Los Representantes de Profesores ante los Consejos Superiores y Consejos Académicos de las Universidades públicas suscribieron este documento en el que lanzan fuertes críticas a programas como Ser Pilo Paga, el manejo de regalías para ciencia y tecnología, la reforma tributaria y el El Sistema Nacional de Educación y cuestionan a la U. Militar Nueva Granada por adoptar prácticas de la universidad privada.
El siguiente es el texto de la declaración:
Los Representantes de Profesores ante los Consejos Superiores y Consejos Académicos de las Universidades públicas -en el marco de las sesiones periódicas que efectúan desde el año 2014-, manifiestan a la opinión pública colombiana y en especial a las comunidades universitarias que:
1. Colombia “la más educada” para el 2025, sigue siendo una formulación de intención del gobierno Santos que no logra materializar lo necesario para hacer de la educación superior un verdadero objetivo estratégico, que conduzca a los colombianos por la senda del desarrollo social y humano. Dicho propósito exige Universidades viables financieramente, de alta calidad y ante todo en capacidad de ejercer plenamente su autonomía para alcanzar la paz en las regiones.
2. Se insta al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los tomadores de decisiones en materia de política sectorial para el nivel superior de la educación, y a los demás actores de la vida universitaria, a honrar el texto de la trascendental Declaración Final de Compromisarios , suscrita en la ciudad de Manizales (Universidad de Caldas, octubre de 2016), en el marco del Foro Nacional sobre Sostenibilidad Financiera de las Universidades públicas, en el cual se resalta:
Los abajo firmantes, integrantes de la rama Legislativa del poder público, del Ejecutivo nacional y de la Academia, asumimos el compromiso indeclinable de orientar nuestros mejores esfuerzos y capacidad de gestión para tramitar, ante las instancias pertinentes y a la mayor brevedad posible, la financiación plena de la Educación Superior Pública en Colombia, asumida como un Derecho humano y un Bien público/Bien común que debe ser garantizado por el Estado. En virtud de lo anterior, desplegaremos todas las acciones necesarias para alcanzar un Gran Pacto social y político por la educación superior que comprometa las fuerzas vivas de la Nación, en procura de formar ciudadanos íntegros, idóneos profesionalmente, solventes desde la dimensión ética y con criterio solidario respecto al destino de un país que reclama, hoy más que nunca, la paz estable y duradera que por décadas anhelaba. Confluimos todos (as) en afirmar que la Educación Superior Pública, financiada por el Estado, de alta calidad e incluyente, constituye uno de los principales factores de movilidad social que -gracias a sus altas tasas de retorno- permitirá la construcción de un Nuevo País, con capacidad de respuesta a las necesidades de la población.
3. El Sistema Nacional de Educación Terciaria SNET, incluido en el Borrador de Decreto elaborado a espaldas de los universitarios, ha sido objeto de multiplicidad de críticas, seria y rigurosamente fundamentadas desde distintos actores del sector, que coinciden en advertir lo inadecuado que resulta dicho sistema para el futuro del país. Su diseño y construcción, además de ignorar la participación de las comunidades universitarias, demuestra de manera palmaria el alto grado de improvisación y falta de criterio técnico para responder a las realidades del país. Controvertir el SNET y oponerse a la propuesta no implica, como falazmente lo quieren hacer ver los defensores del proyecto de Decreto, un rechazo a la paz o a la formación de quienes provienen de las filas de actores armados; por el contrario, se pretende un sistema educativo realmente articulado e incluyente que brinda posibilidades de expandir las capacidades de todos los colombianos, incluidos los más vulnerables de la población.
4. Se reitera el rechazo absoluto a los nefastos impactos que la política gubernamental de financiamiento a la demanda -a través del Programa “Ser pilo paga”- viene produciendo en la educación superior del país, pues destina recursos públicos al apalancamiento presupuestal de las Universidades privadas en detrimento del subsidio a la oferta que debe ser la directriz en un Estado Social de Derecho. Este Programa profundiza brechas sociales con la anuencia de un Estado incapaz de garantizar educación de calidad y sin costo para todos los colombianos.
