Como era de esperarse, el regreso del uribismo pura sangre a la política electoral arrojó una nueva correlación de fuerzas entre la oficialidad del establecimiento representado en Santos y su eventual continuidad en el gobierno y el bloque emergente, una especie de modelo gansteril de poder, que se consolidó los dos gobiernos de Uribe y que ahora pugna por regresar al mando.
La izquierda oficial, electoral urbana perdió terreno, sumida en la corrupción, la arrogancia, el individualismo, el delfinismo, el sectarismo y las "alianzas non sanctas” que finalmente terminaron pasándole factura a un proyecto que en algún momento llegó a ser una alternativa electoral.
Paradójicamente, Jorge Enrique Robledo, el senador del MOIR más votado en el país, es quien representa al sector político que dinamitó la alternativa electoral de la izquierda que convergía en el Polo. Nos queda ahora su ego más individualizado y sectareo, alimentado por 192 mil votos, lo que hace poco probable la unidad de la izquierda electoral decadente de cara a las presidenciales.
Es una pena que el proyecto histórico de la UP no haya tenido ni tiempo ni financiación ni posibilidad de contar qué es y hacer un ejercicio de memoria histórica ni mucho menos garantías para enfrentar a la maquina de los partidos que pelechan de las arcas públicas y de la excluyente ley electoral vigente. Los resultados demuestran que la frase “no hay garantías” no es de cajón.
El proceso electoral además demostró con creces su ilegitimidad. Veamos las cifras:
Senado
Potencial sufragantes 32.835.856 Votos no marcados 842.615 5,88%
Votos nulos 1.485.567 10,38%
Total sufragantes 14.310.367 43,58%
Senado Nacional
Votos por lista o partido 10.925.592 76,34%
Votos en blanco 746.659 5,21%
Votos válidos 11.672.251 81,56%
Senado Indígena
Votos por lista o partido 171.218 1,19%
Votos en blanco 138.716 0,96%
Votos válidos 309.934 2,16%
Cámara de representantes
Potencial sufragantes 32.835.856 Votos no marcados 489.853 3,42%
Votos nulos 1.750.071 12,23%
Total sufragantes 14.309.641 43,57%
Cámara Departamental
Votos por lista o partido 10.891.000 76,10%
Votos en blanco 824.956 5,76%
Votos válidos 11.715.956 81,87%
Cámara Afro-descendientes
Votos por lista o partido 159.523 1,11%
Votos en blanco 77.538 0,54%
Votos válidos 237.061 1,65%
Cámara Indígena
Votos por lista o partido 79.199 0,55%
Votos en blanco 37.501 0,26%
Votos válidos 116.700 0,81%
Parlamento Andino
Potencial sufragantes 32.835.856 Votos no marcados 2.848.990 28,00%
Votos nulos 510.439 5,01%
Total sufragantes 10.172.124 30,97%
Votos por lista o partido 3.189.502 31,35%
Votos en blanco 3.623.193 35,61%
Votos válidos 6.812.695 66,97%
Lo que traducen estas cifras es que uno de cada cinco votos no fue a elegir a ningún candidato. Entre votos nulos, votos en blanco y tarjetas no marcadas sumaron el 21 por ciento de los sufragios realizados.
Además, si sumamos el voto en blanco para senado, cámara de representantes, circunscripciones especiales y parlamento andino, esa opción se va a más de cinco millones de votos. Solo para parlamento andino votaron en blanco 3.623.193 personas.
En Bogotá fue clara la apatía abstencionista que generó la trama para destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde Petro y el impacto del cartel de corrupción de la última administración del Polo. La opinión pública entiende que ni siquiera se están respetando las reglas de juego de la democracia liberal burguesa y que la izquierda electoral tampoco es una opción transparente.
La lista de nuevos posibles destituidos ilegalmente por parte del Torquemada criollo, con la connivencia de toda la institucionalidad, no hace más que acrecentar la incredulidad en las elecciones y la repugnacia hacia las contiendas electorales. En algunas regiones, por su parte, se supo que los gamonales electorales de toda la vida ofrecían entre 300 mil y 400 mil pesos por voto.
Lo que nos indica la abstención, los millones de votos nulos, no marcados y en blanco, la corrupción administrativa y electoral, es que nuestro actual modelo de participación político- electoral no es legítimo y que un nuevo ordenamiento en esta materia pasa necesariamente por una nueva asamblea nacional constituyente, que solucione el fallo de reconocimiento político que padecen las mayorías, y que hace del actual, un régimen excluyente.
En la práctica el panorama es tan oscuro como los personajes que quedaron bien ubicados en la escena postelectoral. El uribismo tienen al día de hoy los siguientes resultados concretos : 19 senadores uribistas pura sangre modelo Centro Democrático, otros 69 parapolíticos o paramilitares congresistas y tres precandidatos presidenciales. Con Enrique Peñalosa como ganador de la consulta "verde", más la conservadora Martha Lucía Ramírez, Uribe ajustó, en concreto, su tercer candidato presidencial.
Si bien Santos, dependiendo de los acuerdos clientelares con los conservadores (la popular mermelada), puede gestionar una mayoría legislativa hacia la paz y otros temas, su situación actual postelectoral es de incertidumbre. La disputa presidencial se prevé ahora más apretada de lo previsto. Si, además, el uribismo logra hacer un acuerdo por arriba y finalmente su candidato es Enrique Peñalosa, la contienda se podría apretar mucho más, pues no es lo mismo tener a un candidato ventrílocuo que uno que al menos hable con sus propias palabras disfrazadas de color verde, así no sean estas las más ajustadas a la realidad.
A este panorama hay que sumarle que sectores gremiales y empresariales poderosos le han empezado a dar la espalda a Santos en el tema de la paz. La Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC, se queja de que hay inseguridad jurídica para sus negocios y que el campo se le está entregando a las FARC en La Habana. Los latifundistas de esta manera están forzando una renegociación de la ley de baldíos y mantener y agrandar las prebendas que les favorecen desde hace mucho, al tiempo que lanzan el mensaje de oposición a cualquier eventual redistribución de tierras al interior de la frontera agrícola, "los baldíos son para ellos y sus latifundios no se tocan".
De otro lado, el gobierno ha sido incapaz de llegar a acuerdos con los pequeños productores agropecuarios y con los campesinos en las Mesas de Interlocución y Acuerdo – MIA , lo que en la práctica está gestando una nueva jornada de movilizaciones agrarias por todo el país, mucho más numerosas, más unitarias y coordinadas. Un elemento más de inestabilidad política que podría ser determinante en plena campaña presidencial.
Ahora, como nunca antes, Santos requiere de una correlación de fuerzas dentro de la sociedad y dentro del establecimiento favorable a su proyecto personal y a la paz. Le queda en adelante un difícil escenario de concertación y de acuerdos con militares, empresarios, rentistas, con los miembros del establecimiento descriteriados, toda una red de clientelas, con el movimiento campesino y la opinión pública. Si el nuevo gobierno de Santos se logra anteponer a los intereses de los señores mafiosos de la guerra, necesitará de una política de estado fuerte que garantice la firma de los acuerdos y el camino hacia la paz estable y duradera que la mayoría del país desea.
