Nací en Barrancabermeja, en el Barrio Las Granjas al nororiente de la ciudad donde con gran violencia el Estado y la insurgencia se disputaron el control territorial por muchos años.
A fines de la década de los 80 el EPL, el ELN y las Farc se combatían entre sí y luego se unían para combatir las fuerzas legales. Recuerdo los muchos días que mi hermana y yo teníamos que caminar hasta la casa porque los buses urbanos no se atrevían a llegar al barrio por los tiroteos. Muchas noches dormimos en el suelo por las balaceras y detonaciones interminables.
Y un día, hace quince años, la insurgencia se retiró y llegaron los paramilitares, nos dimos cuenta también que muchos combatientes guerrilleros cambiaron de brazalete, dejaron de estar contra el Estado, para ser ayudados por él. El 16 de mayo de 1998 fue el día más oscuro, la masacre en la que murieron 26 personas fue realizada por paramilitares y funcionarios del Estado e incluso, al parecer de la seguridad de Ecopetrol (Ver enlace). Hace unos días volví a recordarlo todo, cuando el comandante de la policía de la ciudad en aquellos años fue llamado a juicio, acusado de organizar y permitir la masacre de muchos barranqueños. Algunos aún siguen desaparecidos sin que sus familiares puedan conocer la verdad y años después en el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares nos dimos cuenta que resultaban ser inocentes.
Con 17 años y en medio de la venganza paramilitar, me fui a trabajar a Orito, en el Putumayo, en donde la violencia arreciaba también y trabajadores y población civil estaban en el medio de la guerra. Hasta hace pocos meses, Orito padeció la violencia que dejó incalculables pérdidas humanas, ambientales y materiales.
Estando en Orito, siendo aprendiz del Sena en Ecopetrol los dirigentes de la USO Aury Sará Marrugo y Rafael Jaimes Torrá fueron asesinados. Ambos crímenes de lesa humanidad ejecutados por paramilitares engrosaron la larga lista de dirigentes sindicales asesinados en medio del largo conflicto armado.
En 2002 volví a Barrancabermeja, iniciaba mi vida en el sindicalismo y en el 2004, y por cuenta del Estatuto Antiterrorista de Uribe en el año 2004 fui injustamente detenido por 53 eternos días. Una sensata decisión judicial me devolvió la libertad. Ese año Álvaro Uribe intentó destruir a la Unión Sindical Obrera, no lo logró. La recrudecida guerra de las Farc después del fallido proceso del Caguán era el mejor motivo de Uribe para su efervescencia antisubversiva y para haberse hecho elegir presidente de la República.
Toda mi vida como trabajador y líder sindical he padecido la violencia antisindical y he sido testigo de asesinatos y desplazamientos de compañeros sindicalistas, la estigmatización de la protesta de los trabajadores, y la acusación injusta que señala al sindicalismo de ser parte de la insurgencia.
Una investigación de la Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical denominada “Imperceptiblemente nos encerraron: exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia- 1979-2010” señala que el sindicalismo en Colombia ha sido señalado por las élites del país como “obstáculo al progreso económico del país y como barrera al desarrollo”.Según el mismo estudio esa ha sido la “representación más difundida y el imaginario instituyente de lo sindical en la esfera del debate económico, imágenes que se repiten continuamente en los conflictos laborales y que se contraponen al derecho de huelga, protesta y movilización social”.Las cifras de violencia antisindical hablan por sí solas. El proyecto “Colombia nunca más” documentó que desde 1986, año de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, han sido asesinados 2743 sindicalistas.
El silencio de las armas no es la paz, pero es un gran paso para construirla y por eso saldré a la calle con muchos otros a hacer campaña para lograr la refrendación de los acuerdos y a exigir que dichos acuerdos se extiendan a los otros grupos insurgentes. La paz, que es justicia social, nos toca conquistarla al pueblo a través de la movilización y la lucha no violenta en la que los trabajadores organizados tenemos un papel protagónico.
El reto es grande: justicia social, terminación de la violencia contra trabajadores y sindicalistas, el respeto por derechos civiles y políticos básicos como el de asociación sindical, la reparación colectiva y la no repetición.
El posconflicto debe ser el momento de construir entre muchos una opción de poder democrático que logre una sociedad más justa y equitativa que reclamamos muchos desde diversas posturas políticas.
La agenda laboral en el posconflicto debe alcanzar el prometido estatuto del trabajo, el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, una justicia laboral que comprenda la contienda entre clases antagónicas y que no sirva a los intereses de los más poderosos como la que representa mayoritariamente hoy la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Trabajadores y sindicalistas no podemos dudar en respaldar el acuerdo de paz y llamar a la reflexión y a la reconciliación a quienes quieren alargar la guerra desde sus despachos de las grandes ciudades, lejos de aquellos que sufren las atrocidades del conflicto armado que ahora puede terminar. “A la vida lo daremos todo, a la muerte jamás daremos nada”. La paz está cerca.
* Abogado Laboralista de trabajadores y dirigente sindical de la USO. Mi opinión no refleja la de la organización sindical de la que hago parte.
@PalmaEdwin
