Fueron únicamente ocho las EPS que se salvaron de la lupa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien interpuso una demanda de acción popular asegurando que veintiún de estas entidades estarían invirtiendo los recursos que se les giran de manera correcta.
La primera que pasó la prueba fue Aliansalud, entidad cuyo mayor accionista es el holding multinacional chileno Banmédica y en la que, además, tiene participación la Fundación Abood Shaio de la clínica con la que comparte nombre. Aliansalud es continuidad de la EPS Colmédica, la cual cambió de razón social en 2010.
Con corte en septiembre de 2023, esta EPS contaba con un patrimonio adecuado, según la Superintendencia de Salud y cumplían con el indicador de régimen de inversiones de la reserva técnica, mismo al que le tiene la lupa puesta Guillermo Jaramillo. Su presidente es el mismo de Colmédica Medicina Prepagada, Andrés Fernando Prieto Leal.
Otro caso es el de Salud Bolívar, EPS del Grupo Bolívar que fue constituida recién en enero de 2021. Ellos también pasaron la prueba de la Supeintendencia de Salud con corte a septiembre de 2023 y tienen como gerente general a la médica Yadira Moreno, quien contaba con experiencia previa en Keralty.
También se salvó la EPS Familiar de Colombia, dirigida por Érika Ahumada Rodríguez. Esta entidad surgió del Plan de Reorganización Institucional y la división del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) y, según datos de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) que fueron reportados por el diario La República, contaba con deudas que llegaban a los $ 18.153 millones en septiembre de 2023.
Las cinco EPS indígenas de Colombia fueron eximidas
Comenzando el 2024, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, aseguró que solo había una EPS indígena en el país que cumplía con los indicadores de capacidad financiera. Se trata de Anas Wayúu, entidad que fue creada en 2001 por iniciativa de 101 Autoridades Tradicionales Wayuu de los resguardos de la media y alta Guajira. Ellos son los administradores y controladores de la EPS.
Las otras cuatro EPS indígenas son Pijaos Salud, Asociación Indígena del Cauca, Mallamas y Dusakawi.
La primera es una entidad conformada por Comunidades Indígenas del Tolima que tiene como gerente y representante legal a José Rene Ducuara. En junio de 2023 fue multada con $4.060 millones por incumplimientos con sus afiliados y bajo desempeño.
La segunda presta el servicio de salud a pueblos y comunidades indígenas del Cauca en el suroccidente del país y tiene como representante legal es Jairo Perdomo. En 2021, esta EPS fue acusada de no garantizar la atención de cuatro menores con desnutrición que murieron y se les terminó imponiendo una multa cercana a los $ 2.270 millones.
La tercera está ubicada en el Departamento de Nariño y tiene como gerente general a Luis Fernando Cuastumal. En septiembre de 2023, la Contraloría en cabeza de Carlos Zuluaga identificó detrimento patrimonial en la adquisición de medicamentos y otras irregularidades en esta EPS.
Pero, el caso que más llama la atención es el de la cuarta. Fue fundada por cuatro pueblos de la Asociación de Cabildos del Cesar y La Guajira, Dungakawi (Yukpa), Saga (Wiwa), Kaggaba (Kogui) y Wintukuas (Arhuaco), los cuales, al combinar sus dos primeras letras dan como resultado Dusakawi.
Esta EPS, que cuenta con 281.212 afiliados distribuidos en La Guajira, Cesar y Magdalena y está en vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud desde 2012. Han estado constantemente con la lupa puesta sobre las finanzas y la atención prestada por la entidad y lo seguirán estando, puesto que en octubre de 2024 se prorrogó la vigilancia hasta abril de 2024, con lo cual completarán doce años. Su presidente es Luis Guillermo Cabrales Imbreth, del pueblo Yukpa.
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