El nombramiento del Gerardo Vega en la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es ante todo un reconocimiento a la trayectoria y experiencia de un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a comprender la naturaleza de la conflictividad rural como un factor detonante en el conflicto armado. A Vega se le reconoce como un abogado especializado en la ley de restitución de tierras y como cabeza visible -hasta octubre de 2021- de la fundación Forjando Futuros, una ONG con sede en Medellín e incidencia en el Urabá, especialmente dedicada a la asesoría y representación judicial de víctimas en procesos de reclamación para la restitución de tierras despojadas.
De ahí que en un primer momento se haya pensado que podría asumir la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras; sin embargo, el presidente Petro le encargó la responsabilidad de coordinar la agencia responsable de algunos de los componentes más importantes en la implementación de la reforma rural integral.
Con su llegada a la ANT, Vega asume varios retos; en su gran mayoría, relacionados con procesos de formalización de la pequeña y mediana propiedad rural -con una meta fijada en siete millones de hectáreas-, la administración del Fondo Nacional de Tierras —integrado por 3 millones de hectáreas—, el catastro multipropósito, la constitución de resguardos indígenas y la conformación de Zonas de Reserva Campesina.
Además, deberá coordinar esfuerzos con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para avanzar en la implementación de la reforma rural pactada en el acuerdo de paz.
Sin duda, no es una responsabilidad menor, especialmente porque la ANT perdió gran parte de su perfil transformador durante el gobierno Duque. Con una reducción sustancial en su presupuesto -en 2021 la reducción ascendió a 34.342 millones- y un serio desgaste en su capacidad operativa. Así se puede evidenciar en varios informes de seguimiento presentados por la Procuraduría y el Instituto Kroc que ponen el saldo rojo su capacidad para responder con prontitud en la consolidación del Fondo Nacional de Tierras, el programa de formalización, la adjudicación de tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, o la constitución de Zonas de Reserva Campesina.
Son circunstancias que el nuevo director tiene claras, pues en su acto de posesión ante la ministra Cecilia López, afirmó: “El reto es la reforma rural que es un propósito del presidente de la República y de la ministra de agricultura, que haya tierra para los campesinos de Colombia”.
Ahora, a Vega le asiste la enorme responsabilidad de impulsar esa reforma rural en medio de múltiples expectativas sociales. Tal vez, desde ese nuevo rol podrá hacer justicia con una de las frases que más suele repetir: “para hacer la paz, hay que aflojar la tierra”.
