Con las nuevas imposiciones del modelo neoliberal –a través de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE)– de eliminar o minimizar lo que queda de lo que fue antes de 1993 el Sistema de Seguridad Social de los colombianos, con base en la argumentación falsa de que "El Estado no es una beneficencia" y "entre menos cueste la mano de obra, más empleo genera el empresario", se profundiza la pauperización de las clases media y pobre, en aras de garantizar la inversión y con ello la recomposición de la Tasa Interna de Retorno de los potentados.
Es en ese contexto en el que se plantea: Modificar las prestaciones sociales como cesantías y sus intereses, con tendencia a su eliminación; aumentar la flexibilización laboral, acabando la jornada obligatoria para permitir la contratación por horas; acabar con el aporte de los empleadores a las Cajas de Compensación, cuyo objetivo es ofrecer servicios monetarios y sociales complementarios; disminuir los costos de despido; atar el ajuste del Salario Mínimo a las ganancias de los patronos; implementar un Salario Mínimo diferencial del 75 % para los jóvenes menores de 25 años; exigir más permanencia en el trabajo, y reducir la pensión ajustándola a los Beneficios Económicos Periódicos Sociales (BEPS), minimizando la mesada pensional a un triste “auxilio mortuorio" ahorrado por el propio "beneficiario", entre muchas otras, que son parte de un plan neoliberal iniciado en la última década del siglo pasado para desmontar derechos obtenidos por los colombianos en sus luchas reivindicativas.
Este desmonte del Sistema de Seguridad Social hará que la Población Económicamente Activa de los años 2030-2040 no tenga ni la mínima idea de que dichas prestaciones existieron, con lo cual el capitalismo consolida la sobreexplotación laboral. Esos colombianos tendrán que investigar que antes del modelo neoliberal y la OCDE, a los trabajadores con más de diez años de antigüedad no los podían despedir sin justa causa; les pagaban horas extras y recargo nocturno después de las seis de la tarde; si laboraban los domingos o festivos se lo pagaban triple en dinero; todos los factores salariales se tenían en cuenta para la liquidación de las cesantías, que además se pagaban con retroactividad; para el servicio de salud, asumido por el Estado y los empresarios, no se pagaban cuotas moderadoras ni copagos. Por otra parte, los saldos acumulados de las prestaciones sociales y pensiones, que hoy equivalen a cerca de $300 billones, eran manejados por entidades del Estado, con cuya rentabilidad mantenían esas condiciones que beneficiaban a los trabajadores.
Con el Consenso de Washington, a Colombia le imponen el modelo neoliberal, para lo cual tuvo que reformar la Constitución Nacional, y con ella nace la Ley 100 de 1993, marco legal de la nueva Seguridad Social, cuyo eje es la privatización de la salud y la creación de los fondos privados de cesantías y pensiones que especulan con los aportes y se quedan con las máximas utilidades; esta ley vino a complementar la Ley 50 de 1990, que propició el desmonte y/o recorte de las prestaciones sociales. De tal suerte que las imposiciones de la OCDE no son otra cosa que la continuidad de un plan conspirativo de treinta años de sobreexplotación orquestado por el gran capital. ¡Aún así, Petro defiende su voto a favor del ingreso de Colombia a la OCDE!
