Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta y ministra de la Igualdad, como consecuencia de sus éxitos sociales y políticos, se convirtió en el personaje que debe ser asesinado de manera prioritaria, por tanto, cuanto antes.
Increíble, ¿no? Pero así es como sistemáticamente había funcionado el ejercicio y defensa del poder en este país, inclusive desde antes de que fuera ofrendado al Sagrado Corazón de Jesús.
Este análisis pasa por descubrir la razón por la cual algunos de los que han detentado el poder tradicional en Colombia han sido criminales, aunque no-reconocidos (por la justicia).
Si Francia hubiera seguido siendo una líder social de vereda, de uno de los pueblos sometidos del Cauca, defensora de los derechos humanos que tuviera que seguir caminando, a pata, los polvorientos caminos asignados a su clase, o las vías nacionales en busca de Justicia, seguiría siendo galardonada y homenajeada por el nivel, casi heroico, de su gestión.
Pero se pasó. Los reconocimientos no eran pa’tanto. No esperaba nadie que se atreviera a “ascender” desde su activismo hasta ese poder excluyente y criminal que ha escrito la historia de esta nación.
Su osadía, aún no asimilada, comenzó a pagarla, primero con cuestionamientos por movilizarse en helicóptero, aparato no diseñado para personas signadas con su estrato social; sin derecho tampoco a utilizar vehículos blindados y menos para sus familiares.
Por eso, intentan rellenarlos de plomo.
Ese “abuso” de Márquez Mina tiene connotaciones vigentes que aún no se han cobrado.
Francia, para mantenerse viva, ha debido mantenerse comedida, sometida, tolerando a los supuestos dueños del poder del que se apoderó. Se requería que la vicepresidenta siguiera reclamando, pero desde el piso, desde abajo… Pero ¿cómo se atreve?
Eso es pecado mortal en Colombia: meterse en “casa ajena” sin permiso de sus “dueños” históricamente discriminantes, racistas…
¿Cómo se atreve alguien que no pertenece al sector social que tradicionalmente ha ejercido el poder de manera criminal, a cuestionarlo?
¿A quién se le ocurre decir en voz alta que “Los violentos no van a silenciar al pueblo y su anhelo de cambio?” Cómo se le ocurre a Francia decir que “Seguimos trabajando por el país. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”.
¿Quién la autorizó para abrogarse la dignidad y defenderla como si tuviera derechos?
Francia Márquez, afortunadamente, ha salido ilesa de los atentados; pero ella como vicepresidenta y ministra, y su familia, seguirán al filo de un ataque mortal porque las condiciones que “lo ameritan” seguirán vigentes, por lo menos, durante los próximos dos años.
Otra cosa, quienes necesitan eliminarla tienen que saber por qué las autoridades no cuentan con las herramientas necesarias para establecer a los autores de los atentados, intelectuales y materiales, lo que indica que seguirán impunes, como casi todo lo criminal y mentiroso de este país.
La verdad es que la gente del común tiene el olfato suficiente para determinar cuál es el origen de lo que ocurre. ¡Sin duda! Pero una cosa es esa, la verdad real, y otra, la verdad jurídica, que protege otros derechos, generalmente los de aquellos que manejan la “justicia”.
Beneficiarios directos de un asesinato
La verdad es que, como consecuencia del intento de asesinato, o del asedio permanente a Francia Márquez, los mismos grupos armados que operan en la región serán los beneficiarios porque eliminan la voz fuerte en contra del narcotráfico, de la explotación ilegal de recursos y de la violencia en las comunidades afrocolombianas.
Se beneficiarán los políticos que siempre han logrado mantener las estructuras de poder excluyentes y opresivas hacia mujeres, afrodescendientes y otros grupos marginados.
Se beneficiarán los que necesitan mantener las comunidades en condiciones de pobreza y exclusión, perpetuando desigualdades y estereotipos raciales para sostener la esclavitud moderna.
Se beneficiarán las élites dominantes, grupos políticos y económicos que se oponen a la agenda de justicia social y ambiental. Márquez ha sido una voz crítica contra la corrupción y los intereses de las élites tradicionales, por lo que hay sectores que ven amenazados sus privilegios.
Se beneficiarán los sectores racistas y misóginos que rechazan ver a una mujer negra en un cargo de alto nivel. Lamentablemente, el racismo y el sexismo siguen siendo problemas estructurales en Colombia que dificultan el ascenso de personas marginadas.
Una advertencia final: no debemos creer que la identificación anticipada de posibles autores intelectuales elimina el peligro. Al contrario, el criminal ve estas circunstancias como un reto, un desafío que lo impulsa a diseñar nuevas y más sofisticadas estrategias criminales. La vigilancia y el compromiso con la justicia no deben bajar la guardia; el objetivo es persistir en la protección de los líderes y garantizar que ningún acto de violencia quede impune.
