Jóvenes, académicos, pensionados, amas de casa, empleados y hasta colegiales, se reúnen desde hace cuatro años en salones comunales o en algún espacio de la Universidad del Tolima para discutir el impacto ambiental que tendría para su región el proyecto que la multinacional AngloGold Ashanti viene concibiendo allí. De sus discusiones han sacado una máxima definitiva, “El agua vale más que el oro”. La conclusión suena aún más lógica y urgente cuando el país entero está viendo que por donde iban los ríos ahora hay apenas surcos desnudos, sedientos.
El grupo de activistas se llama Comité Ambiental y si les pregunta cuántos son dicen que no saben, y que no importa, que lo urgente es que cada tolimense se asome al río Combeima: al ver un lecho pedregoso, cargado de basura, con los márgenes deforestados y más maleza que agua, bastará eso para que el grupo cuente con un miembro más. Parecen meras idealizaciones pero tienen una serie de logros concretos que les respaldan, y ahora se proponen una meta superior: generar un hecatombe política tan fuerte que haga retroceder a la poderosa multinacional y así poner a salvo 161 nacimientos de agua dispersos en las montañas, cuyas entrañas pretende escarbar el proyecto minero, a fin de extraer invisibles partículas de oro. Juntando miles de esas partículas se obtiene la demencial razón de un gramo de oro por tonelada de subsuelo montañoso.
Cualquier político curtido le daría un consejo gratis al Comité Ambiental, que la estrategia de querer sacar adelante una consulta popular en una capital del departamento es darse un tiro en el píe. Costosa, dispendiosa y aunque lograran hacerla, probablemente fracasaría porque la gente es mayoritariamente abstencionista. Pero justamente todos esos obstáculos son los que ya han superado en una escala menor. En 2013 el Comité Ambiental propuso e impulsó una consulta en el municipio de Piedras, a 50 kilómetros de Ibagué, adonde Anglo Gold Ashanti planeaba instalar sus “piscinas de lixiviación”, es decir, los inmensos estanques donde depositaría las toneladas de material pulverizado extraído del subsuelo para ser sumergido en cianuro, y así decantar el precioso metal dorado, que en esta zona no puede ser obtenido de otra forma, pues se presenta diseminado entre la roca montañosa.
Los pobladores de Piedras lograron en una consulta popular decirle ¡no! a Anglo Gold Ashanti con su proyecto de La Colosa. Foto: ilustración.
Aglutinados en el Comité Ambiental se organizaron para dar un paso sin precedentes en Colombia. Realizar la única consulta popular minera que se ha hecho en el país, desde que en 1991 la Constitución creó este mecanismo de participación democrática. 3.007 personas salieron a votar, es decir, el 59 por ciento de la ciudadanía habilitada. 2.971 de los votos dijeron No al proyecto minero, y apenas 27 marcaron Sí. El grupo de ciudadanos que produjo ese golpe político es el mismo que está empecinado en que ahora la capital de Tolima en pleno se pronuncie.
Mientras que AngloGold compra parcelas y gestiona títulos mineros por toda la región, el Comité Ambiental agita el debate de la consulta. Están organizados por subcomités (de divulgación, de estudio, de logística, entre otros) y se han rodeado de organizaciones como Oxfam, que apoya la creación de ciudadanía activa, y DeJusticia, que les asesora jurídicamente. El Comité Ambiental se inventó la ‘Marcha Carnaval’, que realizan cada 5 de junio, cuando se celebra el día mundial del ambiente, el año pasado durante esta jornada lograron que 68 mil personas salieran a la calle “en defensa de la vida”. Uno de los principales aliados del movimiento cívico es el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. Desde que era candidato se comprometió con la idea de la consulta popular, y en consecuencia el pasado 2 de febrero presentó la propuesta formal al Concejo. Pero a medida que el proceso trata de surtir su trámite han ido apareciendo enemigos de la iniciativa.
El Comité Ambiental está impulsando otra consulta popular en Cajamarca. Este es el momento de la radicación ante la Registraduría. Foto: Comité Ambiental.
