan videos en los que, junto a cuerpos desmembrados, los jóvenes suplican. Es el terror en las víctimas, las patologías en los victimarios. Es el miedo, pero sobre todo el que siente el gobierno. Por eso su mensaje, que cala más profundo en los grupos armados, bandas delincuenciales y narcos, los más destacados electores y ejecutores de sus políticas.
¿A cuántas masacres estamos del Pacífico?
Pd. Sí. Fui parte del todo, desde el 21N hasta el 21E. Si. Fui medio del mensaje que con saña hoy responden: si no nos unimos nos matan.
