Retomando la frase de Napoleón Bonaparte “Vísteme despacio que tengo prisa”, atribuida también a grandes personajes de la historia, se recomienda actuar con calma y tranquilidad en los momentos más críticos de una sociedad, que, si se apresura la marcha, lejos de resolver los problemas, entorpece y puede agravar los mejores propósitos de Cambio.
Transcurridos 30 días de haber asumido Gustavo Petro la Presidencia, luego de enunciar el Decálogo de su proyecto para los próximos años, y conformado parcialmente su gabinete, que combina experiencia y juventud, surge la esperanza y la expectativa de grandes cambios económicos y sociales complementado con un vehemente llamado a su equipo para optimizar el tiempo considerado como bien escaso que “tiene un alto precio. En cada segundito se nos va agotando la existencia política. Luego, tenemos que aprovechar con intensidad y al máximo el tiempo, […] desde mañana mismo”.
Ahora, es lícito preguntarnos hacia dónde vamos con tanta prisa, tenemos el Oriente claro y “la Franja y La Ruta”, como lo aconsejan los sabios orientales. El propio presidente nos da la respuesta con una pregunta “¿Un cambio hacia dónde? Cada vez que me hacen esa pregunta la contesto diciendo democracia, más democracia y más democracia… y agrega que el mundo está en una búsqueda. No tiene las certezas que tenía a principio del siglo XX”.
Es por ello que no deberíamos pontificar como solemos hacerlo los maestros en la academia, sino invitar a reflexionar juntos la mejor salida para un país con problemas estructurales tan complejos acumulados desde hace muchos años, que mantiene niveles de desigualdad, atraso y pobreza, no por falta de diagnóstico ni de teoría, sino por falta de decisión política para concretar propuestas Aquí y Ahora. En contextos históricos muy precisos acompañar esa búsqueda de los mejores aportes de las distintas teorías económicas y políticas teniendo la humildad de aprender del otro, así no tenga los títulos académicos de los que la mayoría carece y consultando la experiencia que nos brinda la Universidad de la vida.
Diversos son los problemas aplazados en la historia del país, por la mezquindad de una clase dirigente que se niega a ejecutar políticas públicas para enfrentarlos y que demanda la participación activa y consensuada de todos los actores que integran la sociedad colombiana, apalancado en un Gran Acuerdo Nacional. Así, por ejemplo, el llamado generoso por parte del Gobierno a la consecución de la paz total, a todos los grupos que se encuentran al margen de la ley, con sus historias y procesos, sus diversas aristas, que no pueden pasar inadvertidos.
El proceso de paz con las antiguas Farc partió del principio de la terminación de la guerra en Colombia, no obstante, consciente de las limitaciones del Acuerdo, el mismo jefe negociador Humberto de la Calle lo esbozo en su momento, “es el mejor acuerdo sobre lo posible, hubiéramos querido algo más”, la realidad actual ha mostrado que tenía la razón: la paz requiere un acuerdo con todos los actores que ejercen la violencia en el país y no se limita a uno solo, ni a una región en particular. El llamado de Petro tiene toda validez, no habrá paz en el país mientras no se logre llegar a un proceso de gran envergadura que denomina paz total, pero también es cierto, que dicha tarea no es fácil de lograr, ni se consolida de un día para otro.
Existen diferencias sustanciales entre los denominados grupos insurgentes (ELN, disidencias de las Farc) que tienen una ideología y otros como los narcotraficantes, bandas delincuenciales o Bacrim y grupos paramilitares, que solo tienen intereses económicos. En efectos, voceros del ELN no desean ser agrupados y tratados de manera similar dentro del marco planteado por el Gobierno. Como lo señaló el senador Ariel Ávila, “paz total, primer pilar negociación con la guerrilla del ELN que tiene estatus de beligerancia que va a ser tipo Farc, Estados participantes, mesas, una agenda amplia que ya está acordada que son 5 puntos… y en relación a los demás grupos no hay negociación sino sometimiento a la justicia..., es un tema de ajuste al código penal que ya existe (el principio de oportunidad) pero llevado a un escenario colectivo.
El acto terrorista en San Luis (Huila) a menos de una hora de Neiva, en el que asesinaron a siete jóvenes policías, que participaban en actividades de bienestar social, fue señalado por el presidente como un: “claro saboteo a la paz total”. Se responsabiliza a disidencias de las Farc, que buscan regresar a espacios ya liberados en el Acuerdo de La Habana y podrían argumentar el no cumplimiento de los pactos y al abandono estatal reflejado en la carencia de vías de comunicación y conectividad.
