Tan pronto el CTI capturó a Jesús Santrich con unas supuestas pruebas en mano de los Estados Unidos en su contra, la familia del exguerrillero y el partido de la FARC armaron un grupo de abogados que desde entonces han liderado la defensa de Santrich ante la JEP, los juzgados de Paloquemao y con una férrea argumentación jurídica frenaron la extradición que desde hace un año venía pidiendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aunque el equipo completo de juristas que llevan el pleito son seis: Nadia Triviño, Alejandra Ríos, Emily Avendaño, Gustavo Gallardo, Eduado Matyas y Diego Martínez, pero son estos últimos las cabezas visibles al ser los más curtidos litigando.
Foto: Leonel Cordero
Gustavo Gallardo
Desde el inicio Gallardo se convirtió en el escudero de Santrich, convencido de que todo se trataba de una persecución política y un montaje judicial. Se estrenó como su defensa con un habeas corpus para pedir la libertad del exguerrillero de las FARC y que fuera la JEP la que asumiera la investigación, aunque fue negado y la Fiscalía se atornilló en el proceso. Entonces construyó la estrategia que logró que el tribunal de paz le diera el beneficio de la no extradición a Santrich, que el Consejo de Estado mantuviera su curul en el Congreso y que la Corte Suprema de Justicia tomara las riendas del pleito por narcotráfico.
Como jurista Gallardo, graduado de la Universidad del Atlántico, ya había ganado terreno en la Fundación Lazos de Dignidad, de la que es además presidente, donde han manejado los casos de al menos 140 personas vinculadas a la guerrilla como prisioneros políticos, y ha acompañado en los últimos años a personas en proceso de reincorporación. Por ahí fue que se conocieron con Santrich y estrecharon además los vínculos en los que coincidían teniendo el Caribe colombiano como tierra natal. Incluso, el apoyo internacional al caso se debe en parte a los contactos que ganó Gallardo como coordinador de relaciones internacionales de Marcha Patriótica.
Eduardo Matyas Camargo
Cuando Eduardo Matyas se graduó de la Universidad Autónoma de Bucaramanga empezó a obsesionarse por el código penal, el derecho humanitario y la extradición, una mezcla de conocimientos que lo llevó hasta la Filbo este año a presentar su investigación “Extradición Vs Derechos Fundamentales: Una visión retrospectiva” y asumir parte de la vocería en el caso de Jesús Santrich.
Matyas ha logrado alternar 39 años de formación acuestas con los estrados, en los que ya había representado integrantes de las FARC y de los que había salido victorioso con la libertad de Leidy Johanna Ramírez Rivera y Briguidh Adriana Vega Poveda otorgada por tribunal superior de Florencia. Aunque ha llevado otros como el del estudiante Mateo Gutiérrez acusado de participar en varios atentados en Bogotá.
En las últimas citas en los juzgados de Paloquemao ha sido Matyas, quien ha guiado el discurso por toda la defensa. Una habilidad que además se ha forjado siendo profesor de derechos humanos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Diego Martínez
De los tres, Diego Martínez es el experto en la JEP. Mientras la mesa de La Habana estaba paralizada, Santos y Timochenko propusieron cada uno tres abogados para que simultáneamente crearan el armazón del tribunal de paz en Bogotá. Como asesor jurídico del partido FARC ha tenido que acompañar además la comparecencia de varios integrantes de la antigua guerrilla al tribunal de paz. Su cercanía con la antigua guerrilla la tuvo desde que asumió como la defensa Simón Trinidad desde que fue extraditado a los Estados Unidos en el 2004.
Graduado de la Universidad Libre en Derecho más que un jurista involucrado completamente en el caso Santrich es un consultor. Con su especialización en derecho administrativo y la maestría en derecho público del Externado, Martínez lleva además casos externos con el Comité Permanente Por la Defensa de Derechos Humanos, donde hace parte de su junta directiva y en el que estuvo Héctor Abad Gómez antes de que sicarios a cargo de Carlos Castaño lo asesinaran.
Martínez es además abogado de presos políticos y campesinos del Sumapaz, Putumayo y Meta en casos de violaciones al derecho internacional humanitario.
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