La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos anunció el gabinete de gobierno para el posconflicto. Los ministerios que lo conforman son: el Ministerio del Interior, el de Hacienda, Salud, Agricultura y Trabajo. También estará la Alta Consejería para el Posconflicto, en cabeza de Rafael Pardo. “El reto es lograr una efectiva articulación del Gobierno y, por eso, ese gabinete para el posconflicto debe tener una vigilancia muy cercana del progreso de la implementación de los acuerdos”, dijo el jefe de Estado.
Para los trabajadores y sindicatos del país es importante que el trabajo y los temas laborales estén en la agenda del posconflicto, en la agenda de paz.
La ministra de Trabajo recientemente entregó a las centrales sindicales y a los empresarios, en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, un primer paquete de proyectos de ley y de decreto que comienzan a desarrollar lo que sería la agenda laboral para el posconflicto. Estas propuestas, que son importantes, urgentes y destacables son aún insuficientes.
Por lo que es urgente que nuestros representantes sindicales sean más ambiciosos, pero también más creativos para presentar propuestas de reformas legales y de política pública que desarrollen el Acuerdo Dos, en lo que tiene que ver con garantías para los movimientos sociales y derecho a la protesta en el marco del fast track, es decir el procedimiento legislativo rápido que hasta el 20 de mayo estará vigente para implementar los acuerdos de paz a través de leyes aprobadas por el congreso o decretos ley presidenciales.
La agenda presentada por el gobierno a la Comisión comprende tres temas que siempre han sido de nuestro interés: a) la eliminación de los pactos colectivos b) la representatividad sindical y c) la negociación colectiva por rama.
En el primero de los temas la iniciativa del gobierno recoge las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo que señalan que los pactos colectivos solo pueden existir en empresas donde no haya organización sindical. Con esa norma, más de 200 pactos colectivos en el país, que impiden el crecimiento y la sindicalización, quedarían en el pasado.
En el segundo tema, la propuesta establece que solo tendrían representatividad los sindicatos mayoritarios dentro de las empresas y entidades lo que serviría para acabar un mal que nos atomizó en miles de sindicatos enanos y sin fuerza de negociación.
La tercera propuesta plantea la posibilidad hasta ahora inexistente en nuestra legislación: la negociación colectiva por rama y multinivel.
Ojalá que estas propuestas se amplíen y se conviertan realidad, ojalá que los empresarios puedan por fin comprometerse en mejorar las relaciones laborales y su imagen internacional aceptando que se cumplan por fin las recomendaciones internacionales. Y que las centrales sindicales abandonen años de defender pequeños intereses y logremos fortalecer el sindicalismo y ponerlo en la senda del crecimiento.
No olvidemos que dentro del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en el punto 2.2.1 se acordó que el gobierno debe darle garantías a los movimientos y organizaciones sociales y en el punto 2.2.2. se acordó que tendría que haber garantías para la movilización y la protesta pacífica, ambos puntos tienen una incidencia directa en los trabajadores y los sindicatos, de allí la importancia de los acuerdos de La Habana para la democratización del país y para los derechos de los trabajadores.
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Las centrales sindicales deben proponer al gobierno,
una reforma legislativa que permita a las organizaciones sindicales
el mínimo de garantías para su ejercicio
Por lo anterior, en mi humilde criterio, las centrales sindicales deben proponer al gobierno entre otras cosas, una reforma legislativa que permita a las organizaciones sindicales el mínimo de garantías para su ejercicio: a) libertad sindical; b) negociación colectiva en todos los niveles; c) el derecho de huelga; d) el derecho de consulta y de participación en los temas que afecten a los sindicatos y sus afiliados; d) la protección judicial y administrativa contra actos de discriminación antisindical y e) acceso a medios de comunicación.
Sin perjuicio de que el gobierno nacional debe abordar otros temas contemplados en el acuerdo de La Habana sobre asuntos laborales (formalización laboral rural, reparación colectiva y participación ciudadana) se hace necesario que se aborde en su integralidad la agenda sindical, que no solo es un reclamo internacional (De los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, del parlamento Europeo, de la OCDE, y de la OIT) sino una necesidad para empezar a trazar la ruta de la justicia social que tanto demanda el país y que sin duda alguna debe ser producto del proceso de paz después de e 52 años de conflicto interno.
Existen ya abundantes estudios de la CUT, de la Escuela Nacional Sindical y otras organizaciones que pueden servir como insumos y que debe acompañarse, no solo de un intenso lobby legislativo, sino de grandes movilizaciones para que los sindicatos tengan más y mejores capacidades de incidencia. Al fin y al cabo lo que se resolvió en La Habana y lo que es espera resolver en Quito no es la eliminación de los conflictos, sino la forma de resolverlos y en toda democracia real y viva, debe haber garantías para que se resuelvan en el marco de la institucionalidad y de la ley.
No podemos dejar pasar esta oportunidad. Aquí los sindicatos y trabajadores tenemos una gran posibilidad de resolver nuestras quejas de antaño, nadie lo va a hacer por nosotros. Si no lo hacemos, el tiempo nos cobrará la oportunidad perdida.
