Hace treinta años, por esta misma época, desde las altas esferas del Estado nos dijeron que Colombia había llegado al paraíso terrenal; que pronto correrían ríos de leche y miel por toda la geografía nacional gracias a que se había promulgado la nueva constitución política. Todavía estamos esperando tanta belleza y, en cambio, podemos ver: que las finanzas públicas están arruinadas, que la deuda pública se ha multiplicado por cinco, que el aparato productivo criollo se ha secado, que el desempleo se ha incrementado al doble, que la inequidad social se ha agudizado como se puede ver en el coeficiente de Gini el cual hoy es de 0,54, cuando en esa época, era de 0,47 lo que significa que se ha aumentado la concentración de riqueza en unos pocos aumentando la cantidad de personas en pobreza; que la población en situación de miseria sobrepasa el 16 % del total nacional según el Dane; que la descomposición social y la desintegración familiar ya llegan a niveles espeluznantes y que, como se puede ver en las calles, el descontento social y la protesta tiene manifestaciones nunca antes vistas, lo que permite concluir que engañaron a los colombianos cuando Gaviria Dijo en su discurso de posesión con aire de optimismo que “bienvenidos al futuro”.
Hoy, después de treinta años, aún quedan interrogantes que resolver y que, quienes conocieron la situación como César Gaviria y Rudolf Hommes, no le han explicado al país. Por ejemplo: no han dicho quienes financiaron el movimiento de la séptima papeleta; qué papel desempeño el Instituto para la Economía Internacional (IIE) de Washington que hoy se llama Instituto Peterson; cuál fue la participación del señor John Williamson quien, según la página web de ese organismo, manejó un presupuesto de 18 millones de dólares; no se ha informado que movimientos oscuros se realizaron por debajo de la mesa, cuando Alfonso López dijo que no se podía hacer asamblea constituyente y la Corte Suprema emitió un concepto con argumentos triviales diciendo que sí, que porque el Congreso estaba deslegitimado en razón a la corrupción, cuando lo cierto es que ese organismo comparado con el Congreso de hoy, era un claustro de monjitas de la caridad; y más delante la misma Corte Suprema, también como respuesta al expresidente López que habló sobre los alcances de la Asamblea que había sido elegida para reformar la constitución de 1886, la Corte dijo que sí podía hacer una constitución nueva y diferente a la existente; no se ha explicado qué ocurrió cuando la prensa informó que se había borrado el archivo del computador de la secretaría con los registros sobre lo aprobado; tampoco por qué Jacobo Pérez Escobar, como secretario general, dijo que él no había certificado el texto de la nueva carta. Igualmente, no conoce la opinión pública por qué arrebataron el Banco de la República de las manos del gobierno nacional para ponerlo de rodillas al servicio del Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Suiza, con un supuesto y falaz argumento de la autonomía del organismo.
Lo que sí está claro es que la caracterización del Estado, consagrada en el primer artículo de la carta, no se ha cumplido a cabalidad, tal como lo propusieron sus fundadores. Los alemanes, encabezados por Hermann Heller, en 1930 crearon el Estado social de derecho para elevar a la categoría de derechos las necesidades humanas con el fin de que el Estado les brindara la atención requerida; pero en Colombia torcieron este concepto y han utilizado este tipo de Estado solo para disminuir el gasto público al mejor estilo neoliberal, reemplazando la responsabilidad del organismo en materia de suministro de bienes públicos, por la garantía de los derechos que no es exactamente lo que encierra el espíritu del Estado creado en los años treinta. El balance entonces es desfavorable para el pueblo y no es, como dicen algunos, que la constitución no se haya cumplido; al contrario, se ha cumplido al pie de la letra porque ha permitido expedir las leyes necesarias para brindar piso jurídico a las políticas neoliberales que las élites de poder han impuesto durante los 30 años de la constitución.