Otro macroproblema es el de tierras, que se ha radicalizado en los últimos días con invasiones en más de ocho departamentos que los indígenas reclaman, pues según ellos les pertenecen desde sus ancestros y quieren monopolizar la defensa de la destrucción a la madre tierra (Pacha mama).
El panorama se ha caldeado por cuenta de las ocupaciones que se han realizado de manera abrupta en varias regiones del país, especialmente en el Cauca, donde se evidencia otros actores como la comunidad afrodescendiente, que ven afectado su modo de trabajo, porque los predios invadidos son tierras donde ejecutan sus labores de cultivo y cosecha contratados por los dueños de las mismas, que sintetizan en: “No más invasiones. Queremos laborar en paz, por nuestra empresa y nuestras familias”; los llamados tierreros profesionales algunos al servicio del narcotráfico, que se aprovechan de la coyuntura para conquistar tierras fértiles con fines especulativos y los terratenientes y empresarios que defienden la legalidad de la propiedad privada, invocando el derecho al trabajo y al respeto a las instituciones legales de los cuales el Gobierno es garante.
En efecto, la ministra de Agricultura ha subrayado que deben frenar las invasiones, dialogar sin llegar a situaciones de hecho “para poder empezar cuanto antes con la entrega de tierras prometidas a las personas e iniciar el proceso de reforma agraria” y así poder reactivar el campo para ser la despensa alimentaria tantas veces invocada.
Si solo resolviéramos el problema de la paz total y el largo conflicto de tierras, daríamos pasos sustanciales a un verdadero cambio, pues como ya he señalado, la guerra estimulada por el narcotráfico, que monopoliza amplios sectores del territorio nacional, a su vez se sostiene como negocio gracias a la ilegalidad. Tiene que ser abordado de manera integral no solo visto como problema represivo y militar sino también como un problema de salud pública.
Es incalculable el número de colombianos que hoy vive del delito, que a su turno les genera más empleo que la llamada economía legal. El cambio de modelo extractivista basado en la economía del carbón, petróleo y gas, a una economía con un modelo productivo que estimule la agroindustria, apoyado en ciencia y la tecnología, no solo nos haría más competitivos en el mercado internacional, sino que crearía nuevos y mejores empleos, cerrando la brecha social y reduciéndola para alcanzar un mayor bienestar social que se fundamente en la equidad e igualdad. Pero para que esto sea posible, es importante que la reforma tributaria que cursa en el Congreso, no solo permita cuadrar y sanear el déficit fiscal, sino financiar la lucha contra el hambre, la educación y la salud.
Si se tiene la correlación de fuerzas (mayorías parlamentarias) es posible llegar a un gran consenso entre los gremios y las demandas sociales crecientes sin presiones ni amenazas, sino buscando el interés general, con mucha pedagogía, sin prisa, pero sin pausa. El papel del ejecutivo es decisivo a través de los ministros para aterrizar las propuestas y defenderlas ante un Congreso, donde el gobierno no tiene mayorías y la coalición que se ha conformado, con partidos como el conservador, la U y el partido liberal, no se ha consolidado programáticamente y algunos de estos pueden ser solo compañeros de viaje, que si no están satisfechos con la participación burocrática fácilmente abandonan el barco ante la primera tormenta.
Es bueno aprender la lección que nos llega desde Chile, donde el 62% de los chilenos rechazaron en las urnas el proyecto de nueva constitución emanado de la convención constitucional (Asamblea Constituyente) frente a un 38% que la aceptó, el pasado 4 de septiembre. El objetivo era otorgarle una carta al país austral que reemplazará la de Pinochet (1980), que además en el estallido social de 2019 y luego en las urnas había buscado un cambio con una votación del 80%, que le permitió a Boric llegar a la presidencia hace 6 meses con amplio respaldo de una coalición.
Es claro que Chile quiere un cambio, que incluya el carácter pluriétnico, cambios a nivel político, como la desaparición del Senado, aceptar el aborto consagrándolo como derecho y en general, poner al Estado por delante frente a la provisión de bienes y servicios. Había que señalar el camino, hacer mayor pedagogía para ganar consensos mínimos y buscar un proyecto común de nación sin exclusiones.
Confiamos en el compromiso del presidente Petro de darle una nueva oportunidad al país apelando a la niñez y la juventud, cuando al finalizar su discurso de posesión señalo: “Esta segunda oportunidad es para ella, la niña arhuaca, y para todos los niños y las niñas de Colombia; niños y niñas colombianos, tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la Tierra”. Y es coherente con lo señalado en la campaña electoral cuando insistió en un plan educativo que busca recuperar el sistema, golpeado en la pandemia, creándole incentivos a la juventud, para garantizar cobertura y calidad de la educación, es decir pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
*Profesor-investigador; Exrector UNAL
