El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha nombrado al general Pedro Sánchez de la Fuerza Aérea, como nuevo Mindefensa el 19 de febrero de 2025. Este nombramiento puede ser una trampa o un reconocimiento. Es la primera vez en más de tres décadas que un militar asume este cargo, tradicionalmente ocupado por civiles desde 1991. Además, en los últimos 65 años no ha habido un ministro de Defensa de la Fuerza Aérea
El general Pedro Sánchez es reconocido por su destacada trayectoria en la Fuerzas Armadas de Colombia. Ganó notoriedad al liderar la exitosa operación de rescate de cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo y permanecieron 40 días en la selva amazónica en 2023. Esta operación, conocida como "Operación Esperanza", fue ampliamente elogiada tanto a nivel nacional como internacional.
Antes de su nombramiento como ministro, Sánchez se desempeñaba como jefe de seguridad del presidente Petro. Es piloto con más de 6.800 horas de vuelo en aeronaves de ala rotatoria y posee maestrías en Seguridad y Defensa Nacional, Pensamiento Estratégico y Prospectiva, y Estudios Estratégicos, con formación en Colombia y Estados Unidos.
Para tener una dimensión de la estructura de las Fuerzas Armadas, los datos de sus miembros, según datos de 2023, cuentan con un total de 452.466 efectivos, distribuidos de la siguiente manera: Ejército Nacional: 223.150 miembros (49.3%). Armada Nacional: 56.400 miembros (12.5%). Fuerza Aérea Colombiana: 13.650 miembros (3.0%). Policía Nacional: 185.000 miembros (40.9%). Personal civil: 23.513 empleados (5.2%). Hay que resaltar que la Fuerza Aérea representa solo el 3 % de las Fuerza Armadas. Esa condición de poca representatividad, seguramente en la historia de los ministros de defensa militares, provocó el no nombramiento de alguno de ellos.
Los desafíos de Pedro Sánchez y la crisis heredada
Sin embargo, el general Sánchez enfrenta desafíos significativos en su nuevo rol, incluyendo la mejora de la seguridad en zonas urbanas y rurales, el combate a grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, así como la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, principales fuentes de financiación de estos grupos.
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Durante la gestión de Iván Velásquez como ministro de Defensa, múltiples sectores han señalado su inacción y omisiones en el cumplimiento de su deber, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre su papel en la protección de la seguridad nacional. Se le ha criticado fuertemente por permitir un debilitamiento estructural de las Fuerzas Militares.
Uno de los aspectos más alarmantes de su administración ha sido la devolución de más de 800.000 millones de pesos del presupuesto de defensa, lo que ha afectado gravemente la operatividad de las Fuerzas Armadas. Esta decisión ha dejado a gran parte del equipo militar en tierra sin mantenimiento adecuado, lo que compromete la seguridad del país y la efectividad de las operaciones contra grupos armados ilegales.
Además, la gestión de Velásquez ha sido marcada por una gran baja de generales, alrededor de 108 generales cuya formación ha sido de más de 30 años para cada uno, en diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, lo que ha sido interpretado como una purga interna que ha debilitado la capacidad de liderazgo y dirección estratégica.
Una estrategia política de Petro con consecuencias graves
La inteligencia y el contraterrorismo también sufrieron un golpe importante durante la gestión de Velásquez. La salida de funcionarios altamente capacitados en estas áreas ha debilitado la capacidad del país para enfrentar amenazas internas y externas. En este contexto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha logrado consolidar su presencia en varias regiones del país, llevando a cabo ofensivas que han resultado en decenas de muertes y el desplazamiento forzado de miles de personas. La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno ha generado serias críticas y ha sido señalada como una omisión grave en el cumplimiento del deber de protección del Estado.
Las omisiones de Velásquez en la protección de la población y en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares han sido interpretadas por algunos sectores como delitos de lesa humanidad, especialmente en lo que respecta a la falta de respuesta ante el desplazamiento forzado y las desapariciones ocurridas durante su gestión. Es imperativo que estas acusaciones sean investigadas de manera rigurosa y objetiva, garantizando la transparencia y la justicia en la evaluación de su responsabilidad en la crisis de seguridad que atraviesa el país.
El nombramiento del general Pedro Sánchez como nuevo Mindefensa en Colombia, en un contexto de recortes presupuestarios, deterioro de relaciones internacionales que afectan la cooperación en defensa y problemas internos de seguridad, parece más una estrategia política que un verdadero fortalecimiento de la seguridad nacional. Sin recursos suficientes ni apoyo técnico, su capacidad de gestión se verá severamente limitada, lo que inevitablemente afectará la operatividad de las Fuerzas Armadas.
Si a esto se suma la posibilidad de que el gobierno lo responsabilice de futuros fracasos en materia de seguridad, su nombramiento podría ser una jugada política para luego destituirlo y usarlo como chivo expiatorio. Petro ha demostrado en el pasado que no tiene problema en prescindir de altos funcionarios cuando ya no le son útiles o cuando generan demasiada presión política.
El general Sánchez no cuenta con los medios adecuados actualmente por el desmantelamiento al que lo sometió el anterior ministro de defensa Iván Velásquez, su margen de maniobra será mínimo y su gestión estará condenada al fracaso desde el inicio. Lo más probable es que termine enfrentando una crisis de seguridad sin herramientas para solucionarla, eventualmente, sea relevado de su cargo, tal vez incluso con señalamientos en su contra.
Las consecuencias del deterioro de las Fuerzas Armadas
Como una muestra del deterioro de las Fuerzas Armadas, las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel han atravesado tensiones recientemente, lo que ha afectado la cooperación en materia de seguridad e inteligencia. Israel suspendió las exportaciones de seguridad hacia Colombia, lo que implica la interrupción de suministros clave, como repuestos para los aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana y permisos de producción de fusiles Galil y todos los sistemas de seguridad digital y software de inteligencia, afectando la seguridad nacional.
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Estos datos reflejan la estructura y el tamaño de las diferentes ramas que conforman la Fuerza Pública de Colombia, lo que evidencia la importancia de una correcta administración y apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
