Desde su creación, las EPS no tuvieron mayores controles. Por eso, directivos como Palacino de Saludcoop hicieron fiestas con millones que desviaron a negocios que los enriquecieron a ellos y a sus socios.
Con más o menos agalludez o angurria de los directivos, ese fue el promedio del manejo de las EPS. Para sus administradores fue como ganarse el Baloto casi que sin comprarlo o de pronto comprándolo o recibiéndolo como regalo de algún cacique político, tal como sucedió con los restos del Instituto de Seguros Sociales (ISS) regalados en el Cauca a quienes hicieron campaña a Uribe en 2002.
La universalidad, la unificación de los servicios a los afiliados (tanto al régimen retributivo y subsidiado) y la gratuidad son logros del sistema vigente de salud. Los ajustes logrados después son producto de la aprobación en el Congreso de la ley estatutaria de salud de 2015, que no fue implementada en su esencia.
Así pues, nada sacamos si en la práctica contamos con servicios precarios, soportando largas colas y madrugadas para que nos programen citas y poniendo tutelas para que nos aprueben medicamentos diferentes al diclofenaco y acetaminofén, y cirugías y tratamientos costosos.
Aunque en la mayoría de países, el Estado sigue administrando los recursos de salud, en Colombia se los dieron a particulares. Las EPS los han manejado como plata de bolsillo, hasta construyeron sus propias clínicas y consultorios, a las que pagan puntualmente, mientras a los demás les mezquinaban los dineros por los servicios prestados, debiéndoles en la actualidad 23 billones, sin contar con lo que no pagaron las EPS que desaparecieron… esa plática se perdió.
La ministra Corcho, más que nadie, conoce los pros y contras del sistema de salud colombiano, pues le tocó sufrirlo: como médica con sus pacientes, a quienes no podía prescribirles los procedimientos y medicinas adecuadas; y como empleada de las EPS, que por medio de falsas cooperativas contrata por cortas temporadas, con bajos sueldos, sin prestaciones sociales (incluida la salud, que debían pagar de su bolsillo) y sometidos a jornadas extenuantes donde atendían pacientes en carrera contrarreloj.
Ese conocimiento de la realidad llevó a que la ministra Corcho fuera dirigente sindical de los médicos y asesorara a los senadores que redactaron la ley estatutaria de salud de 2015, en la que se reconoció la salud como un derecho y no un servicio, en manos de negociantes.
En la reforma a la salud propuesta por la ministra Corcho, el Estado, sin el colador de las EPS como intermediarias, girará directamente los recursos a clínicas y hospitales públicos, recuperará los programas de prevención y promoción (abandonados por las EPS, ya que no eran negocio), y trazará mecanismos para abaratar el costo de los medicamentos (acordando con los laboratorios o fabricando drogas genéricas y vacunas, siguiendo la senda que trazó Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud).
También se reforzará la atención primaria, construyendo puestos de salud y hospitales en regiones apartadas, los cuales serán atendidos por médicos generales, enfermeras y salubristas enfocados en la prevención, sin descuidar la atención especializada que será remitida a hospitales de mayor nivel.
Entendiendo que la buena salud no solo depende de la atención médica y los tratamientos para combatir las enfermedades cuando se presenten, sino que hay que hacer énfasis en la prevención, el Ministerio de Salud también coordinará con el de obras, educación, deportes, cultura y demás la construcción y dotación de puestos de salud en municipios y veredas apartadas. Igualmente, la construcción de acueductos, alcantarillados, sistemas de disposición de residuos sólidos y orgánicos, canchas y restaurantes escolares (todos ellos factores condicionantes de la buena o mala salud de la población).
No es cierto que el presupuesto de la salud la vaya a manejar alcaldes y gobernadores. “El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia, participación y control”, escribe Cristina de la Latorre, en El Espectador.
En la reforma también debe incluirse el control que a los hospitales y ESES dependientes de gobernaciones y alcaldías hacen los gobernadores y alcaldes que las administran, pues desde hace décadas camarillas políticas que mandan en las regiones los han convertido en botín burocrático, llenándolos de empleados innecesarios y haciéndolos fuente de enriquecimiento ilícito por medio de los contratos para adquirir drogas, equipos médicos e insumos para su dotación.
