Serán tres años donde once comisionados, a partir de un enfoque metodológico multidimensional (territorial, género, diferencial y étnico), tendrán la compleja tarea de construir una narrativa en clave de reconciliación que permita un diálogo entre las múltiples perspectivas asociadas al conflicto armado. A pesar de su enorme mandato de encontrar la “verdad” y responder a la pregunta qué fue lo que pasó, la CEV es vista por algunos con mucha esperanza y por otros con altísima reserva. Solo el devenir del tiempo (si la dejan trabajar y no la asfixian presupuestariamente) podrá indicar su efectividad e importancia histórica. Por el momento, considero que se enfrenta a tres grandes retos:
Modificación de sus funciones, censura y limitación de acceso a información
La CEV fue creada por el acto legislativo 01 de 2017 y forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir, su origen es constitucional y la única forma de modificar sus funciones es mediante un proyecto de reforma (exige 8 debates y amplias mayorías) promovido desde el Congreso. Recientemente, un congresista uribista radicó un proyecto encaminado a limitar su acceso a información reservada, afortunadamente, ese adefesio se hundió sin trámite alguno. Sin embargo, evidencia una intención del sector más radical del uribismo que no ve con buenos ojos una Comisión que tilda de “sesgada” y tirando línea a la “izquierda”. A pesar del hundimiento de ese proyecto (y el que ingresaba 14 magistrados a la JEP) la CEV no será ajena a los tiempos políticos. El temor reside en que el trabajo de los comisionados podría erosionar una narrativa histórica instalada durante los años más oscuros de la seguridad democrática y que un sector de la sociedad asume como una verdad oficial. Sin lugar a dudas el mandato de la CEV de encontrar la “verdad” desde una perspectiva territorial podría incomodar a ciertas élites rurales (políticamente representadas en el Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical).
Persistencia del conflicto y reacomodación de actores armados
Nadie cuestiona que grandes territorios del país continúan azotados por la guerra. Aunque muchos indicadores asociados a la persistencia del conflicto armado (secuestro, desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersona, etc.) empezaron a caer drásticamente desde 2012, se estima que, para finales de 2018, como señala la Fundación Paz y Reconciliación en su reciente informe Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del acuerdo de paz, esos indicadores (a excepción del secuestro) registran un leve y preocupante repunte. Un fenómeno que se explica por el proceso de reacomodación de los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Armados Pos-Farc (GAPF) y la expansión del ELN. Realidad cada vez más inquietante y sobre la cual deberá trabajar la CEV en su mandato de encontrar una “verdad” que pueda propiciar el entendimiento, la reconciliación y la sana convivencia en los territorios victimizados. No es muy habitual que una comisión de la verdad funcione en medio de un posconflicto a medias. Si la negociación con el ELN se hunde y no se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un sometimiento a la justicia de las GAO el trabajo de la CEV será fragmentario, incompleto y no podrá cumplir su objetivo de presentar la "verdad" de un conflicto que al cierre de su mandato continuará abierto y desangrando vastas regiones del país.
Alejamiento de la sociedad civil y poca legitimidad ciudadana
Con la debacle del plebiscito, las dificultades en el proceso de implementación del acuerdo final y el poco oxígeno que le queda a la mesa con el ELN, se percibe un agotamiento de la sociedad civil organizada con el tema de la paz. Ya la paz no genera las grandes movilizaciones o los mandatos de millones de ciudadanos. La CEV nace en un momento histórico caracterizado por la polarización, los discursos de odio y la división de una sociedad en torno a un anhelo tan universal como la paz. Por eso, deberá construir relaciones cotidianas de diálogo y acercamiento ciudadano; propiciando un ambiente de confianza que le permita a los colombianos ser partícipes de un pacto por la convivencia y la reconciliación nacional. Un pacto al cual todos debemos ser convocados, no solo quienes padecieron y todavía padecen la barbarie de una guerra indolente e inhumana que ha naturalizado la violencia y generado un alto grado de inhumanidad. Si la CEV no logra “conectar” con la ciudadanía podría ser percibida como institución distante, académica e innecesaria, más de lo mismo es un país donde muchos creen que el Centro Nacional de Memoria Histórica ya lo dijo todo sobre el conflicto en sus decenas de informes. ¿Cómo lograrlo? He ahí el mayor reto.
