Ante el anuncio de ratificar la revocatoria de funcionamiento de la EPS Medimás en ocho departamentos (Atlántico, Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Guainía, La Guajira y Magdalena), la Superintendencia Nacional de Salud se prepara para realizar el traslado de 319.000 pacientes a otras EPS. ¿Qué dice Medimás?, ¿dónde parará esta crisis en medio de la pandemia?
El superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizabal, llevaba más de un año siguiéndole la pista a la gestión y funcionamiento de Medimás, analizando la cantidad de peticiones, quejas, reclamos y denuncias interpuestas por los usuarios de esa EPS y encontrando que en el último año aumentaron en un 199%, dado que Medimás ponía en riesgo la efectividad de los servicios en salud, la seguridad de los afiliados y la destinación de los recursos del sector.
De igual manera, la SuperSalud comprobó un reiterado incumplimiento en el pago a la red de prestadores, causando demoras en el giro oportuno de los recursos por concepto de servicios y tecnologías en salud; afectando de manera directa no solo a los pacientes, sino también a todo el talento humano en salud que presta sus servicios en IPS como Esimed, que a inicios de 2019 debía más de 700 millones de pesos a profesionales de la salud en todo el país. Por otro lado, la Superintendencia concluyó que Medimás no contaba con recursos líquidos para cumplir con sus obligaciones de pago, tanto en el corto como en el mediano plazo, lo cual representaba un riesgo de crédito para las IPS.
Ante este difícil panorama financiero de la EPS y a las medidas adoptadas por el Superintendente de Salud, ya son 11 los departamentos en donde Medimás no podrá operar, dado que desde el año pasado en todo el territorio de Cesar, Sucre y Chocó la entidad cuenta con revocatoria parcial de funcionamiento.
Medimás se defiende
Frente a este oscuro escenario a Medimás no le quedó otra opción que acatar las decisiones de la SuperSalud, pues así lo hizo saber a través de un comunicado que emitió el pasado 16 de mayo y en el cual también expuso que si bien acatarían el fallo, no comparte la decisión ordenada puesto que esta actuación dejaría sin ingresos a las familias de más de 300 colaboradores directos y 859 indirectos, entre los cuales se encuentra todo el personal de la salud que está atendiendo la emergencia sanitaria por cuenta del COVID19.
Además afirmó que actualmente tienen presencia en 499 municipios con el régimen contributivo y 125 municipios con el régimen subsidiado, zonas en las cuales cuentan con la red prestadora suficiente, infraestructura y recurso humano técnico y tecnológico idóneo para brindar una atención con calidad a los usuarios, y en las cuales durante 2020 han realizado el pago de más de 23 mil millones de pesos ($ 23.986.254.684) tanto en la red pública como privada.
A pesar de estas declaraciones, las cuentas no dan, pues los hallazgos encontrados por el Superintendente de Salud ponen en aprietos la gestión financiera de la EPS y aún más la garantía de la prestación de los servicios de salud a través de la red hospitalaria. A lo que se suma que recientemente el Consejo de Estado negara la tutela interpuesta por Medimás en la cual argumenta que, de no lograr el amparo de sus derechos, la entidad estaría en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable; esta solicitud fue negada y declarada improcedente toda vez que aún está pendiente por resolver las apelaciones que presentó la EPS contra los fallos emitidos por el Superintendente.
¿Qué viene y a quiénes afecta esta crisis?
La pregunta ahora sería qué viene para Medimás, sus afiliados y su talento humano en salud. Según lo afirmó Fabio Aristizábal, mientras se realiza el traslado efectivo de todos los afiliados en esos departamentos, Medimás está obligada a garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones de oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y continuidad; así como el pago de las obligaciones con los prestadores y demás proveedores de dichos departamentos, eso incluye también a todo el talento humano en salud que labora para esta EPS.
Adicionalmente, a partir de la fecha en que se haga efectivo el traslado de los afiliados, la EPS deberá interrumpir de manera inmediata las actividades de afiliación y prestación de servicios como empresa promotora de salud en los territorios mencionados anteriormente a lo largo del país.
De la misma manera, en los 10 días siguientes a la notificación de esta medida, Medimás deberá presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud un cronograma que deberá ser ejecutado en un término no superior a tres meses con las actividades para conciliar, depurar y pagar la cartera con las IPS públicas y privadas y con los proveedores de servicios y tecnologías en salud.
Entre tanto, el fin de Medimás se acerca lentamente y a la preocupación de los pacientes frente a la prestación de servicios de atención se suma qué pasará con el talento humano en salud vinculado a la red prestadora de servicios, pues si bien la SuperSalud debe velar por el adecuado funcionamiento de las EPS, también se debe garantizar que en la reasignación de usuarios no se vea afectada la estabilidad laboral de los cientos de trabajadores de la salud que están ad portas de una incertidumbre laboral en tiempos de pandemia.
