La joven congresista Claudia Ortiz llegó al Congreso al tiempo que Nayib Bukele conquistaba en El Salvador la mayoría de los escaños parlamentarios en las elecciones de 2021. Desde el primer día se ha hecho oír en medio de una oposición menguada ante la avasalladora coalición de aliados del gobierno.
Enfrentarse a un Bukele con su 91 % de aprobación, con 70 % de salvadoreños que quieren que sea reelegido, con el control de los tres poderes del estado, la Policía, la Fiscalía, que le ha devuelto protagonismo al Ejército, no es solo duro sino arriesgado.
En el parlamento Claudia Ortiz es protagonista. Ha discutido el presupuesto de 2023 buscando transparencia, ha pedido cuentas, ha votado en contra de las prórrogas de los estados de excepción, sin que ni quiera le den a conocer anticipadamente la agenda de las plenarias. Ha trabajado a ciegas. Un rol muy distinto a su labor de una década en el centro de pensamiento Fundación Nacional para el Desarrollo como analista jurídica y de ciencias políticas, en el que hizo carrera después de obtener el título de abogada en la prestigiosa Universidad de Centroamérica, la UCA de los jesuitas, y haberse graduado en el Sagrado Corazón, uno de los tradicionales colegios católicos de San Salvador.
La parlamentaria de 35 años nacida en San Salvador ha tomado la batuta de la oposición parlamentaria mientras los partidos tradicionales pasan de agache en un silencio apenas compatible con la disminución de su importancia política. La Alianza Republicana Nacionalista -Arena- el partido de derecha que gobernó por 20 años al país, apenas tiene una bancada con 11 diputados en el congreso unicameral de 84 escaños donde Nueva Ideas de Bukele tiene 57. El secretario general de Arena, Carlos García Saade, busca la renovación de su partido atrayendo a los jóvenes y estaría dispuesto a apoyar la candidatura de Claudia Ortiz en las elecciones generales de febrero de 2024.
Por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FNLN) al que perteneció Bukele y por el que fue alcalde de San Salvador y Nuevo Cuscatlán, permanece en el mutismo con sus 4 diputados. El líder del partido de izquierda, Óscar Ortiz, ha visto la división y el descenso entre los escándalos del expresidente Mauricio Funés que acaba de ser llamado a juicio por lavado de dinero por presuntamente haber recibido una avioneta a cambio de un contrato público de USD 8,4 millones de dólares con una empresa guatemalteca.
Andy Failer, presidente del Nuestro Tiempo, que fundó en 2019, con jóvenes sin experiencia política
Entre la oposición hay un nuevo partido fundado en el 2019 por Andy Failer, se llama Nuestro Tiempo, tiene un diputado y está formado por jóvenes sin experiencia política que dicen ser centro humanista, aunque algunos analistas los definen como izquierda progresista. Y otro partido llamado País, de reciente fundación, que tiene como precandidato presidencial a Gerardo Awad, tras su renuncia de Arena.
Pero desde donde se ha dado la más férrea oposición y vigilancia del poderoso gobernando es desde los medios de comunicación, con El Faro a la cabeza. Sus investigaciones con señalado rigor periodístico le han valido reconocimiento internacional y premios como los dos otorgados por la Fundación Gabo en 2016 y 2020. Carlos Dada lo fundó en 1998, y lo dirige, enfrentándose día a día a la ley mordaza de Bukele que sanciona hasta con 15 años de cárcel publicar informaciones sobre las pandillas.
Bukele ha tenido a El Faro en la mira. “El Salvador se cansó de los periodistas metidos en política”, tuiteó el 8 de julio del año pasado, luego de que su gobierno expulsara del país al editor Daniel Lizárraga. Según dijo, por no poder comprobar que es un periodista, cuando es muy conocido en la región. Entre las investigaciones más sonadas de El Faro está la presunta negociación entre el gobierno y la mara Salvatrucha MS-13 con fines electorales.
Otro medio crítico es la revista digital El Gato Encerrado, fundada en 17 de abril de 2014, sin dueños ni accionistas mayoritarios. Una junta directiva administra sus bienes y las finanzas. Ezequiel Barrera es editor y cofundador, y a pesar de lo corto de los recursos económicos han optado por contratar un abogado que revise los textos antes de que salgan a la luz pública, según dijo en la Voz de América.
Entre los medios tradicionales está La Prensa Gráfica catalogada por el propio Bukele como de oposición. Tiene una larga trayectoria que comienza en 1915 cuando la fundaron los hermanos Antonio y José Dutriz, y hoy está bajo la dirección de José Roberto Dutriz. Mantiene su formato tabloide y recientemente el presidente trinó sobre ella: “Si el periódico de la oposición dice 88 %, ¿cuánto será en realidad?” Se refería a la edición del 12 de diciembre pasado en relación con la encuesta sobre la imagen favorable del presidente. La semana pasada una encuesta de este diario mostró la favorabilidad en 91 %. La seguridad pesa mucho en ese resultado.
Pero no son los periodistas los únicos que padecen las amenazas de ser procesados penalmente sino también los abogados que terminan señalados de defender a miembros de las pandillas, sobre todo luego de las reformas a la ley promovidas por la Asamblea que han endurecido las medidas.
Durante el régimen de excepción que empezó el 27 de marzo pasado y que esta semana fue renovado por decimoquinta vez, se suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos, los motivos de su detención, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
El 14 de octubre fue reelegida por la Asamblea Raquel Caballero de Guevara como procuradota para la Defensa de los Derechos Humanos, entre críticas de las organizaciones de derechos humanos por haber sido declarada culpable de nepotismo en su gestión entre 2016-2019.
Autoritarismo es palabra que acuñan quienes están dispuestos a señalar los abusos del mandario de 91 %
Autoritarismo es una palabra que acuñan quienes le ponen la cara al presidente. Entre esos están las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Un conocido informe de diciembre de 2022 elaborado por Human Rights Watch y Cristosal concluyó que se han cometido violaciones generalizadas durante el régimen de excepción, incluidas detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, y muerte bajo custodia. La exparlamentaria colombiana Juanita Gobertus está encargada desde agosto de la división de las Américas de esa organización que no tiene sede permanente en el Salvador.
Amnesty International también ha documentado torturas y detenciones indiscriminadas. En informe que divulgó en junio acusó a Bukele de “hundir a El Salvador en una crisis de derechos humanos”. La Fundación Cristosal, que sí está basada en San Salvador, tiene como director ejecutivo a Noah Bullock y se enfoca en promover los derechos humanos en toda Centroamérica.
“La población de El Salvador está dispuesta a renunciar incluso a la democracia para solucionar problemas inmediatos como la inseguridad”, ha señalado Claudia Ortiz, mientras Carlos Dada va más allá: "Lo único que nos queda de democracia es el voto".
Le puede interesar: La obsesión de Nayib Bukele contra las pandillas salvadoreñas
