Todos los municipios de Colombia amanecieron el pasado lunes con nuevos alcaldes y concejales electos. La información sobre los resultados -que se conoció en un tiempo récord, según el informe de la Registraduría, llenó de alborozo a unos y de incertidumbre y pesimismo a otros; puesto que, como es bien sabido, estos repercuten de forma directa en la nómina de cada municipio y hace que para muchos los resultados de las urnas sean un llamado a buscar empleo.
Ese es el caso de la mayoría de quienes están al frente de las 1414 bibliotecas públicas del país y para quienes las elecciones municipales constituyen sin duda una amenaza. Según los resultados de una investigación realizada en 2012, con datos de 110 bibliotecas del país, el 83% de los bibliotecarios perciben el cambio de administración como un riesgo para su empleo. En estos casos, poco importa si el bibliotecario cumple su trabajo de forma eficaz, si ha desarrollado una labor constante de capacitación, si ha participado en las convocatorias que de forma regular abre el ministerio de cultura o si ha cualificado su labor gracias a la diaria interacción con el público y el uso de las colecciones; lo único verdaderamente importante es ganar el guiño clientelista requerido para renovar el contrato.
En el plano nacional, por otra parte, la inversión en materia de lectura y bibliotecas ha venido creciendo en los últimos años. La creación de nuevas bibliotecas, el constante aumento de las dotaciones y los diversos estímulos creados, demuestran un mayor compromiso del Estado colombiano con su obligación de garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acceso a la información. Por solo poner un ejemplo, entre 2010 y 2014 se produjeron y adquirieron 10.201.486 de libros para alimentar las colecciones disponibles para los niños en el país.
Por otra parte, desde el Ministerio de Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas, en cabeza de la Biblioteca Nacional de Colombia, se ha desarrollado un esfuerzo importante por capacitar a los funcionarios de las bibliotecas públicas municipales en temas que van desde la atención a la primera infancia y la promoción de la lectura hasta el uso y apropiación de las TIC en el cumplimiento de las funciones de las bibliotecas. Se trata, desde luego, del uso de recursos públicos para asegurar que los ciudadanos encuentren en las bibliotecas públicas municipales a personas calificadas para prestar el mejor servicio y con iniciativa para encontrar formas innovadoras de aportar a la solución de los problemas de la comunidad.
Para quienes cuestionan la importancia que tienen estas inversiones, seguramente resultará provechoso conocer los resultados de la reciente investigación desarrollada por Fundalectura y el Ministerio de Cultura sobre la tasa de retorno de la inversión en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Leer es mi Cuento. Los investigadores concluyen que cada peso que el Estado invirtió en el plan produjo una tasa de retorno de 4,8 pesos. En un país en el que la violencia intrafamiliar alcanza niveles altísimos, resulta notable encontrar que la inversión en la promoción de la lectura en el país haya reducido en 14.6% la recurrencia a la violencia por parte de los padres, para corregir a los niños.
Desgraciadamente, el que en muchos municipios de Colombia las bibliotecas sean consideradas una mera carga para la administración, un peso muerto que no da votos y apenas sirve para pagar favores electorales mediante un contrato de diez meses, se convierte en un gran obstáculo para la consolidación de procesos verdaderamente significativos para las comunidades. Cuando es el interés clientelar -luego de dos años de contrato y a fin de pagar el favor a otro de sus electores- el que cambia al bibliotecario municipal, se desperdicia la inversión que el Estado, con el dinero de todos los colombianos, ha realizado en su capacitación; y se desperdicia además el conocimiento de la colección que, fruto de su trabajo con la comunidad, ha logrado acumular el bibliotecario. En ese mismo sentido los cambios surgidos del capricho clientelar frecuentemente ponen en riesgo procesos que están construyéndose gracias al paciente e invisible trabajo del bibliotecario o bibliotecaria y que tienen por destinatario a la comunidad.
En el caso de Santander, con una red departamental que apenas está despertando de un largo marasmo, con casos vergonzosos como el de Floridablanca uno de los poquísimos municipios del país cuya biblioteca pública municipal fue excluida de la red por no cumplir con los mínimos de funcionamiento requeridos; quienes valoramos el trabajo anónimo de aquellos que dan vida a las bibliotecas deseamos que las nuevas administraciones valoren la continuidad de sus bibliotecarios, no tanto en relación con los votos que representan, sino más bien con lo que cada uno ha logrado construir en su municipio, con lo que pasa al interior de cada biblioteca. Ahí está la red nacional y departamental de bibliotecas públicas para brindar apoyo y orientación, ahí también la ley 1379 de 2010 para señalar la ruta, solo queda esperar que las nuevas administraciones visiten sus bibliotecas y descubran el poder transformador que encierran.
