Ya el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se llevó por delante al exdirector de la entidad, Olmedo López; al exsubdirector, Sneyder Pinilla y al contratista Luis Eduardo López, quienes ya están pagando cárcel en batallones militares y de la Policía en Bogotá. Sin embargo, con eso no se detuvieron las investigaciones, sino que la lupa se ha ido posando sobre otros nombres que de una u otra forma han sido vinculados con el caso.
A los últimos a los que se les abrió una investigación formal fue a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron señalados de haber recibido entre los dos $4.000 millones como soborno para favorecer las reformas sociales del Gobierno en el Congreso de la República.
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Sin embargo, la investigación que tiene en curso la Corte Suprema no solo hace mención al objetivo de los presuntos sobornos, sino también al uso que se le habría dado a los mismos, el cual habría sido dirigido a financiar campañas para las elecciones territoriales de octubre de 2023.
Pero no cualquier campaña, sino la de personas estrechamente relacionadas con Senador y Representante a la Cámara
Particularmente, se reveló que parte del dinero habría ido a parar a la campaña de María Clara Name, hija de Iván, al Concejo de Bogotá. Ella viene desempeñándose como concejal desde 2012 y en octubre logró de nuevo un escaño representando a la Alianza Verde al obtener cerca de 23.000 votos.
De igual manera, también se habría financiado la campaña de dos familiares de Calle como lo son su papá, Gabriel Calle Demoya y su hermano, Gabriel Calle Aguas. El primero se lanzó a la Alcaldía de Montelíbano, el municipio desde el que construyó su poder el clan familiar y logró ganar obteniendo poco más de 19.000 votos. Mientras tanto, el segundo, quiso llegar a la Gobernación de Córdoba, pero no tuvo mucho que hacer frente a la aplanadora de Erasmo Zuleta Bechara, miembro de otra de las familias más poderosas del departamento.
Ambos congresistas han insistido en su inocencia y ahora, ya investigados formalmente por la Corte, tendrán que rendir indagatoria y responder por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
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