La ministra Giha ha dicho que “Colombia está lista para una nueva reforma educativa”. Lo primero que debería proponer su reforma es prohibir que se nombre un ministro o una ministra que no conozca ni entienda de educación.
Algunos puntos de la anunciada reforma podrían quedar redactados en los siguientes términos:
- El Ministerio de Educación será ocupado por una persona que conozca de la educación, que acredite suficiente y amplia experiencia y conocimiento del sector. En adelante y por siempre se nombrara un ministro(a) que conozca el sistema educativo, que sepa de sus males y carencias; que conozca el funcionamiento de los colegios y las universidades; que posea un amplio conocimiento sobre el trabajo pedagógico y por consiguiente pueda relacionarse con los maestros y maestras; que tenga un conocimiento amplio de los verdaderos problemas en el terreno, que tenga un proyecto educativo, que le quepa la educación en su cabeza.
El ministro o la ministra se rodeará de educadores, pedagogos, investigadores y científicos, de educadores sobresalientes. Queda prohibido nombrar como asesores a tecnócratas administradores y economistas de la educación. Así mismo, contratar asesorías pedagógicas con universidades que no han formado nunca un maestro.
- Los delitos de corrupción cometidos contra la educación serán considerados como delitos de lesa humanidad. Los grupos y personas dedicadas a la labor criminal de robarse los dineros destinados a la alimentación escolar pagarán severas penas en cárceles, quedaran privados del beneficio de casa por cárcel o disminución de la pena.
Según la Contraloría General de la República, en el 2016 con el Programa de Alimentación Escolar PAE, en 24 regiones del país, se perdieron $62 488 millones que debían invertirse en la alimentación escolar. Esas pérdidas equivalen al 10 % de lo que el Ministerio de Educación destina para tal fin. Solo en La Guajira, donde en el 2016 murieron más de 65 niños por desnutrición, se perdieron en el segundo semestre $16 792 millones que debían destinarse para el desayuno y el almuerzo de los niños en las escuelas.
- El Estado destinará el 10 % del PIB para financiar la educación preescolar, primaria, media y universitaria, a fin de garantizar a todos los colombianos el derecho a la educación consagrado en nuestra constitución desde 1991. El 4 por mil que se destinaba a la guerra se destinará en su totalidad para la educación y el congreso en su próxima legislatura establecerá un nuevo impuesto destinado exclusivamente a la educación, que los colombianos pagaríamos gustosos como una manera de contribuir para que todos tengan igualdad de oportunidades y una mayor y mejor educación de calidad.
Colombia actualmente es el país de Latinoamérica que menos invierte en educación, según un informe reciente presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El organismo reveló que el gasto en educación en todos los países que componen el grupo es en promedio US$10 182 al año por estudiante. Colombia, que está en proceso de entrar a la OCDE, invierte solo US$3.245 por estudiante, la cifra más baja en toda América Latina, seguida por México que destina USD 3 703.
- Quedan prohibidos los programas discriminatorios como Ser Pilo Paga, que solo atiende a una minoría de estudiantes, 10 000 por año (40 000 en el cuatrienio) mientras se priva y se deja sin oportunidades de ingresar a la educación superior a la inmensa mayoría (entre 230 000 y 250 000 que no van nunca a la educación superior).
Cada año en Colombia se gradúan en promedio, 550 000 bachilleres. De ellos, el 93 % pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Son 480 000 estudiantes que necesitan apoyo estatal para poder continuar sus estudios. De otra forma no lo pueden hacer. “El programa SPP financia a 10 000 por año. Los otros 470 000 son estudiantes cuyos sueños se truncan por completo cada año, porque el Estado ha decidido invertir sus recursos exclusivamente en el 2 % de la población. Para los beneficiarios del programa, el apoyo es excepcionalmente favorable, pero para el 98 % que quedan abandonados, es un programa que no garantiza su derecho a la educación”.
- Queda expresamente prohibido al presidente de la Republica, a la ministra (o) de Educación o al Congreso establecer Cátedras como instrumento para resolver los problemas de la educación.
Llevamos tres décadas de cátedras que van, vienen y desparecen (Cátedra de derechos humanos, José Celestino Mutis, educación vial, educación tributaria, educación del consumidor, educación ambiental, educación para la democracia y por supuesto, no podía faltar, Catedra de la Paz) todas ellas fracasadas. Resulta desafortunado y lamentable que el protagonismo de la educación frente a la paz quede reducido a la instauración de una cátedra. Lo que la educación para la paz requiere es una profunda revisión y transformación de la educación y la enseñanza.
- La jornada escolar en todos los establecimientos educativos será de 8 horas. El número de horas de clase que reciben niños y jóvenes diariamente será igual para todos. Los colegios públicos o privados que incumplan esta norma serán clausurados. El estado garantizará a todos los niños, niñas y jóvenes, sin ninguna discriminación, ocho horas de clase y el suministro de la alimentación escolar. Los padres pertenecientes a los estratos 5 y 6 podrán enviar gratuitamente a sus hijos a la educación pública si así lo desean.
- De manera inmediata el ministro de Educación presentará una propuesta para reformar profundamente los contenidos y materias que actualmente se enseñan los colegios y escuelas. Los contenidos de la enseñanza actual son obsoletos en su mayoría. Se requiere una gran reforma que prepare a nuestros estudiantes para la construcción de la paz, el progreso y el bienestar colectivo de los colombianos y de sus familias.
- La educación pública, entendida como la prestada en establecimientos construidos, financiados y administrados por el Estado, gozará de especial protección. Las leyes y políticas públicas propenderán en todo tiempo y lugar por su fortalecimiento, desarrollo y permanente mejoramiento. La educación privada es y será permitida en Colombia para las familias que quieran y tengan los recursos para pagarla.
- En un plazo no mayor a seis meses el gobierno presentará un proyecto de ley para establecer un nuevo sistema salarial que permita al país tener los maestros mejor pagos de América Latina, como corresponde a la nación más educada de América Latina. Los maestros tendrán un estatuto único y se reformarán las Facultades de Educación. Para ser maestros se exigirán las mismas condiciones especiales que se exigen para ser médico o ingeniero. Queda expresamente prohibido que cualquiera pueda ser maestro o ministra (o) de Educación.
- Las Facultades de Derecho serán objeto de intervención y reforma profunda por parte del Ministerio de Educación para poner fin al congestionamiento de las cárceles, particularmente de la cárcel Picota, acrecentado en los últimos meses, y garantizar de esta forma que en los próximos años quienes ejerzan justicia sean personas probas, sin mácula alguna y de reconocida idoneidad ética y moral.
