Después de 16 días de manifestaciones ininterrumpidas en 32 departamentos, las propuestas del gobierno nacional y local para atender los reclamos y detener la violencia de todo tipo han sido insustanciales. El país, afectado por la crisis y la pandemia, estalla en un descontento social. Al menos 47 personas han muerto [1], mientras el ejecutivo ejerce su fuerza desproporcionada contra los manifestantes.
¿Cuáles son las causas que explican el actual estallido social? ¿Por qué el estallido ha sido más intenso en Cali? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional y local? ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Cuáles podrían ser las medidas a corto, mediano y largo plazo?
El manejo de la pandemia de Duque es una de las causas
La negativa de Duque para liberar recursos e inyectarlos directamente en la capacidad de compra y consumo de la población en cuarentena aceleró el proceso de empobrecimiento de quienes viven en la informalidad y marginalidad. Por la pandemia, la pobreza monetaria en Colombia subió del 35% en 2019 a 42,5% [2] en 2020. Las transferencias monetarias, programa asistencial del gobierno, fueron insuficientes para aminorar la entrada de 3,5 millones de nuevas personas a la condición de pobreza el año pasado. Sobre la población recayó el costo de la negligencia política del gobierno de descartar medidas soberanas para conseguir nuevos recursos como la reorientación del gasto público, el uso de una parte de las reservas externas, la refinanciación de la deuda externa (la pública y la privada), la contratación de un crédito con emisión del Banco de la república, entre otros.
Los problemas de Cali encontraron en el paro una válvula de escape
En Cali las “medidas” para afrontar las consecuencias negativas de la cuarentena en términos económicos no mitigaron el impacto de la pandemia. Después de más de un año de parálisis, la mitad de los caleños y caleñas están sin dinero para sobrevivir [3]. Según el Dane, el incremento de pobres en la ciudad triplicó el incremento nacional (principalmente jóvenes), en simultáneo a lo anterior, desaparecieron 11.000 negocios y 6600 restaurantes. La tasa de desempleo duplicó la tasa nacional. Los datos demuestran que la pandemia fue devastadora e intensificó todos los problemas sociales. Los problemas como el desempleo juvenil, la segregación, la falta de ingresos monetarios, el racismo, entre otros, encontraron en el paro nacional una válvula de escape y los puntos de protesta, se convirtieron en una fuente de alimentación y esperanza de muchas personas.
La pandemia y el paro ponen entre dicho las actuales políticas de Cali
La pandemia y el paro pusieron de manifiesto al menos 4 aspectos de las actuales políticas que rigen el desarrollo de Cali:
1. La incapacidad de los sectores productivos sobrevivientes de la apertura económica, de generar los empleos, el capital, la tecnología y el encadenamiento que la ciudad requiere (desempleo 2020 de 28.9%).
2. Lo peligroso que es seguir insistiendo en especializar la ciudad en servicios de baja tecnología, condiciones laborales precarias y pocos puestos de empleo.
3. La debilidad de los gobiernos locales (debido al recorte de transferencias[4]) para frenar procesos adversos como la segregación espacial y racial, la desindustrialización, la privatización, etcétera.
4. Que la especulación inmobiliaria ha dificultado el ordenamiento territorial actual y con esto la posibilidad de frenar la segregación.
Las peticiones del paro contribuyen al progreso nacional
El retiro de la reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la declinación de la compra de aviones de guerra por $ 14 billones representan un triunfo para la mayoría de la población y un revés para los intermediarios de las armas, los especuladores de deuda, el partido de gobierno y los extorsionistas de las firmas calificadoras, por lo tanto, son logros que no se deben menospreciar por la ciudadanía. Esta movilización está dejando enseñanzas útiles en la población para próximas jornadas.
Por otro lado, la táctica del gobierno nacional de una negociación lenta en Bogotá y una represión de manifestantes en Cali tiene como único fin, desgastar el legítimo descontento ciudadano. Es de resaltar que cada ciudad, incluso cada punto de paro tiene reivindicaciones propias. Se hace entonces necesario promover rápidamente los acuerdos gobierno local-manifestantes en cada uno de los puntos de bloqueos, con el objetivo de solucionar los problemas inmediatos de hambre y desempleo y volver a la táctica de las marchas multitudinarias en busca de fortalecer el Comité Nacional de Paro y mejorar las condiciones de negociación de las peticiones nacionales en busca de reivindicaciones como la renta básica, un salvavidas al sector productivo, matrícula cero, vacunación masiva y el retiro del nuevo proyecto de ley que pretende reformar la salud dando entrada al sector financiero y transnacional. Es de anotar que las situaciones particulares de los barrios populares de Cali, que se manifestaron desde el 28A, merecen una atención especial.
También es de resaltar que las peticiones del Comité Nacional de Paro le sirven al progreso del país. La renta básica, la matrícula cero y el salvavidas a la pymes podrían jalonar a todo el aparato productivo. Es sabido que un aumento de la capacidad de consumo y compra, se traduce en un aumento de oferta, que a su vez incrementa la creación de nuevos puestos de trabajo, y más recursos para financiar el Estado lo que constituye en un círculo virtuoso beneficioso para todos, en ese mismo sentido, el retiro de la nueva proyecto de ley de la salud es fundamental para desactivar la concentración de las EPS en unas cuantas empresas extranjeras, debilitar la integración vertical, y garantizar el derecho a la salud.
El gobierno nacional y local deben escuchar a la sociedad, establecer salida a las exigencias y cumplir. De no hacerlo, el inconformismo reinante será superior.
[1] Tuit de Temblores. [2] Por pandemia, la pobreza monetaria en Colombia subió a 42,5% en 2020 [3] Fuerza Cali [4] Con la Ley 715 del 2001 se estableció desde ese año que los recursos que la nación transfiere a los entes territoriales (municipios y departamentos) decrecerían año a año. En el 2008, dichas disposiciones se prolongaron.
