Camila Fernández*, una mujer de 55 años, es la madre de una de las 25 personas que se encontraban en la Comuna 7 de Barranca frente a la cancha el Campín. Jaime Peña es el papá de Yesid quien también desapareció ese sábado 16 de mayo de 1998. Era un sábado cualquier. La gente había sacado sus grabadoras a la calle y ahí, debajo de los árboles se guarnecían del asfixiante calor barramejo. En los alrededores de la cancha el Campín se había organizado un bazar. A las cinco de la tarde el ambiente era de fiesta. La gente bebía y bailaba. Algunos pocos no salían de sus casas esperando por el partido que transmitirían del Atlético Bucaramanga. Lo único raro era que la policía estaba haciendo redadas desde temprano. Nadie en el barrio sabía que en ese momento salían desde el corregimiento de San Rafael hombres del Bloque Central Bolívar en varios buses robados. La operación fue coordinada Guillermo Hurtado alias Setenta, el hombre duro de las AUC en Barranca.
Desde hacía meses el rumor circulaba en la ciudad. Decían que Barranca sería un objetivo de los paramilitares. La gente no creía hasta que el 1 de marzo de 1998 Hernando Hernández, entonces presidente de la USO, denunció que las AUC entrarían con todo en el puerto. Ninguna autoridad le hizo caso.
Era ya de noche cuando llegaron al barrio El Campín tres camionetas atestadas de hombres, algunos vestidos de militares, otros con chalecos del Das. La gente pensó que era una redada del ejército, los hombres se dispersaron por la cancha, fueron al bazar y pusieron boca abajo, contra el piso a cinco de los muchachos que estaban allí.
Don Jaime Peña, una de las voces que con más dureza se ha dejado escuchar entre las víctimas recuerda con horror el último día que vio a su hijo: “Yo estaba en mi casa, eran como las nueve de la noche, me acuerdo porque a esa hora siempre pasan un partido de fútbol. Como había tanto ruido afuera yo decido meter el televisor en el cuarto, Yesid, mi hijo menor estaba afuera. A él le gustaba organizar coreografías y esas cosas y como al otro día era el día de la madre pues él estaba preparando una. Me levanté y por la ventana vi como un tipo, con un uniforme del ejército y encapuchado le apuntaba con un fusil. No me alarmé, como le digo acá las redadas eran comunes, eso sí, me parecía extraño que el hombre estuviera encapuchado, pero seguí tranquilo, incluso alcancé a gritarle: tranquilo Yesid, ahora lo sueltan. Pero el muchacho no me respondió nada, se veía muy asustado. El encapuchado si se volteó y recuerdo que me gritó: “De malas viejo hijueputa nos lo vamos a llevar”. Entonces Don Jaime vio cómo agarraban a patadas al muchacho. Fue la última vez que lo vio. Jaime fue corriendo hasta la cancha y vio siete muchachos asesinados y el llanto de las mamás que se habían llevado a sus hijos.
Fueron 25 las personas que se llevaron esa noche. Nunca más las volvieron a ver. En veintiún años solo se han recuperado tres cuerpos. Los familiares esperan que Macaco de pistas sobre la masacre. Él no coordinó la operación pero era el comandante del Bloque. Camila Fernández pide como tantos otros, poder enterrar a sus hijos.
Las humildes víctimas de Macaco se crecieron y lograron soportar uno de los casos judiciales que permitió la detención del paramilitar este 20 de julio a su llegada a Bogotá deportado por el gobierno de Estados Unidos después de haber pagado once años de cárcel.
Aunque se sometió a Justicia y Paz la Fiscalía dentro del sometimiento acordado en el gobierno de Álvaro Uribe, fue expulsado por delitos cometidos después de su desmovilización: era la cabeza de un centro de operaciones en Dosquebradas y Pereira donde manejaba la oficina de cobro La Cordillera, que función durante diez años entre 1997 y 2007. Entre sus crímenes, 226 desapariciones, 159 desplazamientos, 38 delitos de violencia de género y 173 reclutamientos de menores, entre ellos, el haber sido el determinador de lo ocurrido el 16 de mayo de 1998 en la Comuna 7. A Macaco, quien tiene a su hermano Roberto Jiménez aspirando al Concejo de Dosquebradas, en Risaralda, le están esperando muchos años de cárcel.
*El nombre de la persona fue cambiado por petición para proteger su integridad.
