La decisión del tribunal de arbitramento de anular el contrato entre la ANI y el Consorcio Ruta del Sol —integrado por Odebrecht, Episol (Grupo Aval) y CSS Constructores— tumbó las pretensiones por 2,7 billones de pesos que tenían estos. Al final, la discusión quedó zanjada por 211.000 millones, pero los siete bancos que financiaron la obra quedaron sorprendidos, a pesar de que el tribunal les reconoció su condición como acreedores de buena fe. Y es que el Consorcio pretendía usar el dinero para pagar la deuda de 1,47 billones de pesos que tiene con las siete entidades bancarias: Bancolombia (prestó $395.195 millones), Davivienda (prestó $242.069 millones), Itaú (prestó $117.936 millones), Banco de Bogotá (prestó $ 430.910 millones), Banco de Occidente (prestó $1380.156 millones), Banco Popular (prestó $106.591 millones) y AV Villas (prestó $48.270 millones).
Bancolombia, Davivienda e Itaú son los tres únicos bancos que no pertenecen al Grupo Aval y la decisión también los afectó a ellos porque, según el tribunal, la concesionaria no logró demostrar que el dinero que recibieron en préstamos se utilizó debidamente en la inversión de la Ruta del Sol, pues parte de esos recursos se usaron para pagar sobornos. Antes de la decisión del tribunal, la ministra de Transporte Ángela María Orozco pretendía negociar con los bancos por 1,2 billones de pesos, logrando "condonar" los intereses; sin embargo, el Tribunal al final solo reconoció los 211.000 millones, de los cuales 187.000 millones están en la fiducia que se creó cuando se constituyó el consorcio, que servirán para pagar las deudas con los bancos, quienes podrían interponer demandas contra el consorcio.
