Como lo prometió en campaña, Iván Duque comenzó a combatir lo que para él representa “una amenaza a la familia colombiana”: el consumo de drogas. El pasado primero de septiembre, mientras visitaba Santander, Duque anunció que en los próximos días firmará un decreto que le permitirá a la Policía Nacional decomisar cualquier tipo de dosis de sustancias psicoactivas. Dijo poco, pero en lo que dijo se echó afirmaciones cuestionables e inconstitucionales que para algunos expertos implican retrocesos en la política de drogas colombiana y que, peor aún, terminan por alimentar un discurso punitivo.
Le preguntamos a cuatro expertos qué tan veraces y viables son algunas de las afirmaciones que hizo Duque este fin de semana. Coinciden en que el Decreto, contrario a lo que insiste el Presidente y los miembros del Centro Democrático, no va a acabar con el problema real: el microtráfico. Por el contrario, la medida puede ser contraproducente y seguir alimentando no solo ese eslabón de la cadena, sino además el de los grandes narcotraficantes.
Desde 1994 la Corte Constitucional protegió al consumidor al despenalizar la dosis mínima. Y de ahí que a nivel jurídico el decreto anunciado por Duque no tendrá ninguna validez. El consumidor seguirá protegido, no podrán judicializarlo, es inconstitucional. Pero Inés Mejía, experta en política y regulación de drogas, explica que este Decreto que supuestamente sólo quiere atacar el eslabón del microtáfico sí es, aunque Duque pretenda lo contrario, una manera de penalizar el porte de drogas: “En realidad le están cargando al consumidor el problema del microtráfico”. Y hay tres razones por las que el decomiso trae, necesariamente, consecuencias para el portador y por ende para el consumidor.
La primera es que no hace diferencia entre el dealer y el consumidor. Para Silvia Quintero, directora del área de drogas y prisiones de Temblores ONG, “no hay certeza de cómo van a hacer ese decomiso sin que termine siendo un hostigamiento, sobre todo porque no es posible diferenciar al consumidor del expendedor bajo la premisa de decomisar ‘TODAS’ las dosis”, explica.
Lo segundo es que aunque para la “seguridad jurídica del consumidor no va a haber mayores traumatismos, en la práctica puede que sí haya incomodidades y persecución para quienes consumen”, dice Hernando Zuleta, investigador del Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. El Código de Policía actual ya establece que se pueden decomisar las drogas a quienes las porten en espacio público o requisar cuando se crea que se están portando. Sin embargo, explica Lucía Ramírez de la línea de drogas de DeJusticia, lo que hace este decreto es fortalecer la presión de la fuerza pública para aumentar esas requisas. “Se vuelve una facultad aún más discrecional que afecta más a los pobres, porque son los que quedan más expuestos. Los consumidores con más recursos pueden pedirla a domicilio y consumirla en sus casas”, explica Ramírez y agrega que estas medidas generarán una criminalización de facto, pues las personas serán sujetos de interés de la Policia, de atención excesiva.
Y lo tercero es que el decomiso de drogas fomenta, según Inés Mejía, un problema de salud pública: “¿Qué tan dispuesta va a estar la gente a pedir ayuda, a acercarse a los servicios de reducción de daños (como los CAMAD en Bogotá) en los que si saben que van a portar drogas y que por eso los van a perseguir?” Para Mejía, el asunto genera más marginalización para el consumidor. Con políticas como esta, dice Mejía, el consumo es más invisible y por ende más difícil de tratar.
“Droga decomisada, droga reemplazada”, afirma Mejía. Ni el decomiso ni la judicialización son acciones que acabarán con los jíbaros en el país. De acuerdo con Hernando Zuleta las investigaciones sobre el asunto comprueban lo poco efectivas que son estas medidas: “Puedes llenar las cárceles de jíbaros, pero siempre va a haber uno adicional”.
Y esto, una vez más, afecta al consumidor pero sobre todo enriquece el negocio: “Este tipo de medidas no atacan el problema real. Decomisar la dosis indiscriminadamente solo logra duplicar los precios de las drogas, hacer que los consumidores paguen multas o que terminen sobornando policías. Estas medidas enriquecen a los grandes capos, porque hacen que la droga sea más costosa”, explica Silvia Quintero de Temblores ONG y agrega que para acabar con el problema de fondo lo que se necesita es quitarle el negocio a los grandes narcotraficantes y establecer un monopolio por parte del Estado, como se ha hizo en Uruguay.
Sí, no hay duda de que el anuncio de este decreto responde a una propuesta de campaña y a una lucha que Álvaro Uribe comenzó desde el 2009, cuando como presidente modificó la Constitución para prohibir el consumo y el porte de drogas, salvo prescripción médica. En esa modificación del artículo 49 de la Constitución es que hoy se ampara el Decreto que Duque firmará en los próximos días.
“Duque quiere dar la señal de que en su gobierno sí va a haber una lucha decidida en contra del tráfico de drogas a nivel nacional”, señala Zuleta. Quiere cumplirle a un país en el que, para agosto de 2018, un 54 % dijo que está de acuerdo con perder algunas libertades para mejorar la seguridad, de acuerdo con la Encuesta Gallup. En un país en el que el 81 % dice estar en desacuerdo con la legalización del tráfico y del consumo de drogas, según la misma encuesta, la mano dura con las drogas parece una buena manera de hacer política.
Para Inés Mejía, este decreto revela la intención del gobierno de volver a la cero tolerancia, a la mano dura. El problema es que hoy es difícil medir cuáles serán los efectos, aunque podemos tener una idea: “Sabemos que los enfoques prohibicionistas generan más impactos negativos que el mismo consumo de drogas. Esta mediada de mano dura va en contravía del sistema de derechos humanos y del sistema de salud pública”, explica Mejía.
El decreto plantea un retroceso en términos de las propuestas y discusiones que se venían dando en el país en relación al consumo y porte de drogas. Pero para Hernando Zuleta está claro que un retroceso con medias a largo plazo, que modifiquen la Constitución y que judicialice al consumidor no va a ser fácil. “Es un trámite largo, complicado, que tiene que pasar una gran cantidad de filtros y no creo que el Gobierno se vaya a desgastar en eso. Creo que quieren dar una señal diferente de discurso. Pero un cambio profundo tiene que pasar por la Corte Constitucional y no creo que vaya a pasar”.
Retomado de:
Cerosetenta - Uniandes: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/duque-dosis/
