Los acuerdos de paz han entrado en una situación muy complicada. Nunca imaginamos que los saboteadores de la paz iban a ser tan “artistas” en el manejo de la mentira, el miedo y la calumnia para acabar con el proceso y alcanzar sus objetivos en las elecciones del 2018.
Para muestra la conducta del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, militante de Cambio Radical y mandadero obsecuente de Germán Vargas Lleras, nuevo escudero del senador Álvaro Uribe Vélez, en su afán de “hacer trizas” los acuerdos de paz.
Ahora parece que va a lograr su cometido de acabar con las reformas que están necesitando los acuerdos para su implementación: la reforma política, las 16 circunscripciones especiales de paz y la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En efecto, el 11 de noviembre entre en vigencia la ley de garantías electorales y la implementación de los acuerdos queda suspendida hasta nueva orden, a no ser que se logre en este breve período de 15 días aprobar una ley para salvar la contratación que permita la implementación de los acuerdos de paz.
A las circunscripciones especiales de paz le faltan un debate, pero con la trasquilada que le dieron al acuerdo original del Gobierno y las Farc, y a las sugerencias de la Comisión Especial de Reforma Electoral, no queda sino el antiguo sistema clientelista corrupto y corruptor, donde las bandas criminales vuelven a la captura del Estado para utilizar los contratos multimillonarios en beneficio personal.
Al excluir del proyecto mencionado las cabeceras municipales de las regiones más castigadas por la violencia, con el argumento peregrino de que existe el peligro de que la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) imponga sus candidatos a la cámara de representantes, sin tener en cuenta que dichos candidatos no pueden tener vínculos con las Farc, y que además tienen que demostrar y acreditar su condición de víctimas del conflicto armado, y no solo eso, sino también acreditar su condición de activistas de organizaciones sociales, con lo cual, cínicamente, los saboteadores de la paz demuestran su mezquindad política en la apertura democrática, dejando sin representación en la Cámara a regiones tan golpeadas por la violencia y tan abandonadas del Estado como Bojayá en el Chocó y Corinto en el Cauca, además de las otras circunscripciones establecidas en el acuerdo que están sumidas en la miseria y el olvido.
Sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tema se ha vuelto más complicado que un bulto de anzuelos. No bastó que se recibieran por el Gobierno y por la Farc, las objeciones del Fiscal General de la Nación sobre el tratamiento de los disidentes, reincidentes y desertores, y sobre las competencias y plazos temporales de la Justicia Ordinaria y de la JEP, respectivamente, para que, no obstante, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Rodríguez, haciendo gala de un histerismo desaforado, tratara de asesino en una audiencia pública a Jesús Santrich, miembro del Consejo Político del nuevo partido de la Farc.
Y, como si esto fuera poco, ahora el Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Rodrigo Lara, pide a la Policía que evite la entrada al recinto del Congreso de la República a los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hasta tanto no legalicen su situación jurídica en la comisión de la verdad de la JEP.
Como se puede ver el asunto se está complicando de modo consciente y sistemático por parte de los enemigos de los acuerdos de la Habana, quienes de modo sigiloso y premeditado están acudiendo a todas las formas de lucha para evitar concretar las reformas que hagan posible una apertura democrática en este país.
No es sino ver los asesinatos sistemáticos de líderes sociales del año pasado y los que van corridos en este año, los más recientes de Tumaco, (Nariño), Catatumbo (Norte de Santander) y Tarazá (Antioquia), para recordar con escalofrío el genocidio político de la Unión Patriótica, tragedia que empezó por el hostigamiento político, la segregación y estigmatización del pensamiento ajeno, el señalamiento, criminalización y judicialización de la protesta popular, así como la mordaza de muerte a los dirigentes políticos de la oposición democrática, por parte de la ultraderecha reaccionaria latifundista que se resiste a actualizar su catastro rural después de 30 años de no hacerlo.
Es en este ambiente de polarización donde suenan y resuenan las palabras de un senador en el Congreso de la República: “Bravucones inconsistentes que se arropan en la denuncia de la corrupción”, palabras que ahí mismo recoge, corregidas y aumentadas, una de sus seguidoras envalentonadas, poniéndolo una mordaza de muerte con una cinta negra en la boca a los dirigentes de la oposición democrática de este país: “Bravucones inconsistentes, los callaremos en las urnas”.
Ojalá fuera en las urnas y con argumentos convincentes, y no como está ocurriendo en forma dramática con la sangre derramada por nuestros líderes sociales.