5. Preocupa en grado extremo el cambio de destinación de los recursos de regalías para Ciencia y Tecnología en las regiones, los cuales pasarán a impulsar vías terciarias por iniciativa del Presidente Santos, desconociendo el frente vital que representan la ciencia y la tecnología para el desarrollo de los territorios. Si se abandona el objetivo estratégico de aplicar recursos por la vía de las regalías en los departamentos, muy probablemente se retrasará mucho más el ya ralentizado desarrollo social y económico de diferentes zonas del país.
6. Es urgente revisar las Políticas de Colciencias, que han conducido a la reducción sustancial del número de jóvenes investigadores y a la disminución de becas de doctorado, asunto que deja en vilo gran parte de las posibilidades de mejorar la calidad de la educación superior a través de la investigación. Colciencias no puede concentrar su acción misional exclusivamente en asuntos de innovación y urge financiamiento digno para responder a las demandas de ciencia y tecnología en el país.
7. Se llama la atención sobre los efectos de la Reforma tributaria, que destinará recursos para financiar la demanda a través del ICETEX, sin asignar presupuestos que vayan a la base de cada Universidad para hacer viable su existencia en el futuro inmediato.
8. Se reitera la inconformidad de los actores académicos con las medidas del MEN respecto a los programas de licenciatura, pretendiendo desconocer la tradición crítica de universidades que han consolidado propuestas consistentes en materia de formación de educadores.
9. A contrario sensu de lo expresado por algunos rectores, ARPUP tiene claro que el desfinanciamiento progresivo de la educación superior en Colombia no es el resultado de la aplicación del modelo contenido en el Decreto 1279 de 2002. Las dificultades de orden presupuestal obedecen a problemas estructurales, relacionados con gastos adicionales en que han incurrido las universidades por incremento de cobertura, mejoramiento en la calidad y formación de sus docentes,
productividad académica, descuentos de ley por normas creadas sin el debido soporte económico, incorporación de tecnologías y otros frentes de inversión que no son compensados por el gobierno nacional a través de recursos que vayan a la base.
10. ARPUP insta al gobierno nacional a concretar en el menor tiempo posible la Formalización de planta docente que se ha impulsado desde los Ministerios de Trabajo y de Educación, con el firme propósito de revertir la elevada proporción de profesores ocasionales y catedráticos que componen el sector educativo del nivel superior y lograr a corto plazo la estabilidad necesaria para alcanzar los mejores estándares de calidad deseados por todos. Los recursos para dicha formalización deben hacer base presupuestal para garantizar la viabilidad necesaria de las instituciones de educación superior.
11. La paz se construye en los territorios y comienza en las mismas universidades, para lo cual es insuficiente adoptar cátedras institucionales y se requiere dar pasos decisivos dirigidos a crear alternativas de educación superior que contribuyan a la fase del Pos Acuerdo. El gobierno nacional deberá destinar los recursos adicionales que dichas propuestas demandan.
12. Los representantes de profesores respaldamos los argumentos esgrimidos por el Dr. Pedro Prieto Pulido, en su renuncia irrevocable a la representación de las comunidades académicas ante el CESU, e instamos al Ministerio de Educación y al gobierno nacional a garantizar la construcción colectiva de las políticas sectoriales para la educación superior, abandonando de paso las nocivas prácticas que impiden discusión y debate respecto a medidas que afectan de manera grave el futuro de los colombianos. El CESU no puede seguir fungiendo como un órgano legitimador de las imposiciones del Ministerio.
13. ARPUP llama la atención sobre el caso de la Universidad Militar Nueva Granada, institución sui generis que no obstante hacer parte de las 32 Universidades públicas del país, adopta estilos y prácticas de dirección propias del sector privado, en asuntos específicos como el costo de matrículas, dinámicas de funcionamiento de los órganos de dirección y otras que exigen revisión de fondo a su naturaleza.
14. Ante las respuestas oficiales que el MEN hace a los cuestionamientos de ARPUP, el conjunto de representantes de profesores manifiesta que el alcance de la Autonomía universitaria no está en duda, el núcleo esencial de dicha autonomía debe respetarse y, aunque las agencias gubernamentales sostengan lo contrario a través de fragmentos de sentencias de la Corte constitucional, reiteramos que es profusa la jurisprudencia que le da sentido a la prerrogativa que el constituyente primario le dio a las universidades en la Carta política de 1991. La autonomía es y será fundamento del quehacer universitario.
