“Ahora solo queda esperar. Será decisión de los caldenses si fecundan en la figura de Mario Castaño a un nuevo Víctor Renan Barco o a un Ferney Tapasco, liberales con plata y poder que, ante la mirada permisiva y sumisa de la ciudadanía, se perpetúan en la dirigencia y se envisten de la facultad de hacer con los recursos y las personas de este departamento lo que se les da la gana”.
Así finalizo la columna que escribimos el 9 de febrero pasado en donde relatábamos las andanzas del político mas poderoso del eje cafetero, Mario Castaño. Es ahora de darle una actualización pues lo que se reveló el sábado pasado deja más claro de qué es lo que venimos hablando.
En esa columna relatamos su paso por la Licorera de Caldas (ILC), de donde salió considerado como persona no grata por su cercanía con Carlos Arturo Fehó, gerente de la ILC entre el 2008-2010, condenado por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por un negocio que tenía que ver con la distribución de licores.
Es precisamente una situación similar la que, entre otras tantas, tiene en el ojo del huracán al actual senador y candidato Castaño, luego de aquella investigación revelada por Revista Semana donde se afirma que el barón electoral de Caldas lideraba una banda que habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos.
Allí se da a conocer el audio de una interceptación telefónica entre Castaño y Juan Carlos Martínez, su hombre de confianza y hoy prófugo de la justicia, en la que ambos se jactan de haberse apropiado de una prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años. Tal parece que Castaño aprendió mucho de su paso por la licorera y de su amigo condenado Feho.
En nuestra columna narramos cómo Mario Castaño, a través de lo que él hace llamar “gestión” pero que podría ser fácilmente mermelada o un posible tráfico de influencias, coloca alcaldes como quiere y se mueve de manera ágil entre los poderes mas altos del ejecutivo para redireccionarle recursos y hacer campaña con estos, tal como sucedió en el Municipio de Salamina, donde su alcalde, Juan Pablo Rosas, fue colocado por él.
Allí Castaño, en medio de un mitin político en 2019 (durante las elecciones locales) afirmó: “Ayer a las ocho de la mañana me llamó la directora de Planeación Nacional; ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, me llamó y me dijo: ‘Presidente’. Le dije yo: “¿¡Señor!?”. Dijo: “El director nacional de Regalías va a cumplirle a usted”. Y ayer, a las ocho de la mañana votó el Gobierno Nacional, por orden de Iván Duque, 27.000 millones de pesos para asfaltar la vía Salamina–Pácora, y también votó para asfaltar la vía Salamina–La Merced”.
¿Por qué? Tan raro, fue posesionado una semana antes como presidente de la Comisión de Presupuesto y el Gobierno Nacional desembolsa 80 mil millones.
Ahora nos damos cuenta de que nada de eso era de gratis, según la investigación de la fiscalía, Castaño y los demás investigados hacían la gestión de los recursos ante el Gobierno, cuadraban a los alcaldes y contratistas y se quedaban con las obras. Por cada ‘Sacúdete’ (un programa del Gobierno Nacional que consiste en la construcción de obras cuyo valor oscila entre 1.400 y 3.000 millones de pesos), de acuerdo con los audios, Castaño exigía una coima de 100 millones de pesos.
Su actuar consistía en ganarse licitaciones públicas y sacar tajadas de allí -con ayuda de lobistas, contratistas, alcaldes y altos funcionarios del ejecutivo- se ponían de acuerdo y se presentaban a los procesos a través de distintas empresas con el fin de simular una aparente pluralidad de oferentes. Por lo menos 10 alcaldes y un gobernador ya están en la mira por todos estos hechos. Al menos 70 personas en total estarían involucradas en esta organización criminal.
La trayectoria de este cacique liberal tiene muchos oscuros que cada día se empiezan a poner más claros, era un secreto a voces la corrupción que envestía a este senador, hoy sabemos del actuar de su banda criminal, que se aprovechaba de la contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento para la Prosperidad Social, Proyecta Quindío, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, el Sena, la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Chocó, Gensa, Dispac y más de 20 alcaldías en Caldas, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca.
Pero todo esto no impedirá que Mario Castaño llegue al congreso, nada lo hará. Por Castaño son muy pocos los que alguna vez han votado de manera genuina, sus votos de opinión son casi nulos, sus victorias son fruto de años de burocracia, tiene a cuestas una enmermelada maquinaria clientelista que, como se comprobó, reparte plata, puestos y contratos a diestra y siniestra.
A sus electores no les importa si compra votos -como quedó en evidencia en 2018-, si sus votos en los proyectos siempre van en contravía del clamor nacional, si aplaude a Iván Duque, si hace parte de esos “mismos de siempre” que han desangrado al país, no les importa que, presuntamente, sea el líder de una organización criminal que se dedica a robar el erario público. Nada de eso les importa, ellos y sus familias votan por el puesto, por la renovación del contrato, por que no los saquen de sus trabajos, por la licitación, por la “papita” o la “tajada” y porque simplemente el engranaje de corrupción y burocracia se tiene que mantener para poder ganar.
Ahora, de nuevo, solo queda esperar. Esperar que la Corte Suprema de Justicia inicie una investigación contra Mario Castaño, esperar a que él y su candidato a la cámara Octavio Cardona ganen, esperar a ver cómo el departamento repite su historia, esa del 2010, donde sus dos representantes liberales Dixon Ferney Tapasco y Enrique Emilio Ángel terminaron condenados e inhabilitados. Como lo advertimos, nos dejamos coger ventaja y la figura de Tapasco en Castaño, ya fecundó.
