Mientras en Popayán hay expectativa por la suerte del alcalde César Cristian Gómez Castro, quien el 31 de julio deberá comparecer ante la juez que decidirá si le dicta medida de aseguramiento o no por supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de un contrato con la Fundación La Tortuga Triste; a nivel nacional continúa el destape de corrupción al interior de las altas cortes, tribunales departamentales, exmagistrados, Fiscalía y poder judicial. Ahora, el fiscal general Néstor Martínez Neira acaba de destapar un nuevo frente de corrupción, inicialmente en varios municipios de Cundinamarca, pero con proyecciones en todo el país.
Según informe de Semana.com: "Decenas de alcaldes locales encontraron una fórmula mágica para enriquecerse. La llaman ‘volteo de tierras’ y consiste no en desfalcar el erario, sino en desfigurar a la ciudad misma. La receta es tan simple como silenciosa: entre los asuntos que cotidianamente tramitan los alcaldes y los respectivos Concejos Municipales se introducen propuestas de ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Parecen reformas menores, pero escondida va alguna que hace el milagro. Así, de la noche a la mañana, el municipio amanece con variaciones en el uso del suelo, de tal forma que terrenos que eran agrícolas se agregan al perímetro urbano con todo lo que ello implica. El propietario de esa faja de tierra se acuesta como agricultor y despierta convertido en rico urbanista".
“Hemos evidenciado un ‘modus operandi’ en el que alcaldes, funcionarios, políticos y contratistas se están enriqueciendo a cambio del crecimiento desordenado, sin vías, sin servicios, sin espacio público y sin tratamiento de aguas residuales, y esos son problemas que harán colapsar los municipios”, explica el senador Carlos Fernando Galán, quien ha investigado el fenómeno en 15 municipios de Cundinamarca.
Y mientras estas irregularidades se presentan en el centro y el resto del país, en el Cauca, sin profundizar en las investigaciones, en municipios como Popayán y Santander de Quilichao, ante la desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y la tardanza en elaborar los nuevos se han evidenciado ligerezas e irregularidades a la hora de hacer ajustes parciales. Así sucedió en Popayán en 2010, cuando el Concejo Municipal amplió el perímetro urbano, incluyendo como urbanizables los terrenos inicialmente destinados para la construcción de la PTAR y en cuya cercanía permitieron que el Ministerio de Vivienda construyera el plan de vivienda gratuita del Valle del Ortigal, lo que ha generado entre los habitantes vecinos rechazo a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los ríos Molino y Ejido, cuando ya están listos los diseños, los recursos y contratada la empresa encargada de adelantar las obras.
Situaciones como estas evidencian improvisación en el manejo de la autorización de licencias para nuevas construcciones en sitios donde no hay análisis de suelos y las administraciones locales no garantizan instalación de servicios públicos por difícil acceso o elevados costos. También, gracias al lobby de propietarios de predios y urbanizadores, en complicidad con curadores urbanos, que alegremente aprueban licencias y en asocio con funcionarios municipales reciben beneficios en dinero o en lotes mediante acuerdos pactados bajo la mesa. De ese modo, agilizan trámites e influyen para que a costa de los municipios les abran vías y las empresas de acueducto y alcantarillado doten de servicios los lotes a construir, como han denunciado algunos ciudadanos de Santander de Quilichao con relación a Planeación municipal.
"Las autoridades han encontrado que típicamente la manipulación de los POT se logra gracias a componendas entre la respectiva Alcaldía, la Corporación Ambiental Regional (CAR) y las mafias de constructores. Las consecuencias de ese perverso maridaje ya se ven. No solo aparecen urbanizaciones carentes de agua potable, redes de alcantarillado y fluido eléctrico, sino trancones monumentales en municipios que no los conocían. Incluso se destruyen las fuentes hídricas como en Armenia, cuyo paisaje cafetero es patrimonio de la humanidad, y en donde se están levantado edificios en las rondas de los ríos y quebradas".
"El país vio uno de los resultados más penosos del desorden territorial en Mocoa, Putumayo, en abril pasado. La Procuraduría adelanta una investigación para determinar cómo se modificó allí el POT para permitir urbanizaciones en las laderas del río. Esa medida le costó la vida a más de 300 personas sepultadas en la avalancha", según el informe de la Revista Semana.
