Yo me cuento entre quienes se alegran de la decisión del presidente Petro de reanudar los diálogos de paz con el ELN que fueron abruptamente interrumpidos por el gobierno de Iván Duque. Y yo soy también de los que desean que dichos diálogos concluyan en la entrega de armas de la organización guerrillera más antigua del país y en su incorporación de manera pacífica a la vida política nacional. La experiencia me advierte sin embargo de la existencia de dos obstáculos muy relevantes que se oponen al logro de este deseable objetivo. El primero corre por cuenta de la propia dirigencia del ELN que piensa que solo accederá a disolverse como organización militar cuando se produzca una profunda transformación de las retrógradas estructuras económicas, políticas y sociales actualmente existentes en el país. Objetivo loable donde los haya, pero cuya consecución no la han logrado los 58 años de lucha guerrillera del propio ELN, lapso en el cual dichas estructuras si en algo han cambiado ha sido más por obra de la opinión pública, de los movimientos sociales y de los partidos políticos empeñados en la reforma de las mismas que por las acciones estrictamente guerrilleras. Tampoco deben pasar por alto que, si en el pasado pudieron contar con la ventaja per se que representaba la actividad bélica simultánea de nada menos cuadro organizaciones insurgentes, hoy no cuentan con esa ventaja. Las disidencias de las Farc son eso: unas disidencias.
Además, cualquier análisis mínimamente objetivo de la actual correlación de fuerzas entre los partidarios de la perpetuación del régimen neoliberal y la de quienes pretendemos su desmantelamiento, beneficia ciertamente a los primeros. La tesis de que una cosa es ganar la presidencia y otra distinta obtener el poder, es tan válida hoy como cuando se acuñó por primera vez a partir de experiencias como la destitución de Dilma Roussef, la presidenta de Brasil, por una conjura orquestada por la oposición parlamentaria, el poder judicial y los omnipotentes poderes mediáticos, sin olvidar las maniobras en la sombra del gran capital y de la embajada de marras.
En respuesta a este hecho incontrovertible Petro ha formulado dos grandes propuestas. La primera de carácter estratégico: la tarea de desmantelar el régimen neoliberal es una tarea a largo plazo, cuya consecución exige un “pacto histórico”, entre todas las fuerzas sociales y políticas dispuestas a trabajar a largo plazo para lograr dicho desmantelamiento. De allí que haya planteado que su presidencia no es más que la primera etapa de una larga marcha destinada a alcanzar dicho objetivo. En consecuencia, de lo que se trata hoy es de avanzar en el plano de las reformas todo lo que permita la actual correlación de fuerzas.
La otra propuesta, fue de orden coyuntural y se condensó en una consigna: “Ganar a la primera”. O sea, ganar en la primera vuelta por mayoría absoluta y no por una relativa, como finalmente ocurrió. Con esa consigna Petro pretendía que los genuinamente comprometidos con el Pacto histórico obtuvieran la mayoría en la Cámara y el Senado. Algo que como se sabe no se consiguió en sentido estricto: porque la actual mayoría es en realidad una coalición política que puede mostrar sus debilidades cuando se trate de la reforma tributaria o de otras reformas de gran calado que afecten los intereses de quienes ostentan el poder económico.
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Ojalá la dirigencia del ELN se haga cargo de la complejidad de la actual coyuntura política y de la importancia de que no fracase el gobierno de Petro
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Ojalá la dirigencia del ELN se haga cargo de la complejidad de la actual coyuntura política y de la importancia de que no fracase el gobierno de Petro, tal y como ya lo están deseando los más encarnizados voceros políticos y mediáticos del régimen.
El otro obstáculo que se interpone en el avance del diálogo del Gobierno con el ELN tiene un nombre: la impunidad. El ELN tiene toda la razón del mundo cuando esgrime en favor de su posición política lo que ha pasado con los desmovilizados de las Farc. Según la última cifra de la que dispongo suman 267 los que han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Cifra a la que hay que sumar los mas de 800 de líderes populares y defensores de derechos humanos asesinados igualmente desde entonces. La dirigencia del ELN, al igual que las disidencias de las Farc, no pueden confiar en la promesa de que se les garantizará la vida una vez dejen las armas si antes el gobierno no le da la orden tajante a la Policía nacional de que investigue de manera prioritaria esos crímenes, descubra quienes son sus autores materiales e intelectuales y los ponga a disposición de los jueces. Solo entonces los insurgentes- y desde luego el país entero - podrán confiar en la justicia.
