Las cámaras de fotomultas en Medellín poseen un problema. Hay más de 35 de estas fotodetectoras distribuidas en la ciudad desde 2011, las cámaras fueron instaladas en la ciudad bajo la una concesión —entregada a UNE— y desde aquel entonces los ciudadanos se han manifestado en contra de esta medida tomada bajo el manto de la administración del entonces alcalde Alonzo Salazar.
Después de su instalación aumentó el número de accidentes de tránsito junto a el número de muertos implicados en ellos, pasando de 295 a 306 en el año consecutivo a la instalación de las cámaras (2012). El año pasado (2016) la tasa de muertos por accidentes de tránsito fue de 270 personas y en el segundo trimestre de este año ya iban 94 muertos por accidentes de tránsito, por lo que las fotomultas no parecen generar un cambio significativo en la reducción de la accidentalidad o en la precaución vial de conductores y peatones. Sin contar que este es solo uno de los problemas que ha generado malestar en la comunidad.
Se habla de que la medida ha tenido más repercusiones negativas que positivas en la comunidad. Según el concejal Jesús Aníbal Echeverry, UNE (ahora TIGO-UNE) se queda con el 47,6% del valor pagado por las personas, es decir, de cada 100 pesos que el ciudadano paga por una fotomulta 47 pesos son para UNE. Estos 47 pesos no serán destinados para disminuir la tasa de accidentalidad, mejorar la infraestructura vial y tampoco para invertir en programas de educativos, por el contrario, solo beneficiarán el lucro de una empresa. Y aún no sabemos si el porcentaje de utilidad del que UNE se jacta será mayor, ya que con el paso del tiempo ha aumentado, UNE empezó recaudando el 30% del valor en 2011, luego subió al 38% y ahora es del 47,6%.
Afortunadamente se han tomado medidas para frenar este tipo de abusos. Hace poco el Congreso de la República decidió sacar adelante el proyecto de ley 105 de 2015 en el cual se reglamentan criterios más estrictos para la instalación de las cámaras de fotomultas y una reducción al porcentaje que puede obtener un privado sobre el valor de la fotomulta, denegándole a este que exceda un 50% de lucro sobre el valor de la fotomulta ya que las utilidades que recibían los privados había llegado a niveles exorbitantes, incluso tocando el tope de en algunos casos del 70% para el operador. Sin embargo, el problema no está solucionado, si el municipio de Medellín continúa considerando las fotosmultas como medidas eficientes y el contrato con UNE sigue en pie, este se extendería hasta 2025 y el dinero captado podría llegar a representar solo el 50% para el municipio.
Si la Alcaldía o el Concejo no ignora ni pasa por alto este problema se continuará desviando parte del dinero destinado al fisco. En tierra de ciegos el tuerto termina siendo rey. La idea de sancionar al ciudadano por sus malos actos viales debe trascender mas allá de las multas impuestas y poco efectivas, debe ir acompañado por programas que prioricen la educación vial y disminuyan las problemáticas como las altas tasas de accidentalidad, la falta de infraestructura no averiada o en muchos casos de infraestructura total. Los funcionarios deben evaluar las ventajas costo-beneficio de sus acciones a largo plazo sin permitir que el dinero que los ciudadanos aporten —aunque sea por fotomultas— termine beneficiando a un tercero que no contribuye al aumento de las arcas públicas, que bien o mal nos ayudan a todos.