El más vehemente opositor es el procurador ambiental para el Tolima, Ernesto Cardoso. Con el manifiesto respaldo de sus superiores en la Procuraduría General, y destacados espacios en la prensa de la región, Cardoso ha lanzado vehementes advertencias tratando de atajar la consulta popular. Hace dos semanas la edición dominical de El Nuevo Día de Ibagué despertó a los tolimenses con este amable titular: “El Procurador Ambiental le ‘canta la tabla’ a Jaramillo” y a Cardoso”. A lo largo de varias páginas el representante del ministerio público lanzó advertencias al alcalde Jaramillo y a Jorge Enrique Cardoso, director de la entidad autónoma ambiental, CorTolima, que también está a favor de la consulta popular. El procurador acusó a estos funcionarios de “dogmatismo exagerado, casi fanático de lo que se llama la defensa de los recursos naturales”. En la misma línea, días antes el alcalde Jaramillo había recibido una carta de la Viceprocuradora general Martha Isabel Castañeda, advirtiendo las consecuencias a las que se expondría él y el Concejo por “extralimitación de sus funciones” de seguir con el trámite de la consulta. “Por hechos similares a los que acá nos ocupan, se han iniciado investigación de carácter disciplinario”, se lee en la carta. Jaramillo acusó recibido. Dijo que eran “amenazas” y continuó con el proyecto.
Ahora los tolimenses aguardan expectantes a saber si el Concejo dará luz verde a la consulta, o si en esta corporación calan los acuciosos mensajes de la procuraduría. Nadie entiende –y pocos creen– que dar trámite a una consulta popular configure una extralimitación, de ser así ¿por qué luego de tres años de la consulta en Piedras ni los concejales ni el alcalde han sido sancionados disciplinariamente? Aún más extrañeza despierta la súbita voltereta de la Procuraduría. Esta entidad, cuando su cabeza era Edgardo Maya Villazón, fue un aliada de la protección del medio ambiente por encima de los intereses de multinacional AngloGold Ashati, y su representante en Tolima, el procurador regional Diego Alvarado, dejó por escrito varios conceptos e intervenciones en las que se oponía al proyecto minero entendiendo que este atentaría contra la estrella hídrica de la cordillera central de Colombia. Luego, con la llegada de Alejandro Ordóñez, Alvarado fue removido y la visión de la Procuraduría giró 180 grados.
La presencia de esta multinacional minera tendría efectos dramáticos sobre el medio ambiente. Foto: Agencia UNAL.
Pero el más significativo espaldarazo al Comité Ambiental lo dio hace unos días la propia Corte Constitucional con la sentencia que produjo un sismo en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno nacional, concretamente en lo que tiene que ver con su llamada locomotora Minero-Energética, pues ahora quedó expresamente prohibida la extracción minera en páramos. Según el informe ‘La Colosa, una muerte anunciada’ que auspició la ONG inglesa Colombia Solidary Campaning este proyecto minero –uno de los diez más grandes del mundo– tiene 39.704 títulos mineros en ecosistemas de páramos. En el mismo fallo la Corte Constitucional ordena que la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas deberán “concertar” con los municipios la ejecución de proyectos mineros. Es decir, la Corte derrumbó de un plumazo el argumento de la Procuraduría de que el ordenamiento nacional es autónomo y superior al ordenamiento local. Lo más sorprendente es que aún luego del fallo el procurador Cardoso continúa defendiendo su postura pro-minera y lanzando advertencias a alcaldes y concejales que se oponen.
Mientras los argumentos jurídicos de todos los calibres van y vienen, el comité ciudadano sigue en lo suyo. Se idearon que para “ambientar” la futura consulta popular en Ibagué trabajarán en 60 escuelas y colegios del municipio donde realizarán próximamente la jornada de la “papeleta ambiental”. De la mano de los representantes estudiantiles están exponiendo sus argumentos y realizarán este ejercicio democrático en el que los estudiantes podrán votar, sí o no. Es un acto simbólico y estrátégico con el que buscan que la niñez lleve el mensaje a los hogares y que estos conduzcan a los adultos a las urnas el esperado día de la consulta.
Así mismo están promoviendo otra consulta pupular en Cajamarca, el municipio donde AngloGold Ashanti está instalada desde hace años, y desde donde ha realizado la etapa de exploración en las montañas aledañas a este municipio, conocido como la despesa de Colombia. “Tratamos de generar conciencia ambiental en la gente, es la única forma en que podemos enfrentarnos a un poder como el de AngloGold Ashanti, no queremos que nos pase lo que vemos en La Guajira, donde los niños mueren de sed mientras que la mega mina de carbón El Cerrejón gasta 17 millones de litros de agua al día”, concluye Renzo García, uno de los intengrantes del Comité Ambiental.
Twitter: @josemonsal
