El departamento de La Guajira se compone de 15 municipios: Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua Del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan Del Cesar, Uribia, Urumita, Riohacha y Villanueva. A su vez tiene 44 corregimientos, así como varios caseríos y rancherías. No obstante, son
Los problemas que afectan a La Guajira y en especial a los Wayuu son:
Actividad minero energética: genera la sequía de ríos y afluentes. Adicionalmente causa daño ambiental y no le trae desarrollo al departamento.
Deficiencia en infraestructura vial: La Guajira tiene muy pocas carreteras y muy pocas vías, dificultando el acceso a los diferentes municipios, corregimientos, caseríos y rancherías.
Corrupción política: impide que se lleven a cabo los programas de alimentación para los niños wayuu, ya que en algunos casos estos son manipulados por políticos que asignan a los operadores quienes se roban los recursos. A finales del 2015 algunos contratistas, funcionarios y proveedores del ICBF fueron capturados por robarse los recursos, puesto que crearon fundaciones ficticias y por medio de estas se asignaban los contratos.
El mal uso de los recursos para el desarrollo y la inversión: estos le deberían quedar al departamento, pero algunas personas de la clase política utilizan esos recursos para fines que nada tienen que ver con La Guajira. Es decir, presuntamente se roban el dinero.
La poca inversión de las autoridades locales y de la clase política: han contribuido a la falta de avance y crecimiento en el departamento, puesto que a mayor inversión e infraestructura, mayor desarrollo. Pero esto no se ha visto en La Guajira.
Los actos ilícitos de los políticos de La Guajira: Kiko Gómez, Oneida Pinto y Hernando Deluque
La falta de voluntad política: puesto que en varias ocasiones los funcionarios de los ministerios como el del Interior y de entidades como el ICBF, no asisten a las reuniones que establece el pueblo wayuu y las autoridades indígenas, porque si una institución falta a una reunión entonces la otra también, o porque si el sitio es lejos entonces les da pereza ir al punto de la reunión.
Sin profundizar en la sospecha del pueblo wayuu acerca de la presunta adjudicación de contratos a dedo, con el fin de que los wayuu nunca puedan aplicar la autonomía indígena, ni que la misma comunidad pueda funcionar como contratistas y operadores, que es lo ideal, pues sería un servicio que la comunidad prestaría para sí misma.
El importaculismo del gobierno: por segunda ocasión la justicia ha fallado en favor de la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños wayuu, para que el gobierno dé atención inmediata a La Guajira. Pero Santos, por segunda, vez ha desconocido el fallo. En primera instancia pidió retirar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a La Guajira, y por segunda vez, la semana pasada el Tribunal Superior de Riohacha a través de una acción de tutela le dio un plazo de 48 horas al presidente Santos, con el fin de que el gobierno realizara un plan con presupuesto, contratación y ejecución para dar agua potable, alimentación y para la prestación de servicios de salud en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. La oficina jurídica de la presidencia impugnó el fallo del Tribunal Superior de Riohacha.
Vulneración de los derechos autonómicos indígenas: ya que para Rosa Iguarán vocera de Dignidad Wayuu: “el ICBF y el Ministerio del Interior quieren imponer los operadores, y las autoridades indígenas piden respeto a una decisión tomada con la comunidad, quieren que el contrato se firme con la Asociación Wayuu Araurayu, para que estos se encarguen de manejar los programas de infancia, ya que el ICBF direcciona a los operadores a ciertas comunidades sin consultar, sin construir un protocolo de atención a los niños, Wayuu Araurayu es una Asociación de jefes de familia consolidada hace más de 50 años, ellos vienen manejando el tema del ICBF, entonces las autoridades al ver el trabajo que ellos han hecho, el buen entendimiento y el respeto a las autoridades, han decidido que sea esa Asociación la que se encargue de prestarle el servicio a las comunidades, ya que los niños son de ellos, no de los operadores, los operadores asignan a los niños como si fueran chivos”.
La falta de infraestructura para la educación: ya que en la mayoría de zonas de La Guajira los colegios y escuelas no existen, a la comunidad le toca adecuar árboles y troncos para que los niños puedan recibir la educación. En los años que Santos lleva como mandatario este problema no se ha solucionado y ni siquiera se ha empezado a revisar.
Salud: La falta de centros asistenciales, hospitales, de personal médico y de medicamentos ha contribuido al aumento de las muertes de los niños wayuu, lo anterior sucede en parte porque la salud en La Guajira, como en las diferentes partes del país es un negocio. En el departamento de La Guajira la corrupción en la salud no es la excepción, la mayoría de las IPS que hay son manejadas por políticos.
El Fenómeno del Niño: ya que a pesar de que La Guajira es zona desértica, cuando llueve los Wayuu siembran diversos alimentos como lo explica la líder de Dignidad Wayuu, Rosa Iguarán “el agua es vital para la comunidad pues si nosotros tenemos agua podemos sembrar, podemos tener maíz, frijol y otras semillas que son propias de la alimentación de la comunidad, pero si no llueve no hay agricultura”.
La distribución del agua: debido a la sequía que hay, el problema está en los desplazamientos hacia las diferentes zonas de este departamento y en la manera como se debe entregar el agua, puesto que las distancias entre los municipios, corregimientos, caseríos y rancherías son muy grandes, la manera más común para la entrega del agua es por medio de carro tanques, sin embargo este servicio es muy costoso, y en su mayoría estos carro tanques no van hasta las zonas más apartadas de La Guajira.
Sobre la construcción de pozos prometida por el gobierno, Gustavo Valbuena vocero de Wayuu Zona Norte y Wayuu Araurayu plantea que “solo se ha consolidado un pozo de 9 prometidos por el presidente Santos en su segundo mandato”.
Los pueblos indígenas le han pedido reiteradamente al Gobierno que les dé autonomía para su funcionamiento con el fin de garantizar sus derechos autonómicos, en donde los indígenas puedan tener la administración de sus recursos. Pero el Gobierno no ha tenido la voluntad de hacerlo.
